Raúl Cervantes es un destacado abogado priísta que hace un año pidió licencia en el Senado con la intención confesa de que fuera postulado como ministro de la Suprema Corte. Cervantes es un político que ha combinado actividades legislativas y partidistas con su trabajo como abogado. Eso es legal, en México está permitido combinar la actividad profesional con la política y la de legislador. Se dice que es un amigo cercano del Presidente. Eso es difícil de probar y es discutible si eso lo descalifica como futuro ministro de la Corte.
Lo que sí es verdad es que Cervantes siguió siendo senador (su encargo no ha terminado, solamente tiene licencia), por lo que, en caso de ser designado, sería nombrado no solamente por un cuerpo del que es miembro, sino que también presidió. En caso de ser electo a la Corte, Cervantes mantendría el fuero del que gozamos los legisladores e incluso podría optar por algunos meses ser senador y otros ministros de la Corte. Eso además de que la actividad política de Cervantes es tan intensa como reciente. Participó de manera activa en la campaña presidencial priísta y en la dirigencia de ese partido, del que fue su abogado general.
El despropósito de la posible nominación del senador Cervantes a la Suprema Corte ha generado un movimiento, encabezado por los académicos Alejandro Madrazo, Catalina Pérez Correa y Jorge Javier Romero, llamado #SinCuotasNiCuates que cuenta con el apoyo de líderes de opinión, legisladores de izquierda y más de 30 mil firmas en la plataforma Change.
Dicho movimiento también promueve que el proceso de designación se lleve a cabo a partir de una auscultación abierta, en el que sea posible conocer a profundidad los perfiles de las personas propuestas al cargo. Además se pide considerar el tema de la paridad de género. Y es que, uno de los espacios a sustituir en la SCJN es justamente de una ministra. Sería inaceptable que las dos ternas que envíe el presidente, y en su caso, apruebe el Senado, estén conformadas únicamente por candidatos hombres. En este escenario, la Corte quedaría integrada por once hombres y sólo una ministra.
Pero, la idea absurda de que un senador sea ministro, va más allá de Cervantes. Esto es posible gracias a la práctica de elegir a los miembros de los órganos autónomos con base en un sistema de cuotas partidistas. Otras instituciones del estado mexicano no escapan a esto. Actualmente, la autoridad electoral y el órgano garante de la transparencia viven momentos de crisis como resultado de esa práctica. No se trata de elegir a los mejores, sino a los que cumplen ciertos requisitos mínimos pero que aseguran lealtad al partido que los propuso.
Que ese sistema se replique en la Corte es una irresponsabilidad que pone en riesgo a la institución en la que se basa el sistema mismo de impartición de justicia. Cabe recordar que la SCJN, como garante de los derechos fundamentales de todas las personas, requiere de una integración que respalde la materialización de tal objetivo. Sobre todo, en un contexto como el que está viviendo México, en el que diversos mecanismos internacionales de derechos humanos y el propio Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, han mostrado su preocupación por la violación sistemática de los derechos humanos en nuestro país.
Aparentemente, en el contexto de la designación del también cuestionado Medina Mora, el PRI y el PAN pactaron la designación de un miembro de cada partido como ministro. Es por eso que Cervantes pidió licencia al Senado con la supuesta intención de incorporarse a la academia, actividad en la que nunca se había desempeñado. Resulta inaceptable que el nombramiento de los ministros de la SCJN pase por una negociación de esta naturaleza.
Para no ir más lejos, hay que voltear a ver el proceso de relevo en la Corte colombiana. Recientemente, el presidente Santos ha propuesto una terna plural, integrada por dos mujeres y un hombre, cuyas trayectorias (en la Academia, organismos internacionales, poder judicial y en organizaciones de la sociedad civil) están siendo ampliamente expuestas a la opinión pública.
Es muy importante que los nuevos integrantes de la SCJN sean elegidos conforme a los más estrictos estándares de formación y experiencia profesional, independencia e imparcialidad. El proceso de designación debe ser lo más abierto y transparente posible, evitando toda sospecha de la existencia de posibles conflictos de interés de los y las candidatas.