Después de la serie de acontecimientos que se dieron con la detención del exsecretario de la defensa nacional Salvador Cienfuegos Zepeda, aquel ya lejano 15 de octubre de este año, hasta el retiro de cargos y repatriación a nuestro país en fecha 18 de noviembre de este tan atípico 2020, no es posible dejar de hacer un análisis de toda esta serie de acontecimientos de novela policiaca y trama política, mejor que cualquier libro de Dan Brown.
En México la detención del general Salvador Cienfuegos fue una bomba en todo el país, que estremeció los cimientos de la Secretaría de la Defensa Nacional, misma que no se pronunció, ni se ha pronunciado sobre dicho acontecimiento. La serie de especulaciones que se dieron en los medios tradicionales, digitales, redes sociales y especializados abarcaron desde el pleito entre la caballería y la infantería por el control del poder militar, hasta las más grandes intrigas de poder entre México y Estados Unidos.
Pasaron los días y, de a poco, fue fluyendo la información sobre las imputaciones en contra del general, las cuales eran por tráfico de drogas y colaboración al fomento para el tráfico de drogas internacional hacia EU, así como por lavado de dinero producto de esa supuesta actividad criminal.
Se llevó a cabo la primera audiencia en donde el general ofreció el pago de una fianza por la cantidad de $750,000.00 (setecientos cincuenta mil dólares) que eran, de acuerdo a su abogado, los ahorros de toda su vida. Asimismo, vimos cómo el Juez Federal negó dicha posibilidad por la capacidad de contactos, tanto en México como en EU para que el general en retiro pudiera huir de la acción de la justicia norteamericana. Se dio su traslado a una corte en Brooklyn, New York, donde hubo un cambio en los defensores del general retirado, mismos que se supo tenían una estrecha relación con el consulado de México en NY. Se llevó una nueva audiencia donde el general Cienfuegos ratificó su inocencia y se preparaba para ir al juicio más importante de su vida, donde seguramente se jugaría el todo por demostrar su inocencia, fijando los tiempos de preparación la corte, notificando a los fiscales federales y a la defensa del acusado los tiempos para preparar la información y pruebas a presentar en la corte, así como su teoría del caso.
En esos días se filtró a la prensa una solicitud de su abogado defensor Edward Sapone, donde solicitaba a la corte se diera la posibilidad de entablar pláticas con los fiscales federales para ver la viabilidad de un acuerdo y no ir a juicio, de igual manera que si no se llegaba a un acuerdo, se prepararían para afrontar el juicio y las imputaciones en contra del general en retiro. Esta noticia no fue bien recibida por la cúpulas de poder al interior del Ejército Mexicano, ya que se estaba insinuando que el General Salvador Cienfuegos Zepeda estaba meditando la posibilidad de aceptar ser culpable de los delitos de tráfico de drogas y lavado de dinero por apoyar a un Cártel de la drogas, lo cual sería totalmente inadmisible; de haber ocurrido esto, estaría condenando a todo el Ejército Mexicano y perjudicaría la imagen de la institución militar, al igual que a todos sus miembros, en especial del generalato mexicano.
Sin embargo, lo que tal vez no se entendió en la solicitud del abogado del general Cienfuegos, es que esas conversaciones para llegar a un acuerdo se realizaban por parte del gobierno mexicano por medio de su canciller Marcelo Ebrard Casaubón, directamente con el Fiscal Federal de Estados Unidos Willian Barr, y en contacto directo con su homólogo mexicano el Fiscal General de la Republica Alejandro Gertz Manero, para conseguir desestimar el caso en contra del exsecretario de la Defensa Nacional, y permitir a México ser quien juzgue al general retirado Salvador Cienfuegos.
Así las cosas, el 17 de noviembre vimos el comunicado del Departamento de justicia de EU, que anunciaba el retiro de las acusaciones contra el general en retiro, explicando una serie de situaciones de carácter legal, que atendían a condiciones geopolíticas de la relación bilateral con México. El 18 de noviembre el general Salvador Cienfuegos Zepeda llegó a la Ciudad de Toluca, Estado de México, como un ciudadano mexicano libre, en su calidad de general de División DEM retirado, donde se le practicó el examen médico protocolario, se le notificó que existía una investigación en su contra por parte de la Fiscalía General de la República y se retiró a su domicilio particular.
