La conformación del Consejo Consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) es, a mi juicio, la decisión más afortunada que ha tomado el organismo en sus 18 meses de existencia.
No conozco a todos sus miembros, aunque sí a la mayoría. Varios repiten del Consultivo de COFETEL donde dieron muestra no sólo de su experiencia sino —más importante en el sector— de su independencia. Algunos fueron críticos del Pleno anterior y, para ciertos temas, referente obligado.
El Pleno del IFT no se ha equivocado en esta decisión y la prueba más clara es que horas después de anunciar su integración, tres consejeras criticaban públicamente la decisión del Instituto en materia de multiprogramación. Álvarez, Calleja y Levy fueron implacables al señalar las debilidades e implicaciones de esa desafortunada decisión. Las tres entendieron correctamente que la pertenencia al Consejo no es, no puede entenderse, como mecanismo para comprar lealtades o instancia que inhiba el debate público.
Uno se da cuenta que el IFT ha acertado en la integración cuando los concesionarios acostumbrados a ejercer el dominio de la opinión pública reaccionan de manera casi violenta en contra de las tres consejeras por el simple hecho de externar su opinión, que en este caso se contrapone a sus intereses económicos.
Tendrán que acostumbrarse. La Constitución mandata al Consejo la atención de los principios y derechos ciudadanos consagrados por los artículos 6° y 7° constitucionales, no la representación empresarial de nadie. No se deben ni a los comisionados que los han nombrado ni deben preocuparse por los intereses económicos de los actores económicos preponderantes. Su obligación está con nosotros los ciudadanos.
Hace muy bien el IFT en entender que la fortaleza institucional no radica en tener un Consejo de enanos que aplauda sus decisiones, sino quince expertos independientes que enriquezcan el debate, que lo confronten (en público y en privado) cuando sea necesario y que adopten prácticas que hagan al Instituto cuestionarse las propias.
El Consultivo también ha empezado con el pie derecho. Informa que sus sesiones serán públicas. Con ello envía el primer mensaje al Pleno que asesora y que se ha negado a abrir las suyas. Establece una agenda de trabajo, aceptará opiniones disidentes y da en el blanco con los temas que se impone como punto de partida. Por si fuera poco, además elige a su Presidente y en ello también acierta.
Ernesto Flores es un académico intachable, inteligente e independiente. Su solidez técnica es reconocida nacional e internacionalmente. Quizá hoy enfrenta una prueba poco conocida para él: salir de la madriguera, tener un perfil público y, de vez en cuando, ser objeto de críticas y presiones.
La colaboración con la justicia es un tema que ha sacado ámpulas y el Consejo se lo echa al hombro. Saber que ahora será revisado por ellos da tranquilidad, al menos a mí.
Que las plumas amaestradas de los concesionarios dejen de ser las únicas opinando sobre la Red Compartida en 700MHz es otra gran noticia y urgente necesidad. Tener a quince especialistas revisando el proyecto y opinando con independencia será fundamental para quienes aún se toman en serio el mandato constitucional de construir una red que sirva a todos los mexicanos, no a unos cuantos.
El Consejo nace con dos problemas derivados de la ley. Los consejeros deberían recibir algún tipo de compensación por su tiempo y conocimientos. La encomienda que se les hace no es sencilla y su esfuerzo debió retribuirse, aunque fuera de manera simbólica. La ley lo prohíbe expresamente y eso es un error.
El segundo problema es la duración del encargo. Un año es poco tiempo para cualquier cosa y, más importante aún, se deja a los consejeros a expensas de represalias en contra de quienes sean más explícitos en sus críticas. Es un incentivo que debió eliminarse estableciendo una membresía más duradera.
La interacción entre el Consejo y el Pleno será interesante en varios sentidos. Me concentro en dos. Primero, no podemos descartar que algún consejero busque un lugar en el Pleno del IFT. Una silla quedará vacante a principios de 2016 y varios de los consejeros participaron —y aprobaron— los exámenes en 2013.
Esto me lleva al segundo punto. Los consejeros no le piden nada a los comisionados en términos de capacidad y experiencia. La Ley es clara respecto del papel de cada instancia y sabemos que las opiniones no son vinculantes, pero habrá momentos en los que una opinión del Consultivo goce de más credibilidad y legitimidad que determinada resolución del regulador. Ello porque el Pleno se ha atrevido a conformar un Consultivo de extraordinario nivel. Aplauso.