Si bien es cierto que la licencia del gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, aminora por el momento la presión política de la ciudadanía por la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Rural de Ayotzinapa, la crisis no termina ahí.
No puede decirse que se trata de un tema concluido o con avances significativos, cuando no han aparecido los jóvenes en cuya ausencia hay graves y delicados asuntos por resolver que evidenciaron la crisis por la que atraviesan los derechos humanos en México. Hay quien afirma que Ayotzinapa es el siguiente caso de graves violaciones, después de los acontecimientos de Tlatelolco en 1968.
Por la naturaleza de las causas, podría decirse que los sucesos de 1968 es un tema superado, en virtud a que la gran mayoría de las causas políticas, económicas y sociales que generaron las protestas y los acontecimientos del 2 de octubre de ese año, han sido superadas con las distintas reformas a la Constitución, en esas materias; asimismo con la promulgación de nuevas leyes, que vienen a complementar la gama de derechos individuales o colectivos en el país, más no así, el tema de la responsabilidad política y penal por las muertes, que no ha sido superado.
Por su parte, parece que Ayotzinapa es la culminación en la violación a los derechos humanos, producto del estado de inseguridad que vivimos desde el inicio de la mal llamada guerra, que fue iniciada en la administración del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa y cuyas consecuencias todavía estamos sufriendo.
Casos como el asesinato de jóvenes en Villas de Salvárcar en Cd. Juárez, Chihuahua; los 72 migrantes muertos en San Fernando, Tamaulipas; los 52 fallecidos en el Casino Royal de Monterrey, Nuevo León; y en el periodo intermedio del ex presidente Calderón y los hechos de 1968, algunos más como los 17 campesinos de Aguas Blancas, los muertos de Acteal y el Halconazo de 1971, son ejemplos de la impunidad que alimenta el descontento social en cuyo tejido subyace el origen de movimientos subversivos.
El agravio revive cada 10 de junio, cada 2 de octubre y cada vez que llegue a conmemorarse algún triste acontecimiento al cual, el sistema político mexicano le apueste al olvido, en lugar de hacer justicia.
Esta sensación de injusticia, de inseguridad, de temor, de miedo o de ausencia de autoridad, podría encontrar su origen en alguno de los factores de medición de la pobreza del CONEVAL, pudiendo ser causado por alguna mala decisión de política pública.
Por ejemplo en materia económica, de las decisiones de política pública que sean tomadas, depende la generación de condiciones que propicien el ingreso corriente per cápita, como factor para conocer si su línea de bienestar económico es lo suficiente como para satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, educación, salud y bienestar.
De estas mismas políticas públicas pero en educación, depende que sus hijos acudan a un centro escolar público para recibir educación, pero no sólo en cantidad, sino en calidad y sin que esta sea orientada a someter a la persona y mantenerla en un estado de ignorancia, sino por el contrario, ésta debe procurar en todo momento enaltecer los valores, cívicos nacionales, y sin que la autoridad educativa le delegue la responsabilidad de educar a las televisoras nacionales y sus decadentes valores transmitidos en programas, como los de Laura Bozzo o Rocío Sánchez Azuara.
Estas son sólo unas cuantas menciones por las cuales, han llevado al estado de inconformidad social, en cuyo ejemplo contrasta con la lejana aspiración de vida de primer mundo, al que desea llevarnos las reformas estructurales aprobadas por el Congreso.
A este recuento de daños se suma la petición del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en la que mediante una resolución expresa la preocupación del organismo por la desaparición forzada de los jóvenes de Ayotzinapa.
Además, esta misma semana el Parlamento Europeo se posicionó mediante una resolución del pleno en Estrasburgo en Francia, en la que hace referencia a la desaparición forzada de los estudiantes.
Empero, la licencia de Aguirre Rivero no es garantía de aparición de los normalistas guerrerenses, pero de alguna manera despresuriza la tensión política en el país con el grupo social de los estudiantes, últimamente vulnerado en Jalisco, Puebla o Veracruz.
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