Opinión

El redimensionamiento del sector púbico

Es pertinente que se expongan los diagnósticos y las medidas concretas de las que partirá la reingeniería institucional. | Areli Cano Guadiana

  • 26/07/2018
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A quince días de su triunfo en las urnas, el virtual presidente electo trazó las 50 medidas en materia anticorrupción y austeridad que impulsará como presidente de la República, las cuales han propiciado un amplio y necesario debate entre diversos actores políticos y sociales. Varios de estos planteamientos apuntan al redimensionamiento del sector público, maniobra empleada recurrentemente en el México contemporáneo, que en esta ocasión no se detonará en respuesta a una crisis económica o en cumplimiento de los compromisos adquiridos con organismos multilaterales, ni mucho menos como consecuencia de una situación de bonanza, sino como parte de un proyecto que se concibe profundo y de largo plazo.

Entre los planteamientos formulados por el que será el próximo titular del poder Ejecutivo federal, en un contexto en el que los partidos políticos que lo postularon contarán con la mayoría legislativa en el Congreso de la Unión, se propone reducir en un 70% las plazas de personal de confianza, y en igual proporción eliminar los gastos de ese rubro. Asimismo, plantea bajar a la mitad los sueldos de los altos funcionarios públicos que ganen más de un millón de pesos anuales.

Son evidentes los objetivos económicos y políticos que se intentan alcanzar a través de la reducción en el tamaño de la burocracia y en los gastos destinados a la operación de la misma, ya que por una parte con los ahorros generados se pretende contribuir a financiar las políticas sociales que se implementarán durante el próximo sexenio (aumento de la pensión de los adultos mayores, apoyos económicos a jóvenes), mientras que por otra, se busca responder al sentido clamor social de erradicar los privilegios y excesos mostrados por integrantes de las cúpulas del sector público en los últimos sexenios, traducidos en la creación de puestos y el otorgamiento de salarios y prestaciones injustificados en comparación con los ingresos obtenidos por el grueso de la sociedad, así como el uso del cargo y de los bienes colectivos para fines particulares.

Existen múltiples estudios del grado de desmesura mostrado por la alta burocracia mexicana, como el efectuado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Goverment at a Glance 2017), el cual revela que los funcionarios de alto rango perciben salarios más elevados que la de otras naciones con mejores niveles de bienestar (como Suiza y Noruega); y cuyos ingresos anuales promedio son de más de 12 veces el PIB per cápita registrado en el país. Aparte de representar elevados costos al erario, nuestra elite burocrática ha tenido un cuestionable desempeño como lo revela la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2017, al no lograr la satisfacción de poco más de la mitad de la población respecto a la prestación de diversos servicios públicos, ni tampoco reducir los altos índices de percepción de corrupción prevalecientes en los últimos años.

Reingeniería institucional

Con la misma claridad que se ha dado al propósito de reencauzar la acción pública para ponerla al servicio del bien colectivo y hacerla más acorde a las necesidades y exigencias de la población; también es pertinente que se expongan los diagnósticos y las medidas concretas de las que partirá la reingeniería institucional, y sean dadas a conocer no sólo entre los tomadores de decisiones, sino también entre las personas que se verán afectadas y la sociedad. A la par, se requerirá poner bajo el escrutinio de la colectividad que la reducción de la burocracia no afecte la correcta función gubernativa, ni tampoco se vea mermada su autoridad, ni la calidad de los bienes y servicios que prestan. De igual manera, los recortes no deberán traducirse en la sobrecarga de los servidores públicos de responsabilidades y tareas, ni comprometer la estabilidad laboral, la profesionalización y el nivel de vida del personal; por el contrario, es imprescindible asegurar los derechos a los que tengan acceso como trabajadores, entre los que se encuentran la capacitación, la salud, la seguridad social y la vivienda.

El reajuste a la baja que experimentará el sector público deberá considerar la necesidad de preservar la capacidad de acción del gobierno, ya que sus integrantes están sometidos cada vez más a un mayor número de exigencias derivadas tanto de la evolución del marco jurídico nacional como de las demandas sociales, como son las de conducirse con irrestricto apego a los derechos humanos, a la transparencia y a la rendición de cuentas. Si se alimenta la vocación por el servicio público, al tiempo que se imprime de un mayor prestigio el formar parte de sus filas, y se robustecen las capacidades e instrumentos de gestión, se podrán echar abajo aquellos vaticinios que anuncian la precarización y la profundización de la corrupción en el quehacer gubernamental.

La necesaria sacudida que se pretende dar al sector público tendrá que orientar el redimensionamiento del aparato burocrático hacia la salvaguarda de los derechos humanos, el mejoramiento de los niveles de bienestar de los integrantes de la población y la recomposición del tejido social. Por ello, es relevante que el próximo titular del ejecutivo ponga como punta de lanza la materialización de los postulados de  nuestra Carta Magna, lo que implica en el punto particular, tomar en cuenta las disposiciones del artículo 127 que rigen la remuneración de los integrantes de los distintos órdenes de gobierno, donde se señala que los servidores públicos recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades. A la hora de regular esta materia, el proceso parlamentario será mejor si se realiza de manera abierta a la sociedad y con la intención deliberada de construir diálogos utilizando cauces democráticos, como bien podría ser la adopción del Parlamento Abierto.

Por lo pronto, resulta por demás oportuno que el anuncio en materia de austeridad realizado por quien encabezará los esfuerzos de país durante el próximo sexenio, se haya hecho en el preámbulo del cambio de gobierno, con lo que se abre un periodo para la socialización de los planteamientos de la próxima administración y su deliberación pública, con lo cual se podrá robustecer el debate una vez que inicie formalmente su abordaje en el Congreso de la Unión

Lo que viene después de las elecciones

areli.cano09@gmail.com

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