Les puede gustar o no la rudeza y el significado de las palabras, pero el regreso a clases no tiene otra definición que la de crimen de Estado.
¿Por qué?
Porque de manera deliberada e irresponsable, el jefe del Estado y del gobierno mexicano, López Obrador –y los integrantes de su gabinete–, son omisos en garantizar los derechos constitucionales a la vida, la salud y la supervivencia de millones de niños y jóvenes a los que convocan a clases presenciales a partir del 30 de agosto.
Es decir, que el Estado mexicano, sus instituciones y los encargados de hacer valer la Carta Magna, ignoran deliberadamente el peligro al que someten a la niñez y la juventud mexicana al decretar el reinicio del ciclo escolar.
Tal parece que el interés superior de la vida, la salud y el bienestar de menores, adolescentes y jóvenes, son relegados por otro de los caprichos presidenciales; el capricho del reinicio de clases.
Pareciera que el Estado mexicano, su gobierno y su presidente prefieren el riesgo de perder la vida, perder la salud y perder el bienestar de millones de mexicanos, antes que perder un ciclo escolar.
Aberración criminal, sobre todo si se compara la premura oficial por regresar a clases con dos imponderables que ponen en peligro a los estudiantes; la explosiva evolución de contagios en el país y el saqueo de escuelas.
Es decir, que, por pura casualidad, el día en que se decreta de manera oficial que el regreso a clases –previsto para el 30 de agosto–, se produce la mayor cifra de contagios en 18 meses de que la pandemia está en nuestro país.
Sí, en las 24 horas del martes 10 al miércoles 11 de agosto del 2021, se produjeron casi 23 mil contagios; la mayor incidencia en 24 horas.
En otras palabras, regresar a clases presenciales durante la cresta del contagio por “la tercera ola”, tiene tanta incidencia de contagio como acudir al cine o a un estadio deportivo; los escenarios de mayor riesgo.
Y sin duda que el aislamiento ha provocado problemas de salud física y emocional para niños de todo el mundo. Y también es cierto que la educación a distancia –en línea–, tiene serias deficiencias y pocos resultados positivos.
Sin embargo, para un “Estado humanista y de bienestar” como el que presume el gobierno de AMLO –Estado que debe garantizar estándares mínimos de ingreso, alimentación, salud, habitación y educación–, no puede olvidar lo básico; el derecho a la salud, al bienestar y, sobre todo, a la vida.
Pero el capricho de llamar a clases presenciales, por decreto, se vuelve una tragedia nacional cuando la Secretaría de Educación pretende un deslinde de toda responsabilidad frente a eventuales contagios y posibles muertes a causa de la pandemia, mediante la firma de una suerte “de responsiva” que obliga a todos los padres de familia.
Dicho de otro modo, resulta que la SEP y el gobierno federal decretan el regreso a clases, pero los padres deberán firmar un documento en el que exoneran a la SEP y al gobierno de López Obrador de toda la responsabilidad ante los eventuales contagios, la pérdida de la salud y hasta de la vida.
Y es que la llamada “Carta compromiso de corresponsabilidad” –contenida en el numeral 10 del decálogo presentado por la SEP para el regreso a clases–, no es más que a la aceptación firmada del mayor crimen de Estado.
Y se trata de un crimen de Estado porque en el citado decálogo no se involucra a las instituciones encargadas de la salud, de los programas de vacunación, responsables de la dotación segura de energía eléctrica y de agua, como tampoco existirá un presupuesto especial para llevar a cabo el decálogo propuesto.
Así, por ejemplo, el punto 1 dispone la creación de un Comité Participativo de la Salud, en cada una de los miles de escuelas del país, integrado por los padres de familia.
Pero resulta que nadie sabe qué hará tal Comité, qué expertos lo conducirán, quién aportará presupuesto y materiales para su funcionamiento.
El punto 2 propone establecer “filtros de salud” en casas, escuelas y en los salones. ¿Qué es eso, quién pagará lo necesario, quién cuidará su eficacia?
Los puntos 3, 4, 5, 6 y 7 del citado decálogo no son más que obviedades que se recomiendan en todas partes y que aún así no evitaron la propagación masiva de contagios en lugares concurridos. Y menos lo harán en escuelas.
Se recomienda lavarse las manos, usar cubrebocas, sana distancia, estar en lugares abiertos y no realizar ceremonias que convoquen multitudes.
En pocas palabras, el jefe del Estado y del gobierno mexicano parece empeñado en provocar de manera deliberada un contagio generalizado entre niños, adolescentes y jóvenes, con el riesgo de miles de muertes.
Y esa irresponsabilidad se llama crimen de Estado, en México o en cualquier parte del mundo.
Al tiempo.