Opinión

El poder judicial, los arrepentidos del PAN y el IFT

¿El poder judicial está cediendo a las presiones de Televisa? Lee sobre la polémica remoción y más sobre derechos de audiencias, junto con Aleida Calleja

  • 12/12/2017
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En un contexto electoral y con serias preocupaciones sobre la iniciativa gubernamental para una aprobación de la Ley de Seguridad Interior que ha unificado voces en su contra de los más diversos sectores de la sociedad nacional y de la comunidad internacional, menos relevancia han tenido algunos acontecimientos en la agenda del sector de radiodifusión y telecomunicaciones que preparan también escenarios altamente regresivos.

Uno de ellos es la remoción del magistrado Jean Claude Tron Petit de los tribunales especializados en Radiodifusión, Telecomunicaciones y Competencia Económica por parte del Consejo de la Judicatura Federal para regresarlo a su tribunal administrativo de origen.

Para quienes seguimos de cerca lo que acontece en el sector fue una muy mala noticia, ya que ha sido un juzgador probo y honesto, pero sobre todo porque el sentido de sus votos y sentencias tienen claramente una perspectiva progresiva en materia de derechos humanos aplicada a temas altamente técnicos o económicos. Como lo han consignado la semana pasada otros colegas como Irene Levy, Clara Luz Álvarez y Gabriel Sosa Plata, además ha tenido en sus manos la resolución de temas álgidos que tocan poderosos intereses de los regulados, el último de ellos fue ordenar al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) la reposición del proceso para determinar si Televisa tenía poder sustancial de mercado en la televisión de paga, lo que obligó a ese Pleno a revocar su decisión inicial y finalmente establecer que esa empresa sí tiene poder sustancial de mercado por lo que debería de imponerle una regulación asimétrica para que no aproveche su posición en detrimento de la competencia y por ende de los usuarios de ese servicio. Han pasado nueve meses sin que hasta el momento haya dado a conocer las medidas específicas para tal efecto.

Ninguna explicación ha dado el poder judicial ante la remoción del magistrado Tron Petit, esta opacidad junto con la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de atraer el amparo interpuesto por Televisa para atacar la última decisión del IFT de su poder sustancial en la TV de paga, genera más sospechas, pues los tribunales especializados en Radiodifusión, Telecomunicaciones y Competencia Económica  estaban más que capacitados para resolver el tema, por lo que no se suponía que la Corte tuviera que inmiscuirse.

¿El poder judicial está cediendo a las presiones de la Televisora?

Ojalá que no, pues hasta ahora su papel en estos temas ha sido plausible, por lo que espero equivocarme rotundamente.

Otro hecho relevante que también genera mucha preocupación es lo que refiere a los derechos de las audiencias, que vive otro capítulo de obstáculos y sospechas de presiones indebidas a otro de los poderes del Estado, en este caso el Senado de la República.

Los senadores que se “arrepintieron”


El jueves 7 de diciembre por la noche nos enteramos que seis senadores del Partido Acción Nacional (PAN) Fernando Herrera Ávila, Sonia Mendoza Díaz, Silvia Guadalupe Garza Galván, Francisco Salvador López Brito, María del Pilar Ortega Martínez y Rosa Adriana Díaz, tenían toda la intención de acudir a la SCJN para confirmar su “desistimiento” de la acción de inconstitucionalidad interpuesta por 47 senadores en contra de las reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que derogan de un plumazo los derechos de las audiencias, misma que ellos habían avalado con su firma, sin ellas el número se reduciría a 41 senadores con lo cual quedaría sin efecto la acción interpuesta.

De acuerdo al Artículo 20, fracción I, de Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del articulo 105 de la Constitución determina que no puede haber desistimiento en acciones de inconstitucionalidad cuando se refiere a leyes generales, por lo que resultaba extraño que la corte les hubiera impuesto su presencia para la ratificación de su desistimiento.

Nos explican los abogados litigantes de la causa, que esa fue la salida de la corte porque esos senadores entregaron su escrito de desistimiento el 29 de noviembre, es decir un día antes de que expirara el plazo para combatir la norma impugnada, por lo que era una circunstancia inédita que no está contemplada en el reglamento.

De manera tramposa y en sigilo, estos legisladores entregaron un escrito de desistimiento un día después de que se entregara la acción en la corte por parte del resto de sus compañeros, dándole la espalda a ellos y al resto de la sociedad porque con ello impiden que se haga el debido control constitucional para determinar si los cambios cumplen con los preceptos constitucionales de garantías para la ciudadanía, ¿a que le tienen miedo estos senadores para que eso suceda? ¿Qué les es más importante que la revisión del interés general cuando su obligación es preservarlo como senadores? ¿Quiénes les presionaron y por qué cedieron a esa presión? ¿Para quiénes realmente trabajan?

Muchas explicaciones públicas nos deben estos personajes sobre su actuar opaco. Explicaciones también nos debe el líder del PAN, Ricardo Anaya, ante el súbito arrepentimiento de sus correligionarios, quien ha guardado silencio ante los reclamos en redes respecto de esta situación.

Tendremos que aguardar hasta el último minuto de este miércoles, tiempo que les dio la corte para reafirmar personalmente su desistimiento, para saber si finalmente Fernando Herrera Ávila, Sonia Mendoza Díaz, Silvia Guadalupe Garza Galván, Francisco Salvador López Brito, María del Pilar Ortega Martínez y Rosa Adriana Díaz, permitirán que el poder judicial haga su trabajo para fallar si nos han quitado nuestros derechos como audiencias o si serán cómplices con aquellos intereses que prefieren atropellar los derechos de millones para sus ganancias personales.

El senador Ernesto Ruffo Appel, promotor de la acción al interior de la cámara alta y quien consiguiera las firmas que representan un tercio de los legisladores, está trabajando para que en caso de que los arrepentidos retiren su firma, puedan aceptarse otras firmas de senadores que respaldan la acción legal de revisión de los cambios en la ley.

Veremos si la corte lo acepta. Así que la situación esta de pronóstico reservado.

IFT ¿regulador capturado?


Entrada la tarde de este lunes 11 de diciembre, nos enteramos que la mayoría del Pleno del IFT decidió no interponer una controversia constitucional ante la SCJN para defender su facultades para garantizar los derechos de las audiencias, de nueva cuenta solas quedaron en esta batalla las comisionadas Adriana Labardini y María Elena Estavillo y el comisionado Adolfo Cuevas Teja, pésima noticia para la institucionalidad del país. A ese pleno le faltó altura de miras, como bien dijo el periodista Adrián Arias el IFT si interpone controversia  pero para ocultar información sobre reuniones con regulados vs INAI, pero no para defender nuestros derechos.

Estamos nuevamente ante un regulador capturado que pretende quedar bien con el Ejecutivo, una parte del Congreso que está aliado con los regulados.

Más valentía mostraron los senadores que promovieron la Acción de inconstitucionalidad, en balde los esfuerzos de muchos para tener un regulador independiente y fuerte frente a las poderosas industrias del sector. Los comisionados que votaron en contra nos deben una explicación amplia y pública, pues no se les debe olvidar que somos la ciudadanía quienes les pagamos y a quienes se deben, no a sus fútiles intereses.

Ahora sí que con ellos ni la Virgen de Guadalupe nos hizo el milagro.

@callejag | @OpinionLSR | @lasillarota