Uno de los factores que tanto la Constitución Política como la legislación electoral ha establecido como columna vertebral de nuestra democracia representativa, es que en el desarrollo de los procesos electorales ya sean federales o locales, existan elementos suficientes de equidad en la contienda electoral. Es por ello, que hoy tenemos diversas disposiciones legales que determinan sanciones para los partidos políticos y/o candidatos que arrancan de manera anticipada actos ya sea de precampaña o bien de campaña.
En la legislación se regulan esquemas más específicos y severos en la fiscalización de los recursos públicos que utilizan los partidos políticos y candidatos en campaña; la legislación electoral determinó que rebasar los topes de gastos de campaña que la autoridad electoral establezca es motivo de diversas sanciones que llegan hasta la nulidad de determinada elección, y entre otros aspectos más, se cuenta con tribunales especializados en la materia político-electoral que se constituyen como las instancias autónomas garantes de salvaguardar los principios generales del derecho en cualquier contienda electoral, lo que genera otro de los componentes de equidad en la contienda electoral.
Con lo anterior, se busca que el sistema político sea en su conjunto un referente de equilibrio entre las distintas fuerzas políticas que imperan en la sociedad. Sin embargo, nuestro sistema se está pervirtiendo y, por ende, la competencia electoral. Me explico.
El año que entra tenemos elecciones locales en 13 entidades federativas: Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. En todas estas entidades habrá elecciones para la renovación de los Congresos locales; con excepción del Estado de Veracruz en todos los estados habrá comicios en los respectivos Ayuntamientos y, con excepción de Baja California, en las 12 restantes entidades se elegirá gobernador.
Ahora bien, si analizamos detenidamente la información que los señores legisladores se encuentran revisando del proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal del año entrante, es decir de 2016, podemos observar que los 12 estados que tendrán elecciones para la renovación del Ejecutivo local tienen registrados aumentos en sus asignaciones presupuestales destacando los apartados sociales, educativos e infraestructura; esto es, que el Gobierno Federal propone aumentar las aportaciones federales a entidades y municipios, lo cual a primera vista no se observa nada raro, pero analicemos la información.
En el Presupuesto de Egresos del presente ejercicio fiscal se aprobaron 591 mil 357 millones de pesos y la propuesta planteada por la Secretaría de Hacienda para el año 2016 sería de 616 mil 523 millones de pesos, destacando el aumento en el desarrollo social lo cual parecería una buena medida de atención a las demandas de la población; sin embargo, llama la atención que justamente en las entidades en donde se renovará el Ejecutivo local existan estos incrementos y además, no se vean afectados con los recortes que en su oportunidad refirió el titular de Hacienda.
Estos recursos deberán aplicarse conforme a las normas y directrices establecidas constitucionalmente desde el Sistema Nacional de Planeación y de acuerdo con los causes legales respectivos que incluye, la planeación estatal y la correspondiente a nivel municipal para que, efectivamente, los recursos y programas lleguen a la población y no se puedan generar “desvíos” que puedan incidir en los procesos electores y generar con ello justamente una falta de equidad entre los actores políticos que competirán en las contiendas electorales del año entrante.
Así, autoridades electorales, el Instituto Nacional Electoral, los ahora llamados Organismos Públicos Electorales Locales de las 12 entidades federativas que renovarán su ejecutivo local; los Tribunales Electorales Locales y el Tribunal Electoral del Poder de la Federación, deberán estar muy atentos sobre el cumplimiento de las normas establecidas en materia de equidad en el desarrollo de los procesos electivos a fin de garantizar las condiciones de estabilidad de la competencia electoral. En su caso, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales deberá de igual forma, verificar que no se trasgredan disposiciones que impliquen incluso la comisión de un delito electoral.
La población debe tener las condiciones suficientes para satisfacer sus demandas y debe contar además con los elementos necesarios para participar en las elecciones y determinar de manera libre el destino que quiere para su municipio, Estado o país, por ello, es el propio Estado el que debe generar las condiciones de equidad que garanticen a la población un desarrollo social, económico y cultural por un lado, y por el otro, respetar las reglas establecidas para las contiendas electorales. Hay que estar atentos al destino de los recursos que en su oportunidad se aprueben y por supuesto, del desarrollo de dichos proceso electorales locales.