Cuando cayó la noche del sábado 11 de julio pasado y mientras comenzaba la gira de Estado por Francia, el titular del Ejecutivo Federal era informado por el Comisionado Nacional de Seguridad (CNS), Monte Alejandro Rubido, de la nueva fuga de Joaquín Guzmán Loera El Chapo, que cayó como balde de agua fría en su primer círculo de colaboradores.
Así y durante toda la semana en que el presidente de la República ha estado en visita oficial, columnistas de todos los medios han descrito las condiciones tácticas operativas y de inteligencia de los subsistemas del campo de seguridad, cuyas condiciones rodearon la fuga del capo.
Otros más han realizado mapas mentales con las responsabilidades de los servidores públicos de primer, segundo y tercer nivel.
Lo cierto es que se vulneraron los sistemas penitenciarios, de seguridad y se omitió cortar el flujo de financiamiento hacia la organización de Guzmán Loera, que le permitió a su equipo en el exterior del penal del Altiplano, contratar el personal y recusos necesarios para construir el túnel, así como para generar una capacidad de soborno al interior de dicha prisión, es decir, hubo un trabajo coordinado al interior y exterior de la cárcel.
De igual manera durante toda la semana en redes sociales, la ciudadanía volcó su burla contra el gobierno federal, ante su incapacidad y corrupción en los subsistemas de seguridad y político. El gobierno federal ofreció 60 millones de pesos por datos para facilitar su nueva captura.
Así, el secretario de Gobernación, la procuradora general de la República, el Comisionado Nacional de Seguridad y el director del CISEN fueron citados a comparecer ante los legisladores, diputados y senadores, integrantes de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, para que explicaran lo sucedido en ese penal, mismos funcionarios que son presionados ante la opinión pública por la oposición para que renuncien a sus cargos.
Por su parte, en Washington, la DEA para ocultar su molestia manifestó su disposición a colaborar -nuevamente- en la búsqueda y recaptura del narcotraficante, incorporándose la Interpol mediante una alerta internacional.
Editoriales y las ocho columnas de los diarios internacionales, daban cuenta de la burla y humillación de la que había sido objeto el gobierno mexicano.
En el plano político, el PRI y el PAN encabezaron durante la sesión de la Comisión Permanente, una guerra de acusaciones mutuas, cuando el PRI señalaba que en la administración del expresidente Vicente Fox Quesada había escapado Guzmán Loera; por su parte, el PAN le recriminaba al PRI lo mismo.
Un par de días antes y en lo que pareciera un alejamiento político del PRI hacia el presidente, el CEN emitió un comunicado con desafortunadas afirmaciones:
En @AccionNacional no tienen autoridad moral; fueron quienes iniciaron esta guerra absurda vs el crimen organizado. http://t.co/2z84pSzg3p
— PRI (@PRI_Nacional) julio 14, 2015
Prosigue el comunicado, señalando: “Durante sus gobiernos no sólo se evadió el mismo criminal, con la omisión y la connivencia de los suyos; 'El Chapo' pasó de ser el criminal más buscado de México al más poderoso del mundo”.
Es desafortunada, porque parece que en el PRI la solución a este y quizás a muchos problemas del país lo sea, culpar al pasado, señalar con el dedo flamígero a las administraciones anteriores panistas.
Es como si el PRI no hubiera participado desde el 2000 hasta el 2012, en la construcción del país que ahora tenemos. Como si el PRI no hubiera controlado el Congreso y la intención de legislar la presencia del ejército en las calles y que ahora se les está volteando.
Un partido que ante su peor crisis de seguridad nacional de tiempo atrás, sus legisladores le niegan el derecho a la ciudadanía de conocer la verdad, por más cruda y ruín que esta parezca.
Un instituto político integrado a un sistema de partidos, cuya clase política prefiere voltear a otro lado, que reconocer que la impunidad y la corrupción medró y se enquistó en los subsistemas de seguridad y político, que para donde apunten los señalamientos de las investigaciones, se abre alguna rendija o puerta, por donde escurren y escurren intereses ajenos al servicio público integrados a la corrupción, dañina para el país.
El comunicado del PRI es como escupir hacia arriba; es como dejar de reconocer que los relojes de medio millón de pesos, que las casas blancas y las de Malinalco y los departamentos en Manhattan no existen y cuya naturaleza es el verdadero causante de la fuga del capo en el Altiplano.
Mientras tanto en este momento, seguramente el primer mandatario ya debió haber analizado qué hacer con los servdiores públicos señalados, o como dijo Brozo: “¿Qué tiene que pasar en este país para que alguien renuncie?”.