Opinión

El principio de paridad de género en las gubernaturas adquiere carta de naturalización

La paridad de género es un principio constitucional fundamental del Estado mexicano. | Carla Humphrey

  • 31/03/2022
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El pasado 29 de marzo, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), su máximo órgano de dirección, aprobó el acuerdo relativo al análisis del cumplimiento de paridad de género en la postulación de las candidaturas a gubernaturas en los procesos electorales locales con elección el próximo 5 de junio, para dar cumplimiento a los criterios generales emitidos el 27 de agosto de 2021.

Por segunda ocasión, el Consejo General emite dichos criterios. La primera vez fue para la elección del año pasado en la que se renovaron 15 gubernaturas y la historia que hay que contar a partir de la emisión del referido acuerdo es muy diferente.

Los criterios generales aprobados para la elección de este año no fueron impugnados por ningún actor político. Asimismo, debe reconocerse que en el registro de las candidaturas todos los partidos políticos y coaliciones cumplieron con el principio de paridad. Incluso un instituto político postuló a 4 mujeres superando el piso mínimo establecido en el acuerdo. Recordemos que este año 6 entidades renovarán a la persona titular del Ejecutivo local.

En cambio, las reglas que se aplicaron el año pasado causaron un gran revuelo; quizá porque fue la primera vez que se aplicaron. Hubo una férrea oposición en distintos sectores de la vida pública, así como diversas impugnaciones ante la autoridad jurisdiccional y una sentencia polémica.

Esta gran diferencia, a un año de distancia, pone en evidencia que el principio de paridad en la postulación de las candidaturas ha permeado sustancialmente en las y los actores políticos, lo cual significa que se han logrado derribar importantes obstáculos para la participación política de las mujeres en un ámbito en el cual, históricamente, su participación ha sido escasa.

La reforma constitucional de 2019, que todos conocemos coloquialmente como paridad en todo, constituye un parteaguas en la vida política de nuestro país; pues significó un cambio de paradigma, al considerar que todos los órganos públicos de los tres niveles de gobierno deben integrarse de forma paritaria.

La implementación de esta reforma constitucional no ha estado exenta de tropiezos, pero afortunadamente, poco a poco son cada vez más aceptados los avances en este tema.

Sin embargo, no es momento de bajar la guardia, pues en materia de participación política de las mujeres es muy fácil perder el terreno ganado. Hay que prestar atención a posibles retrocesos y perfeccionar las medidas existentes.

Las candidaturas a las gubernaturas presentan claroscuros. Por ejemplo, en el Estado de Aguascalientes, por primera vez en la historia de nuestro país, todas las candidatas serán mujeres, por lo que se encuentra asegurada una gobernadora más.

Asimismo, del total de candidaturas registradas en todas las entidades federativas con elecciones locales este año, 13 corresponden a mujeres y 12 a hombres, esto es, hay mayoría de candidatas mujeres.

En cambio, en el Estado de Tamaulipas no hay ninguna mujer candidata, lo cual perpetúa la exclusión que ha existido en la entidad, pues nunca ha tenido una gobernadora. Esperemos que en las siguientes elecciones no encontremos procesos sin mujeres postuladas a un cargo de elección popular.

Asimismo, se encuentra pendiente la reforma ordenada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), emitida desde el 14 de diciembre de 2020, en la cual ordenó, tanto al Congreso de la Unión, como a los congresos locales, legislar la paridad en la postulación de gubernaturas, con el fin de contar con leyes que permitan hacer efectivo dicho principio.

La paridad de género es un principio constitucional fundamental del Estado mexicano que se ha transformado en una de las piezas clave del sistema político de nuestro país. Es, además, una de las principales expresiones de los derechos humanos de igualdad material, dignidad y no discriminación que constituyen ejes fundamentales del estado democrático de derechos.

Los resultados de las pasadas elecciones, que tuvieron como resultado que 6 mujeres ocupen el poder ejecutivo de su entidad, para llegar a 7 a nivel nacional, permitieron recabar experiencias importantes sobre las medidas adoptadas para cumplir con el principio de paridad. Asimismo, los próximos procesos electorales permitirán sumar el cúmulo de experiencias en este sentido.

Bajo este contexto, debemos avanzar y mejorar las medidas establecidas para la consolidación de la participación de las mujeres en las gubernaturas, así como en la erradicación de la violencia política en razón de género, para que pronto logremos contar con 16 mujeres en las gubernaturas de nuestro país.  Es un derecho por el que seguiremos luchando hasta alcanzarlo.

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