Con base en información oficial, la tasa de 1997 del número de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, cometidos con arma de fuego – es decir, desde que contamos con cifras oficiales sistematizadas – al 2016, creció en un 432.98%.
Analizar esta información por tasas nos permite comparar el tamaño del problema, sin que alguien pueda argumentar que el aumento de la población genera un sesgo sobre los resultados y permite ser objetivos.
Dicho de otra manera, comparando lo comparable, es innegable que en estos 21 años, la violencia ejercida con arma de fuego, se ha vuelto un problema cada vez más urbano y cada vez más cercano a la población.
Paralelamente, en la última década, debido a la "Guerra contra el Narco", en nuestro país han sobrado las declaraciones más o menos abiertas de que Estados Unidos de América – EE. UU. – es el responsable de este problema. De este país es de donde proviene la mayor parte de las armas usadas por la delincuencia organizada para ejecutar su actividad delincuencial, es tarea de las autoridades norteamericanas aumentar las restricciones en la compra de armas dentro de su territorio, particularmente aquellas de grueso calibre que luego entran ilegalmente a México.
Ante el aumento de la violencia de este 2017, donde el homicidio doloso ha crecido 27.37%, comparado contra el mismo periodo de 2016, las autoridades federales, estatales e incluso municipales, han aprovechado que con la implementación del Sistema de Justicia Penal Adversarial – SJPA –, la portación de armas no implica prisión preventiva oficiosa para los imputados, para justificar por qué este año cerrará probablemente como el más violento de por lo menos las últimas dos décadas.
Es decir, si analizamos los datos y las declaraciones oficiales, la autoridad más o menos reconoce que es cierto que vivimos una crisis de violencia donde las armas de fuego son un componente clave de la misma, pero la culpa se debe por un lado a la falta de sensibilidad de autoridades extranjeras ante el problema que vivimos en México y que no modifican su legislación para la adquisición y portación de armas de fuego y, por otro lado, del SJPA que "libera a los delincuentes armados, previamente detenidos por las autoridades y que salen a las calles, inmediatamente a matar".
Escuchar a una autoridad dar estos argumentos es sumamente preocupante debido a que evidencia una falta de entendimiento del problema o una incapacidad para rendirle cuentas a la sociedad sobre los resultados de su actuar.
Es cierto que la disponibilidad ilegal de armas de fuego es un problema que debe ser resuelto apoyándose en la diplomacia internacional, que la localización de estas en el territorio es difícil y que es indudable que las armas son un factor de riesgo clave para el aumento de la violencia.
Sin embargo, la solución para que haya menos armas ilegales en el país está en políticas públicas específicas que reduzcan su ingreso y su comercialización ilegal, al tiempo en que se trabaje para el decomiso de las que ya se encuentran en el país.
El conjunto de autoridades debe recordar que:
1. Es tarea del gobierno mexicano proteger y resguardar las fronteras. Lo que ingrese ilegalmente, es nuestra falla. Ciertamente debe existir en este contexto una corresponsabilidad de las autoridades aduanales y de seguridad de las fronteras de los países vecinos, pero si algo entra ilegalmente a nuestro país, la falla es nuestra.
2. Las armas entran por todas las fronteras, ya sea ensambladas o en partes. De nuevo, esto implica que si hay una importante disponibilidad de armas en el país es porque alguien, entre el conjunto de autoridades mexicanas – SAT, Policía Federal, SEMAR, SEDENA – está fallando en resguardar los puntos de ingreso (puertos, aeropuertos, garitas) al país.
3. Las armas se mueven por el país, por lo que los encargados de resguardar las carreteras del país fallan y han fallado en decomisar lo que ya ingresó.
4. Las armas se comercializan en nuestro territorio, por lo que las autoridades locales pueden colaborar y ser clave en el decomiso y desmantelamiento de los mercados ilícitos de venta de armas.
5. Si en el nuevo SJPA la prisión oficiosa no se otorga con facilidad es porque este sistema está pensando en privilegiar la actuación en procuración de justicia plenamente apegada a derecho. Si la detención es violatoria de los derechos del imputado, si no se cumple adecuadamente con la cadena de custodia o si el Ministerio Público no es capaz de demostrar la peligrosidad que implica la libertad de un sujeto, es obvio que la prisión preventiva no se otorgará y el sujeto accederá a los derechos que le da la ley, enfrentando el juicio en libertad – donde el juicio sigue su curso –. Esto no excluye que también pueden existir deficiencias, errores o corrupción de los juzgadores a la hora de ejercer su labor. Por eso, antes de modificar el catálogo de delitos que requieren prisión preventiva oficiosa, urge un diagnóstico de las capacidades y competencias institucionales y personales para entender qué se está haciendo bien y qué se debería reforzar.
Otro aspecto que se debe recordar es el impulso a una urgente reducción de las armas en el país. La gente se siente insegura y las víctimas están enojadas ante la incapacidad del Estado de garantizar la seguridad y esto ha llevado a que algunos opten o soliciten vivir en una sociedad armada.
La respuesta a balazos ante un asalto, la resolución de conflictos dirimida con armas de fuego es parte de la otra cara de vivir en un país donde sus gobernantes improvisan, donde son incapaces o desinteresados ante el fenómeno de una sociedad a la que le llegan cada vez más armas.
En resumen, si se busca mejorar la percepción de seguridad mediante la reducción de la incidencia delictiva y la violencia, se debe partir de un diagnóstico objetivo de las capacidades del Estado para enfrentar desde la justicia, la comisión de delitos con armas; al tiempo que se genera una política específica de reducción diferenciada según la manifestación del ingreso de armas ilegales al país, así como su comercialización, siendo autocríticos y con un enfoque de respeto a los Derechos Humanos y de rendición de cuentas a la sociedad.
Dichas acciones deben ser urgentes para que se proteja la vida de las personas que viven o transitan por nuestro país, para reducir la capacidad mortal de los delincuentes y para fortalecer el Estado de Derecho y la cultura de la legalidad.
Una sociedad con más armas es potencialmente más violenta. La solución la debe poner el Estado sin delegarla a los privados, sin descargar responsabilidades en autoridades extranjeras y sin salidas fáciles que pueden llevarnos a un peligro mayor en el futuro.
Director General del Observatorio Nacional Ciudadano