Opinión

El sistema penal acusatorio en tiempos de la 4T

Los funcionarios sí conocen el sistema acusatorio y el debido proceso y deliberadamente deciden violarlo. | Ramón Celaya

  • 14/07/2020
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John Rawls decía que la justicia es la primera virtud de las instituciones sociales, así como la verdad es a los sistemas de pensamiento, la justicia también es considerada como un bien común, por lo que todo gobierno democrático debería buscarla para sus gobernados. ¿Qué fin busca la justicia en el derecho penal? en resumen, el esclarecimiento de los hechos y procurar que el culpable no quede impune. Recientemente hemos visto a funcionarios del Gobierno Federal realizando acusaciones a policías, jueces, fiscales, políticos de oposición, sin presentar las pruebas necesarias ni las denuncias para buscar que se imparta justicia.

Pero la pregunta es ¿conocen los funcionarios federales qué es el sistema de justicia penal acusatorio? El 18 de junio del 2008, derivado de una gran Reforma Constitucional, se publicaron las bases de un nuevo sistema de justicia penal en México, en el que fundamentalmente se transitó de un sistema inquisitivo (con mínimas garantías) a uno de corte adversarial (donde se maximizan garantías) esta Reforma fue realmente un parteaguas en la historia del país, por primera vez se ofrecía la posibilidad de terminar con la impunidad existente, pero también se exigían requisitos mínimos de operación y eficacia, como el debido proceso, para acabar con la tentación autoritaria de los órganos de procuración de justicia de acusar sin pruebas o con pruebas falsas y no dar oportunidad a los imputados de defenderse en igualdad de circunstancias.

El 2 de julio del 2020, el presidente López Obrador dio a conocer en la conferencia matutina que en el caso de la liberación de José Ángel Casarrubias Salgado (a) “Mochomo”, hubo actos de corrupción por parte del personal del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México y agregó: “incluso que si la prueba se da a conocer que tenga que ver con ese acto y por el debido proceso queda nulificada, mi opinión es que no le hace”. La respuesta a la pregunta planteada anteriormente queda respondida: Los funcionarios sí conocen el sistema acusatorio y el debido proceso y deliberadamente deciden violarlo, sin importarles que los culpables de un delito queden sin castigo.

En el caso del “Mochomo”, las autoridades debieron presentar la denuncia penal correspondiente ante la Fiscalía General y la queja administrativa ante el Consejo de la Judicatura Federal, por los presuntos actos de corrupción y anexar todas las pruebas conducentes, no haberlo hecho así, lo único que provocó es que en caso de que se compruebe que los funcionarios judiciales aceptaron un soborno, esta prueba será nula, por haberse dado a conocer en los medios de comunicación, provocando que el círculo vicioso de la impunidad siga perpetuando su ciclo. La afirmación del “no le hace”, es ilegal, infundada y atenta contra la presunción de inocencia y el debido proceso, máxime si proviene del titular de uno de los Poderes de la Unión.

La impunidad y la corrupción han afectado históricamente el trabajo del Ministerio Público, integrando mal las investigaciones, lo que coloca a las Fiscalías con una mala percepción de la ciudadanía con un 44.5% según la Organización Impunidad Cero, sin embargo la profesionalización de fiscales, peritos e incluso jueces ha aumentado día con día, para responder a la exigencia social, pero la duda es: ¿cómo podría salvar un agente del Ministerio Público o un juez penal, el alegato de un abogado defensor sobre la nulidad de la prueba exhibida ilegalmente a la opinión pública? En mi opinión, no habría forma legal alguna.

El caso Cassez por ejemplo, nos dejó profundas lecciones del debido proceso y nos puso ante un nuevo instrumento llamado “efecto corruptor”, en el cual los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, argumentaron que cuando la autoridad realice alguna conducta fuera de todo cauce constitucional y legal, que afecte el derecho de defensa y que se hayan provocado condiciones sugestivas de la evidencia incriminatoria, el Juez deberá decretar la invalidez de todo el proceso. Es claro que el Gobierno Federal no entendió sobre las “lecciones aprendidas” del caso Florence Cassez, por lo que no hay garantía de que terminamos con la impunidad.

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