Inmerso en la revisión de impugnaciones a los comicios más complejas en la historia, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se convulsionó ayer bajo la presión de múltiples actores que buscan proteger intereses en juego, aun si con ello derrumban la credibilidad y solvencia jurídica de una institución que ha tomado al país 35 años construir.
Los reflectores se dirigieron de inmediato a la figura de Arturo Zaldívar, presidente de la Corte (recién desempacado de sus vacaciones en Nueva York, difundidas profusamente en redes sociales), cuyas huellas digitales parecerían figurar en esta crisis, en favor de uno de los bloques en pugna.
Un grupo de magistrados que se declararon inconformes con el desempeño del presidente del Tribunal, José Luis Vargas, electo en noviembre pasado por un periodo de cuatro años, armó ayer dos sesiones fuera de agenda en las que anunciaron que aquél sería depuesto, y “designaron” en su lugar primero a Janine Otálora y, poco después, a Reyes Rodríguez Mondragón.
Vargas rechazó esta determinación de los magistrados disidentes y llamó a sostener dos reuniones este jueves en busca de un acuerdo. Pero anoche mismo anunció que presentará una controversia para que la Corte se pronuncie sobre la legalidad de lo ocurrido y defina a quién le asiste la razón.
Zaldívar Lelo de Larrea tiene la responsabilidad (artículo 11, fracción 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación) de “conocer y dirimir cualquier controversia que surja entre las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y las que se susciten dentro del Poder Judicial de la Federación…”.
El citado magistrado Rodríguez Mondragón pertenece al Tribunal desde noviembre de 2016, posición a la que fue impulsado por el Partido Acción Nacional gracias a sus antecedentes como funcionario en Los Pinos durante la presidencia de Felipe Calderón (2006-2012), pues se desempeñó en el área de Comunicación Social y luego fue secretario de Roberto Gil, entonces secretario particular del propio Calderón Hinojosa.
Gil Zuarth protagoniza una sorda confrontación con el gobierno de López Obrador, que lo ubica, con o sin pruebas claras, como actor clave en diversas conspiraciones políticas en contra de Palacio Nacional. Esa pugna derivó en días pasados en versiones extraoficiales de que el señor Gil es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera a causa de supuestos registros irregulares en sus declaraciones fiscales. En tal contexto, la inopinada designación de Rodríguez Mondragón (aplaudida en redes por el expresidente Calderón) fue interpretada desde el primer momento como un acto de provocación política.
La situación provocó ayer un intenso cruce de llamadas telefónicas entre funcionarios de Palacio Nacional, la Corte y el Senado, donde está radicada constitucionalmente la designación de los funcionarios del Poder Judicial de la Federación, entre ellos los del Tribunal. El líder de la fracción de Morena en la cámara alta, Ricardo Monreal, emitió en sus redes sociales un urgente llamado a los tres poderes del Estado para evitar lo que denominó una “crisis constitucional”.
La revuelta de magistrados electorales estuvo acompañada por la toma de oficinas y reclamos de renuncias contra diversos funcionarios del Tribunal. Anoche mismo el contralor, Enrique Sumano Cancino, que respalda la revuelta, mantenía sitiadas las oficinas del secretario general de Acuerdos, Carlos Vega Baca, una instancia clave en la asignación rotatoria, a cada integrante del pleno, de las impugnaciones que se presenten contra elecciones locales y federal, en particular sobre comicios para renovar gubernaturas.
En los días previos a esta crisis se había elevado la tensión interna en el Tribunal en torno a la inminente asignación del caso Nuevo León, donde diversos actores demandan la anulación de los comicios en los que resultó ganador Samuel García, de Movimiento Ciudadano. Una semana antes, la columna periodística de Carlos Loret de Mola en “El Universal” había revelado que tres magistrados electorales, entre ellos el citado Reyes Rodríguez, se habían reunido en privado en Monterrey con el señor García, ahora virtual gobernador electo, y con su esposa, la “influencer” Mariana Rodríguez, lo que contraviene las prácticas básicas de la justicia electoral.
La gestión de José Luis Vargas ha sido accidentada desde su inicio, pues resultó electo a causa de un desacuerdo interno en lo que fue un bloque mayoritario de cuatro magistrados: Felipe Fuentes (entonces presidente saliente), Mónica Soto, Felipe de la Mata y el propio Vargas. Fuentes pretendía ser reelecto, para lo que contaba con el respaldo del ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar.
De acuerdo con testimonios recogidos por este espacio, la existencia de esta imposición externa, sin esfuerzo aparente de consenso interno, incomodó al resto de ese grupo, entonces cohesionado. En particular a la señora Soto, quien se colocó en un punto de ruptura al manifestar su interés en ser ella la electa. Las prolongadas fricciones derivaron en que Vargas se perfilara como tercero en discordia.
La irritación resultante, presumiblemente avalada por el ministro Zaldívar, indujo la inestabilidad que ayer trajo la referida convulsión, precedida por el surgimiento de una alianza entre los magistrados Fuentes y De la Mata con los integrantes del que fuera el bloque minoritario disidente: Janine Otálora, Reyes Rodríguez e Indálfer Infante.
Ahora el Tribunal ostenta dos presidentes: uno electo, bajo procedimiento de ley, y otro aparentemente de facto. Eso lo hace entrar en vilo, jurídica y políticamente. Las resoluciones que tome bajo esta circunstancia podrán ser atacadas fácilmente por los actores sujetos a la justicia electoral. Toda validación de los recientes comicios queda en un peligroso suspenso. Una institución clave para nuestra vida en democracia se asoma al precipicio.