El saber es poder, esta conocida frase de Michel Foucault  aplica no sólo para la toma de decisiones políticas, sino también para la evaluación de políticas públicas de movilidad y transporte, especialmente cuando hablamos de la calidad del servicio y la capacidad de respuesta a las necesidades de la población.

 

Los últimos años hemos visto proliferar no sólo la extrema motorización de nuestras ciudades en detrimento de la inversión en transporte público, sino también la expansión de las tecnologías y servicios las cuales se presentan hoy como una posible solución a la problemática del uso ineficiente del espacio vial y de la escases en opciones de movilidad; siendo nosotros mismos, los usuarios, fuentes activas de generación, recaudo y procesamiento de datos. El refinamiento de medios, métodos y herramientas analíticas, han permitido que mucha de la información generada regrese a los ciudadanos, a los gobiernos, a la sociedad civil organizada, en forma de alternativas, y cambios no sólo en la esfera privada, también en las acciones  públicas. La “Movilidad como Servicio”, que se consolida como paquetes de soluciones de movilidad para los usuarios basando su acción en interfaces que analizan datos y ofrecen interconectividad y eficiencia.

 

La disponibilidad de datos, y la exigencia por la apertura de muchos más, es una de las armas más poderosas con las que contamos los ciudadanos hoy en día, y el manejo de información sobre las frecuencias, tiempos, e interconectividad de nuestros sistemas de transporte público se posiciona hoy como una parte inherente de las nuevas dinámicas de la “Movilidad como Servicio”. La única forma en la que los gobiernos y sus sistemas de transporte pueden, no sólo pueden competir con la innovación privada, sino generar tendencias en materia de política pública es generando información para los usuarios.

 

En 2014, la Unión Internacional de Transporte Público (UITP) publicó el Índice de Movilidad Urbana —recientemente retomado por la BBC—, en el que la Ciudad de México apareció en el lugar 49 de 84, por debajo de ciudades latinoamericanas como Santiago, Bogotá y Sao Paulo precisamente por la falta de integración de la operación y la generación de información para el usuario (mediciones realizadas antes del cambio en las políticas públicas de movilidad de la CDMX, recordemos que la Ley de Movilidad se publicó en ese año y el nuevo Modelo de Movilidad se instaló en 2015). Por ello las políticas de movilidad de décadas anteriores, con poca inversión en transporte público y grandes incentivos a los automóviles, mermaron la posibilidad de innovación al servicio del usuario, y tienen hoy un impacto directo en nuestras vidas, de ahí el rankeo obtenido.

 

Esto está cambiando en la CDMX, y aunque aún nos falta camino por recorrer, la nueva Encuesta Origen y Destino 2017 —en colaboración con el INEGI y la UNAM— será base en todos los elementos de planeación urbana en movilidad, los cuales permitirán la integración de nuestros sistemas a escala metropolitana. Adicionalmente, la Ley de Movilidad estableció herramientas en las que ya hoy en día estamos trabajando, como el Centro de Gestión de Movilidad, el Sistema de Información y Seguimiento de Movilidad y el de Seguridad Vial, Auditorías de movilidad y seguridad vial y el Banco de proyectos de infraestructura para la movilidad. Todos ellos con orientación hacia la apertura de datos e información pública, transparencia y rendición de cuentas. Son estos proyectos y esta nueva perspectiva la que colocará al usuario como principal receptor de la información diaria, minuto a minuto de sus sistemas de transporte público, mejorando así la calidad del servicio, la experiencia del viaje, los tiempos y los costos. Sólo así, el transporte público podrá competir con el automóvil, gracias a decisiones informadas, basadas en política pública medida, porque la información es poder.

 

@LBallesterosM 

@OpinionLSR


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