Días agitados se viven en el país, no solamente por las tragedias que han traído consigo los fenómenos naturales, sino también en el contexto político.

La agenda de telecomunicaciones y radiodifusión no ha estado exenta de tal agitación, la batalla por la presidencia del Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) se desató la semana pasada ante la incapacidad del Senado de la República para hacer el respectivo nombramiento en tiempo y forma, pues aún sabiendo que la presidencia llegaba a su término el 11 de septiembre determinaron hacer el nombramiento hasta este periodo de sesiones, pero ante la falta de quién encabece la Comisión de Comunicaciones y Transportes de ese órgano legislativo y las pugnas entre los partidos por el nombramiento de la mesa directiva, simplemente no hubo condiciones para realizarlo.

A finales de agosto, organizaciones civiles y personas dirigimos una carta al senado para solicitar que el nombramiento de la presidencia del IFT fuera un proceso abierto, transparente y participativo, basado en criterios que garanticen la idoneidad de la persona por su independencia frente al gobierno y a los regulados, así como una clara agenda para evitar lo que se conoce como la captura regulatoria.

Ante la falta de acuerdos, el jueves pasado se anunció que la comisonada Adriana Labardini, que termina su periodo en febrero del 2018, asumiera la presidencia del IFT temporalmente por cumplir el criterio de edad, tal como lo establece el artículo 19 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodiodifusión. Sin duda Labardini ha mostrado capacidad e independencia en su desempeño por lo que es una buena noticia su nombramiento, además de convertirse en la primera mujer en presidir al regulador también tiene el mérito de representar al sector social.

Una vez que el senado incumplió con el mandato legal debiera de retomarlo a la brevedad dando paso a un proceso abierto y transparente, definiendo el perfil idóneo y evaluando el desempeño de los postulantes que en la práctica son tres, el propio Gabriel Contreras (que en su caso sería una ratificación) que termina su periodo en 2020, Adolfo Cuevas que tiene su periodo hasta el 2022 y María Elena Estavillo quien terminará en el 2019. Arturo Robles Rovalo y Mario Fromow Rangel en su carta al senado manifestaron su interés solo si no se ratifica a Contreras, el único comisionado que de entrada se descartó fue Javier Juárez Mojica, con lo cual confieren su apoyo al actual presidente del instituto. Estas manifestaciones se hicieron ante la solicitud que hiciera el senador Zoé Robledo a los integrantes del Pleno para que dieran a conocer su interés por encabezar al IFT.

Estoy convencida que antes de barajar nombres lo que se requiere por parte de los legisladores es un análisis riguroso del desempeño de los postulantes a través del sentido de sus votos en temas relevantes en materia de facultades del instituto, competencia económica, derechos de las audiencias, medidas asimétricas, entre otros. También  los postulantes deberían de presentar una propuesta de agenda regulatoria que nos muestre qué es lo que aspiran al encabezar al regulador y que sirva para evaluar su trabajo.

Por lo pronto se anunció que hoy martes se reunirían las comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía, de Comunicaciones y Transportes y Estudios Legislativos primera para definir el procedimiento, que al parecer retoma los puntos de la carta de las organizaciones.

Veremos qué sucede, pero lo cierto es que en el sector juegan poderosisímos intereses políticos y económicos, esperemos que la designación no sea a modo, producto de la defensa de intereses particulares, ya sea de la industria o el gobierno, que quieren seguir teniendo injerencia indebida en la agenda y que han ocupado sus esfuerzos en debilitar al regulador a través de constroversias constitucionales y reformas a la ley.

Ojalá que no atestiguemos estrategias con miras a un nombramiento con base a cuotas y cuates, pasandose la autonomía constitucional por el arco del triunfo, por eso tenemos que exigir un IFT independiente, ni de las empresas ni del gobierno, de la sociedad para el interés público.

En otros temas...


La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) realizó una evaluación del proceso de implementación de la reforma de telecomunicaciones y radiodifusión en México, resulta un informe por demás interesante porque por primera vez incluyó temas como los derechos de las audiencias, medios públicos, pluralidad y contenidos audiovisuales, algo poco común en este organismo internacional. Además hace una serie de recomendaciones que fortalecen la competencia y derechos. ¿Las tomará en cuenta el Estado mexicano, acostumbrado alumno aplicado ante la OCDE? Sobre eso le comentaré en mi próxima colaboración.

El Centro de Análisis e Investigación, Fundar, dio a conocer el escandaloso gasto en publicidad oficial en los cuatro años de gobierno de Peña Nieto por la cantidad de 36 mil 261 millones de pesos, 71% más de lo que le aprobó el congreso, de seguir a ese ritmo, al final de su sexenio habrá gastado ¡60 mil millones de pesos! La mayor parte de ese dinero público va a dar a las arcas de Televisa en radiodifusión y al periódico El Universal en prensa. En momentos de emergencia nacional por el terremoto en Chiapas y Oaxaca que afectó a los más pobres, ese recurso de publicidad oficial debe de irse a la reconstrucción de estos dos estados que son los más pobres del país.

Entre las pugnas y la tragedia hay una buena noticia, el IFT otorgó una concesión de uso social comunitaria a Violeta Radio, que será la primera emisora feminista en la Ciudad de México, en hora buena y felicidades a la Alianza por el Derecho Humano de las Mujeres a Comunicar por este logro.

@callejag | @OpinionLSR | @lasillarota



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