Opinión

El pueblo yaqui

Debe cesar el acoso hacia el pueblo yaqui, históricamente vulnerado, pero un ejemplo de resistencia. | Leonrado Bastida

  • 02/07/2021
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Los fértiles valles del sur del actual estado de Sonora han sido custodiados desde tiempos inmemoriales por quienes se asumen a sí mismos como una tribu, y que durante el período novohispano conformaron los ocho pueblos tradicionales, que hasta el día de hoy, están de pie y son los principales asentamientos de la cultura yaqui, un cúmulo de saberes sobre la vida del semidesierto donde habitan, del río que lleva su nombre y por siglos han convivido con él, al igual que con el paradisiaco golfo bajacaliforniano.

También, herederos de una amplia cultura de resistencia hacia un sinfín de intentos por despojarlos de su territorio, producto de la codicia de quienes desean sus tierras con fines meramente comerciales y de explotación personal. Una visión totalmente ajena a la de estas comunidades que viven bajo un régimen de comunidad y de bienestar común. 

Las primeras expediciones rumbo al norte de la entonces Nueva España reportaron la complejidad de poder entablar un vínculo con este pueblo, folklorizado con la danza del venado, pero cuya cosmovisión es muy amplia y rica, pero que al paso del tiempo, trabó acuerdos con la orden jesuita, estableciéndose algunas misiones que hoy en día son parte del patrimonio del país. 

Sin embargo, durante el siglo XIX, la sed de tierras fértiles para impulsar el desarrollo económico de la entidad sonorense, bajo el pretexto del lema porfirista de orden y progreso, provocó que hubiera una gran represión hacia las tribus yaquis, buscando que desalojaran los terrenos donde habitaban desde hacía siglos para ocupar sus tierras y hacerlas “productivas”. 

El pueblo yaqui respondió y el gobierno de Porfirio Díaz tomó medidas muy represivas como enviar tropas militares para desalojar el espacio; censurar abiertamente a periodistas como Lauro Aguirre, quienes daban seguimiento a la situación; extraditar a quienes participaban en la resistencia en contra de la invasión a otros lugares de la República como Yucatán o a Estados Unidos; además del asesinato de muchos de sus integrantes. 

La Revolución Mexicana les representó la oportunidad de sumarse a los movimientos de Madero y de Obregón, que en ambos casos, les prometieron la recuperación de sus tierras perdidas durante el Porfiriato. Ninguno les cumplió por lo que en la década de los 20, hubo movilizaciones en la zona yaqui para exigir la restitución de su territorio

En octubre de 1937, el presidente Lázaro Cárdenas firmó un decreto para restituir sus tierras y sus aguas, estableciendo linderos, pero no dejando claros los límites. Pero, en este acuerdo, no quedaron resueltas las peticiones de la devolución de las tierras de Cocorit y Bacum y sólo se permitió el uso de la mitad del caudal del río Yaqui que se almacena en la presa La Angostura

A pesar del acuerdo, se han expedido múltiples concesiones sobre el territorio yaqui, incluyendo una autopista de peaje, cables eléctricos y comunicación, parques acuícolas para el cultivo de camarón, oleoductos, gasoductos y acueductos, sin un beneficio directo hacia ellas.

En contraparte, obras acordadas como la permisión de la construcción del acueducto Yaqui-San Carlos para la provisión de agua a las ciudades de Guaymas, Empalme y San Carlos a cambio de proyectos de infraestructura y distribución de agua potable a 23 ciudades yaquis, no se realizó ningún pago ni se han proporcionado los servicios prometidos.

En 1997, el entonces presidente Ernesto Zedillo expidió un Decreto expropiatorio de 431 hectáreas para convalidar la propiedad ejidal y autorizó a la Secretaría de la Reforma Agraria poner a disposición del Estado dos mil 257 hectáreas para riego. Ninguna de las expropiaciones fue a favor de las poblaciones locales sino que se otorgaron a terceros. Por esas acciones, se interpuso un amparo por parte de las autoridades tradicionales. 

Ese recurso fue desechado al declararse sobreseído, y después indicar que dicho decreto es firme e inamovible jurídicamente por lo que la única opción era aceptar las indemnizaciones ofrecidas. 

En 2006, Alberto Saldamando, del Consejo Internacional de Tratados Indios, y algunas autoridades tradicionales yaquis presentaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que fue admitida en 2015. Además de los hechos anteriores, se denunció que las concesiones de agua nunca fueron respetadas y se construyeron otras represas sin una consulta previa, generándoles restricciones en el acceso al agua y una reducción de su territorio de más de 10 mil hectáreas. 

Una de las respuestas institucionales es el Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui para solucionar deudas históricas en temas como tierras y territorio, derecho al agua, educación, cultura, salud y medicina tradicional e infraestructura social y básica promulgado en octubre de 2020. De este, se espera que haya una disculpa pública en septiembre de este año.

Lamentablemente, en los últimos dos meses se ha recrudecido la violencia en su contra. A finales de mayo, despareció Tomás Rojo, vocero y activista y de quien el 27 de mayo se confirmó su muerte. En junio, Luis Urbano Domínguez, defensor del agua, fue asesinado en Ciudad Obregón.

Ante la situación, instancias universitarias como el Programa de Investigación para la Sustentabilidad de la Universidad Autónoma Metropolitana y el Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones de la UNAM han hecho un llamado para cesar el acoso hacia el pueblo yaqui, históricamente vulnerado, pero un ejemplo de resistencia

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