Hace poco leí un extenso y muy buen reportaje publicado en el periódico español El País sobre el llamado Tren “Maya” (lo entrecomillo por el disgusto que ha causado el uso del nombre en algunos miembros de la comunidad indígena). El reportaje es producto de un proyecto ambicioso y bien logrado, coordinado por Javier Lafuente y escrito por Jacobo García.
A mi parecer, el reportaje tiene la virtud de darle la voz a diferentes actores involucrados en los conflictos que ha generado el proyecto. Destaco, por ejemplo, la opinión de Manuel Puc (campesino maya que se opone a la construcción del tren), para quien “la llegada del tren es una agresión y una falta de respeto. Insisten en decirnos lo que necesitamos sin preguntar qué queremos o cómo vemos nuestro futuro. Nos roban el término “maya” y frivolizan nuestra cultura y nuestra identidad poniéndole nombre al tren […] Si yo encontrara trabajo en el tren, ¿de qué cree que me van a contratar?, ¿de mesero o de gerente? Al final, siempre terminamos limpiando sus baños”.
Aunque en este texto no me centraré en las ideas expresadas por los opositores del tren, sino en las de uno de los principales impulsores: Rogelio Jiménez Pons, director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR). En el citado reportaje, aparece un video donde el funcionario público brinda parte de sus justificaciones al proyecto.
Jiménez Pons señala que, desde su perspectiva, “el problema social es salvable en beneficio de la gente. Jamás hablaremos de un movimiento brusco, de una expropiación. Entonces sí prefiero desviarlo [al tren]. Para que podamos avanzar en una solución, tiene que haber confianza mutua. Y esa confianza no es por un discurso […] es por una serie de hechos que ellos tienen que ver”. En una conferencia “mañanera”, se le preguntó al presidente López Obrador por las resistencias del EZLN al proyecto y señaló, simplificando el conflicto y de forma paternalista, que “no tienen toda la información”. Me gusta que Jiménez Pons, en cambio, acepte que los conflictos y resistencias al tren son más complejos de lo que señaló el presidente. Sin embargo, también veo algo de violencia sutil en las declaraciones del director de FONATUR; para él, la confianza entre opositores y el gobierno debe ser mutua; la capacidad para influir en los aspectos fundamentales del proyecto, no. En ese sentido, lo máximo que se puede conseguir son desviaciones ligeras, pero el proyecto va con o sin el convencimiento a los críticos.
Jiménez Pons también señala, acertadamente, que el despojo es el principal problema con el tren. Según sus palabras, la solución recae en que “los dueños originales de la tierra se incorporen y no los desplacen. ¿Qué ha pasado? Les compran a los dueños originales, los sacan y regresan después como trabajadores, como sirvientes. Eso es lo que hay que evitar. Por eso, el primer llamado que hacemos a todas las comunidades es no vendan. Ni a nosotros [el gobierno] nos vendan”. Pero, si los dueños de la tierra no trabajan para los hoteles y los nuevos establecimientos que se construirían, alguien lo hará (seguramente migrantes, como pasa en Cancún; o habitantes de la zona sin tierra). El tren generaría más turistas ricos y clases medias, atendidas por gente pobre. Entiendo que para algunos esto no es un problema (al contrario, “se generarán empleos”, dicen); para mí, sí lo es.
Además, si los dueños de la tierra se “incorporan” en los circuitos económicos a raíz del tren, no lo harán en términos de pares. Deben producir lo que las nuevas dinámicas exijan. Los espacios de resistencia para quienes deseen mantener su estilo de vida serían muy pocos. El apicultor maya, Manuel Pech (quien fue entrevistado en el reportaje) lo expresa de la siguiente manera: “Me dicen que el tren va a ser bueno para todos y que me darán un trabajo. Pero es que... yo ya tengo uno”.
Parece ser que Jiménez Pons no ha visualizado que hay muchas otras formas de despojo más allá de la venta de tierra. El director de FONATUR no pone atención en que el proyecto rebasa este sexenio y que nada nos dice que no cambiarán las reglas del juego después del término de este gobierno progresista. Se le está abriendo la puerta a inversores que en este momento ya se están comportando de forma depredadora en otros contextos.
Jiménez Pons señala algo cierto: hoy en día ya hay violencia, marcada pobreza e impacto ambiental en la zona. Pero hay mejores formas de atender los problemas (por ejemplo, apoyar y revalorizar las actividades que ya se realizan en la zona) sólo que son de menor peso mediático y dejan menos beneficios políticos a quienes las impulsan.
*Cuitlahuac Alfonso Galaviz Miranda
Doctorante en Estudios del Desarrollo. Problemas y perspectivas latinoamericanas por el Instituto Mora. Maestro en Sociología política por la misma institución y Licenciado en Historia por la Universidad de Sonora. Mis artículos han aparecido en BiCentenario, Cuadernos Fronterizos, Revista Común, La Silla Rota, Regeneración, entre otros medios.