Opinión

El precio de las omisiones en el mando

¿Cómo sucede este fenómeno que causa efectos negativos en las tropas? Pues comienza desde la concepción de la misión. | César Gutiérrez

  • 17/12/2019
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En los primeros once meses de esta nueva administración, la CNDH ha documentado 430 quejas en contra del Ejército, la mayoría relacionadas con presuntos actos violatorios cuando realizan detenciones arbitrarias, trato cruel, empleo arbitrario de la fuerza, tortura e intimidación.

Estos aspectos se presentan ante la omisión en el desarrollo de las operaciones, ya que en todos los niveles de mando existen responsables de la supervisión y ejecución de las misiones asignadas a los destacamentos desplegados en cada jurisdicción territorial.

¿Cómo sucede este fenómeno que causa efectos negativos en las tropas? Pues comienza desde la concepción de la misión. ¿Cuál es la tarea que van a desarrollar en las áreas urbanas? ¿Cuál es el objetivo a alcanzar? ¿Qué metodología o indicadores se utilizarán para medir ese control del índice de incidencia? ¿Cómo se llevará a cabo el procedimiento para efectuar los actos de molestia con el ciudadano? ¿Quién brinda un apoyo real en la parte legal, cuando ese personal militar que está desplegado en áreas urbanas y rurales requiere hacer del conocimiento del ministerio público la comisión de un delito, elaborar la puesta a disposición, la cadena de custodia, para ir creando la trazabilidad de los hechos conforme fueron sucediendo y evitar caer en contradicciones en las diferentes etapas del proceso penal, al crear historias que violan el debido proceso, la manipulación de pruebas, la mecánica de hechos y los informes periciales?

Una vez que queda establecida la misión y los procedimientos autorizados, inicia la fase de ejecución, de aquí nace la responsabilidad de las órdenes por escrito, para establecer la corresponsabilidad de cuando no se ejerce la debida supervisión del desarrollo de las operaciones, ya que todos los comandantes de diferentes niveles deben estar comunicados y no pueden justificar ignorancia de lo que hagan o dejen de hacer sus tropas bajo su mando. Una vez que se finalizan los períodos de cada operación, se hace el recuento de los resultados y los efectos que se causaron en el ámbito social, político y económico en cada área de incidencia.

Por lo tanto, no puede existir una falta de control de tal magnitud en materia de derechos humanos, porque todo el personal militar sabe de las consecuencias al cometer una conducta ilícita, pero es importante establecer que existe la posibilidad de no recibir bien las órdenes o la modificación por cuenta propia del elemento; debe quedar claro, el grado de la omisión y la responsabilidad en cada nivel.

El ejército es muy disciplinado y no da cabida al incumplimiento de las órdenes, el personal que está desplegado en los destacamentos, debe ajustar su conducta con mucho cuidado, ya que en estos tiempos actuales, una mala decisión, tanto del comandante de la sección, sus sargentos, cabos y soldados, puede provocar que sean procesados y juzgados conforme al sistema procesal penal acusatorio, dejando a sus familias en estado de indefensión y con muchos gastos encima, perdiendo sus derechos y cumpliendo una pena en la cárcel. Ése es el precio de las omisiones.

Caso García Luna

En la reciente detención en EU del ex secretario de seguridad pública Genaro García Luna, el Gran Jurado lo acusó formalmente ante la Corte de Brooklyn, en NY, por participar activa y premeditadamente desde el año 2001 al 2018 en presuntas actividades ligadas al narcotráfico.

Se dice que cuentan con pruebas que documentan la presunta complicidad del ex secretario con actividades del crimen organizado, utilizando su cargo público, similar a lo que en México se tipifica como delincuencia organizada, pues implica la colaboración con otras personas en una red delictiva.

Este escenario dará mucho que decir y hará temblar a todas las personas cercanas a García Luna, ya que la impunidad no viene sola, siempre hay diversos actores que participan con sus nexos para bien o para mal. Lo que importa es que se realice justicia en México cuando se compruebe que existe un mal funcionario público.

Recordando que no hubiera sido posible el ascenso y encumbramiento de este personaje si no hubiera estado bajo el cuidado y protección de quien fue su jefe: el General Rafael Macedo de la Concha, quien fue Procurador General de la República en el sexenio de Vicente Fox Quesada. El General Rafael Macedo de la Concha está en la mira de la Unidad de Inteligencia Financiera y de la Fiscalía General de la República debido a su inmensa fortuna y la de sus hijos, la cual sería inexplicable con el salario de un funcionario público. El General Macedo de la Concha pertenece a la cofradía del poder que ha ostentando el poder durante los últimos veinticuatro años en la Secretaria de la Defensa Nacional. Veremos si el General Secretario permitirá que se investiguen a todos estos oscuros personajes o los proteja con el argumento de proteger el buen nombre del Ejército Mexicano.

La SCJN

El discurso del ministro Zaldívar abre un parteaguas de la manera de informar y rendir cuentas. Es parte fundamental de un cambio que requiere México, es necesario comenzar a cambiar la mentalidad de la corrupción por medio de la discreción y clientelismo, es necesario que la Secretaría de la Función Pública y los Órganos Internos de Control, comiencen a dar resultados para sancionar a todos los funcionarios públicos que no cumplan con su trabajo. Hoy la SCJN debe ser el ejemplo que implique el compromiso real de cada uno de los Consejeros que integran el Consejo de la Judicatura Federal y alrededor de 48,000 servidores públicos que integran el Poder Judicial. Es menester que se detecten oportunamente a los despachos que tengan nexos que provoquen conflicto de interés en el manejo de los asuntos.