Cuando los procesos penales y la retención de recursos económicos se vuelven políticos, como ocurre en el conflicto que enfrenta el gobernador del estado de Chihuahua, Javier Corral con la Federación, se pierde credibilidad en las instituciones. Parece que se usan para vendettas personales y no para defender los intereses de una mayoría.

La acusación lanzada por el gobernador Javier Corral en contra del Secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya de retener una partida de más de 700 millones de pesos a favor del gobierno de Chihuahua a cambio de que deje de investigar la corrupción de sus antecesores, es muy grave, tan grave, que puede ser constitutiva de delitos en contra del funcionario hacendario federal, e incluso de responsabilidades administrativas que pueden motivar la destitución e inhabilitación de su puesto.

Si en verdad se condiciona una importante partida presupuestal a cambio de la impunidad de un séquito de priístas, el gobernador debe actuar en consecuencia ante las instancias penales correspondientes y no dejarlo como mero discurso. No basta la controversia constitucional que anuncia.

Corral tiene una carga probatoria


El artículo 217 del código penal federal reconoce ciertas conductas de funcionarios públicos que pueden ser constitutivas de delitos como el de "uso ilícito de atribuciones o facultades" que da penalidades de seis meses a doce años de prisión. O delitos como el de intimidación que da a funcionarios sanciones de dos hasta nueve años de prisión. Pero en cualquier supuesto quién acusa está obligado a probar. El gobernador Corral tiene esa carga probatoria.

Son distintas preguntas que deben responder funcionarios del gobierno de Chihuahua y la parte hacendaria federal para entender este litigio mediático.

¿El gobierno de Chihuahua cumplió con todos los trámites para hacerse beneficiario de dichos recursos? ¿Por qué en 2016 sí se entregaron esos recursos y ahora no? ¿Todos los requisitos que exige la normatividad para obtener esos recursos fueron cumplidos por los funcionarios estatales? ¿Son automáticos los pagos del gobierno federal a los estados de la Federación sin injerencia de estos? ¿La disposición de estos recursos se pueden disponer por el gobierno federal, de manera discrecional, como le venga en gana?

¿Quién está en falta?

¿El gobierno de Chihuahua o la Secretaría de Hacienda?

Si no se responde a estas preguntas difícilmente se podrá saber quién tiene la razón.

De primera instancia, sin más elementos se podría decir que es el gobierno Federal, a través de la Secretaría de Hacienda, quien está en grave falta, al ser este Estado, según el gobernador, el único que no recibió este apoyo, pero esos elementos deben ser debidamente probados por el mandatario chihuahuense.

En las entrevistas al gobernador Javier Corral que se difundieron después de la denuncia que hizo de manera pública el lunes 8 de enero sobre la retención de fondos por la investigación de desviación de recursos para el Partido Revolucionario Institucional (PRI), una de ellas con la periodista Carmen Aristegui, el funcionario estatal a veces parecía que hablaba como fiscal del estado y otras como gobernador.  Esa manera de responder, como si fuera dueño de la acción penal, le quita fuerza a sus acusaciones por muy graves que sean. 


Un gobernador no puede ser juez y parte, ministerio público y gobernador del estado a la vez.

El Fiscal del Estado ni el juez de control, son empleados del gobernador, estos son funcionarios con autonomía que deben sujetarse a los hechos debidamente probados y que sean constitutivos de delitos.

Cuando le preguntaban al gobernador sobre la posible implicación del político priista Manlio Fabio Beltrones en la investigación sobre la desviación de recursos, llegó a afirmar con jactancia que hasta ese momento no tenía responsabilidad, pero después podrían aparecer elementos que lo podrían enjuiciar. Ese tipo de expresiones, aunque sean obvias, no son propias de un gobernador, ni siquiera de un ministerio público. No se puede usar el sistema penal como arma política, como amenaza, porque es caer en la misma suciedad que se condena.

¿Es el PRI quien está acorralado o el gobernador del estado de Chihuahua?

Se requiere transparencia en este proceso por la trascendencia de las acusaciones.

Lo que ocurre en Chihuahua es muy grave porque, de probarse los hechos judicialmente, se estará desnudando el empleo de gobernadores afines al gobierno federal de disponer de recursos económicos, como si fueran propios, en favor del PRI sin dejar huella alguna. En otras palabras, el manejo de recursos de manera ilícita para que la pandilla siga gobernando.

¿Hasta cuándo?

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@Manuel_FuentesM @OpinionLSR | @lasillarota




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