México tiene hoy un debate con respecto a sí el rumbo del país es el correcto. Analistas como Enrique Krauze o Luis Rubio señalan que básicamente hemos hecho lo correcto en economía, que las reformas de mercado generaron una economía competitiva, sólo falta un mejor proceso de implementación para que las mismas generen crecimiento. Piden valorar las ganancias de la transición democrática y mejorar los procesos de rendición de cuentas. Es decir, su posición es que mejoremos los procesos electorales y el diálogo político y continuemos con las reformas liberales, eso eventualmente generará desarrollo.
El telón de fondo, no nos engañemos, es Brasil y la velada advertencia de que no se nos ocurra implementar políticas distributivas, ni llevar al poder a partidos de izquierda. El problema es, primero, que el tipo de desarrollo que queremos alcanzar no se limita a alcanzar mayores niveles de crecimiento pero también que este beneficie a la mayoría de la población y reduzca la desigualdad en la sociedad. Es decir el desarrollo que queremos es incluyente.
Para alcanzarlo, no bastan las reformas de mercado e incluso algunas en realidad no sirven para ese propósito. Necesitamos explorar caminos distintos y aceptar que no cualquier equilibrio político, así sea funcional, nos va a llevar al desarrollo incluyente, sólo aquel que se comprometa con retar el orden establecido para impulsar políticas que impulsen la igualdad. Eso no significa dinamitar las finanzas públicas o aceptar restricciones a las libertades democráticas, sino en enfocar las acciones del Estado para atender las causas que hacen a nuestra sociedad profundamente injusta.
Judith Teichman, en The Politics of Inclusive Development, se plantea responder a la pregunta que explica por qué ciertos países puedan crecer, reducir la desigualdad y mejorar la calidad de vida de sectores amplios de la población. Las posibles respuestas están en sistemas fiscales sólidos, en políticas industriales exitosas, y en la generación de empleos calificados. Políticas como la promoción de la PYMES y las transferencias en efectivo a las personas en situación de pobreza ayudan, pero juegan un rol menos importante. Un argumento de la autora es que en realidad se terminó la era de las mejores prácticas, es decir, no existen políticas públicas con éxito garantizado en todos los contextos. Los resultados están determinados por la capacidad institucional del Estado, el rol de las élites y la posibilidad de construir colaciones y consensos.
Es una conclusión similar a las que llega el economista Dani Rodrk, en The Elusive Promise of Structural Reform, cuando después de analizar los factores que explican crecimiento de cientos de economías, concluye que las reformas de mercado ayudan poco a crecer, que los periodos de dinamismo económico se logran cuando los países superen obstáculos locales al crecimiento, como la debilidad del sistema financiero o los problemas de productividad del sector agrícola.
México va por el camino equivocado por varias razones. Una es que las reformas del mercado no van a generar por sí solas el crecimiento. Se requiere de inversión pública y de políticas industriales para alcanzarlo. Ese crecimiento no va a lograr desarrollo incluyente si al mismo tiempo no regulamos el mercado laboral para subir los salarios, creamos no sólo empleo formal, sino de calidad, y si no ofrecemos oportunidades efectivas de acceso universal a los servicios de salud y educación. Tampoco si no construimos una red de protección que garantice una renta mínima por medio de un sistema de seguro de desempleo, salario mínimo, pensión universal y transferencias en efectivo.
Eso además de políticas efectivas para reducir las brechas de desigualdad que las personas enfrentan por género, etnia, identidad sexual y edad. Eso será posible solamente si nuestras instituciones y liderazgos políticos asumen una agenda en favor de la igualdad. Eso implica impuestos progresivos, mejora en la calidad de gasto, planeación, inversión pública con altos rendimientos sociales, combate a la corrupción y reducción del gasto no prioritario.
El desarrollo incluyente no implica tener finanzas públicas sanas. Por el contrario, experimentos interesantes, como el de Brasil, alcanzaron logros importantes en materia de igualdad, pero perdieron viabilidad ante el endeudamiento excesivo y los problemas de corrupción en la administración de las políticas públicas. El desarrollo incluyente, por otro lado, sí implica eliminar privilegios para quienes abusan de las instituciones estatales para obtener ganancias extra normales.
También requiere de medidas fiscales que permitan gravar a las grandes empresas y al sector de mayores ingresos de la población. En ambos casos, este tipo de personas físicas y morales son capaces de pagar tasas efectivas de impuestos mucho menores que el resto de la población. El desarrollo incluyente permitiría crear ciudadanía, que recibe del estado servicios públicos y redistribución del ingreso, que tributa de manera justa y que puede exigir sus derechos civiles y sociales.
Lo que hoy tenemos, por el contrario, es un proceso interminable de reformas de mercado que no generan crecimiento, tampoco empleo de calidad, ni servicios públicos universales. Existen programas sociales que probablemente permiten contener la pobreza más extrema, pero como la desigualdad no se reduce, en buena medida porque los empleos nuevos son malos, entonces el número de personas pobres en realidad crece. El objetivo casi único es la estabilidad macroeconómica, pero incluso esa, ante el bajo crecimiento crónico, ahora también está en riesgo.
Tenemos que replantearnos las metas, para proponernos construir un país más rico, pero también más justo. Tenemos que repensar la estrategia y dejar a un lado la idea de que buscar la eficiencia de los mercados es la única estrategia para construir una economía mejor. Tenemos que reconocer que las respuestas a crecer mejor se van a derivar del análisis de las circunstancias del país, no de un conjunto de mejores prácticas probadas en el mundo. Necesitamos instituciones estatales con mayor capacidad de hacer política pública, no solamente más transparentes y menos corruptas. Eso no existe. Tenemos que lograr que del sistema político básicamente se deriven políticas públicas que busquen reducir la desigualdad. Solo así el país andará por el rumbo correcto.