El día 18 de noviembre, yo di entrevistas a varios medios de comunicación, pero fue con la periodista Carmen Aristegui donde, en un análisis jurídico en mi carácter de especialista en derecho penal y penal militar, le mencioné que a mi consideración el general Salvador Cienfuegos Zepeda llegaría al país como un hombre libre, que se le notificaría que existía una investigación en su contra, y que lo veríamos retirarse a su domicilio particular. También comenté que en unos meses veríamos al general totalmente exonerado de todos los cargos que se le imputaban, lo que le causó sorpresa y me cuestionó cómo podía yo asegurar eso, por lo que le mencioné que no veía factible que un juez mexicano considerara legales las pruebas que se habían mandado por parte del departamento de justicia de EU y los fiscales federales de aquel país, ya que carecían de legalidad y validez en nuestro país. Lo explique de forma sencilla. Se debería de cumplir con ciertas formalidades legales, como el hecho de que los supuestos miles de mensajes interceptados al ex secretario, así como la supuesta llamada interceptada de éste con el presunto narcotraficante Juan Francisco Patrón Sánchez, alias el “H-2”, deberían haber sido autorizadas por un juez federal mexicano, lo que las hacía ilegales e inadmisibles en un juzgado federal mexicano.
Expliqué que los dos supuestos testigos protegidos que declararían contra el general Cienfuegos en las cortes de EU, no serían admisibles en México, ya que no se habían apegado al principio de oportunidad del país, ni estaban registrados como testigos colaboradores como lo señalan las leyes nacionales, por lo que de facto eso eliminaba la posibilidad de que la FGR pudiera, con las pruebas mandadas desde el vecino país del norte, imputar al general en retiro delitos de delincuencia organizada en su modalidad de fomento para la transportación y comercio. Lo único que podría hacer la fiscalía mexicana, sería verificar la información por el presunto lavado de dinero, siempre y cuando se hayan mandado los datos de cuentas bancarias o propiedades a nombre del general, familiares cercanos o terceros prestanombres; cosa que, hasta donde tengo conocimiento, no fue enviado a la fiscalía mexicana. En ese análisis veo poco probable que se pudiera conseguir una condena contra el ex secretario de la Defensa Nacional. Aunque hubiera una imputación por parte de la Fiscalía General de la República, en unos meses podríamos ver al General Cienfuegos totalmente exonerado de todos los delitos que se le imputaban e incluso condecorado por la misma SEDENA. Estas declaraciones hicieron que me ganara varias mentadas de madre en la redes sociales, pero al día siguiente se pudo corroborar que el análisis realizado fue correcto y preciso.
Pero de los vertiginosos acontecimientos del asunto donde se vio envuelto el exsecretario de la Defensa Nacional, lo que quedó de manifiesto es que lo que estuvo realmente en riesgo no solo fue el buen nombre e imagen del Ejército Mexicano, lo que realmente se protegió a toda costa fue el poder de los generales mexicanos, al Generalato en México.
Como lo he descrito y explicado en columnas y entrevistas anteriores, en nuestro país existe una cofradía de poder militar que se autodenomina el sindicato, misma que inició en el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, y con quien fue su secretario de la Defensa Nacional, el general Enrique Cervantes Aguirre. Él, creó un grupo de allegados en puestos de importancia y poder que serían los sucesores del poder en la SEDENA, mismos que son los que han ocupado la titularidad de la Secretaría y de su plana mayor. Esto no quita que hayamos visto también pleitos encarnizados por ese mismo grupo de poder en cuanto a la sucesión de la titularidad de la Defensa Nacional, capítulos que han quedado en la historia del país, y que cuando existen cambios de poder se solucionan de forma fácil. Para quienes no conozcan los adentros del gremio militar, el generalato en México tiene mucho, pero mucho poder, ya que no son las armas los que los hace fuertes, es la información con la que cuentan. Como dice el viejo adagio militar, el poder no se comparte, se ejerce, y así hemos visto y veremos que a los amigos la justicia y la gracia, a los enemigos la ley a secas. En este país, la ley es más peligrosa que cualquier otra cosa, cuando se utiliza a secas.
Por último, quisiera de forma respetuosa, y en su calidad de Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, solicitar al C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Andrés Manuel López Obrador, su intervención para que sean revisadas las 233 causas penales, donde elementos militares han sido procesados y sentenciados en el país, con fabricación de pruebas y torturas por parte de la extinta policía judicial militar, ahora policía ministerial militar, para incriminar a los elementos militares. Sería un enorme gesto de parte del comandante supremo de las Fuerzas Armadas, recibir el mismo voto de confianza que recibió el general Salvador Cienfuegos Zepeda, ya que queda de manifiesto que no puede existir en nuestro país la fabricación de culpable por beneficiar a unos pocos, y que la justicia es desde el más humilde soldado, hasta el más condecorado general de División.