Ahora que en el Poder Judicial regresaron de su periodo vacacional, también se reactivó formalmente el proceso para la designación de las siete magistraturas que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral, en el que intervienen tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el Senado de la República.
A la convocatoria que emitió la Corte el pasado 4 de julio, respondieron 130 aspirantes entre los cuales se encuentran principalmente magistrados de salas regionales, secretarios de estudio y cuenta de la Sala Superior, magistrados y ex magistrados de los tribunales locales, consejeros de la judicatura y magistrados de circuito del Poder Judicial Federal, pero también se inscribieron consejeros electorales del INE, académicos y funcionarios federales como el actual titular de la Fepade y dos ex fiscales. Llama la atención que sólo se registraran 20 mujeres que representan apenas poco más del 15 por ciento.
De esta lista, los ministros realizarán a mediados de mes una primera selección de 42 nombres quienes comparecerán ante el Pleno en sesión pública para defender el ensayo que presentaron, y posteriormente definirán una lista con los 21 aspirantes que integrarán las siete ternas que habrá de enviar la Corte al Senado antes del inicio del periodo ordinario de sesiones que arranca el 1º de septiembre.
Es claro que el acomodo de cada una de las ternas será definitorio en la designación que finalmente hará el Senado, por lo que los ministros tienen una enorme responsabilidad y lo menos que podemos esperar es que realmente se analicen perfiles tomando en cuenta la preparación, experiencia, capacidad, independencia e incluso la solvencia personal de cada uno de los aspirantes.
De igual forma es indispensable que los senadores no caigan en la tentación recurrente del reparto de cuotas y mucho menos que pretendan meter todos los nombramientos pendientes en una misma negociación, ya que me parecería inaceptable el intercambio de magistrados electorales por magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción o por el Fiscal en la materia o el Secretario de la Función Pública.
No perdamos de vista que lo que puede estar en juego con estos nombramientos es la estabilidad política del país, pues además de las cuatro elecciones locales del próximo año (Estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz a nivel municipal), en el 2018 se disputará la Presidencia de la República, se renovará en su totalidad el Congreso (128 Senadores y 500 Diputados) y por primera vez la elección federal se homologa con los comicios en la mayoría de las entidades con la carga de trabajo y presión política que esto representa, por lo que tampoco caben la improvisación o la cuatitud.
Esta vez no habrá curva de aprendizaje y necesitamos fortalecer a nuestras instituciones electorales (administrativas y jurisdiccionales) con perfiles solidos para enfrentar un importante número de elecciones, muchas de las cuales se prevén muy cerradas empezando por la Presidencia, en un contexto político y económico sumamente difícil. Más nos vale que estén a la altura.
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