En México hace un par de años comenzó a gestarse un debate relativo al papel de las Fuerzas Armadas al seno de la administración pública federal, este debate parte de una premisa que constituye, al mismo tiempo, una denuncia, a saber que en el país se registra un proceso de militarización. Sobre este señalamiento hay varias narrativas.
La primer narrativa señala que en tiempos de paz cualquier participación del Instituto Armado en asuntos civiles representa una ruta hacia la militarización. Es decir, que la responsabilidad de los asuntos de seguridad pública es netamente civil, que México no vive una Guerra ni un Conflicto Interior y por tanto, lo que debe hacerse es fortalecer las instituciones de seguridad y justicia para recuperar y fortalecer la seguridad.
Otra narrativa, denuncia que las tareas asignadas a las Fuerzas Armadas en la presente y pasadas administraciones abren avenidas hacia la militarización, debido a que tienen mayores responsabilidades, influencia en las entidades federativas y recursos económicos para realizar las misiones asignadas, en especial, la seguridad pública de la federación y obras como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Tren Maya y el fortalecimiento de la Guardia Nacional. A esta vertiente le interesa el supuesto poder acumulado por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR), ubicándolas como factores de decisión en asuntos “civiles”. Tal denuncia se concentra en la presencia militar sobre tramos de poder de la administración pública federal. Quizá sea coincidencia, pero donde más se denuncia esta presencia militar es en instituciones donde se ha padecido una corrupción endémica.
Otra vertiente de la narrativa sobre el militarismo y la militarización, insiste en subrayar que la actual administración ha dado obras y presupuesto a las Fuerzas Armadas a cambio de su apoyo, incluso llegan a invocarse las figuras de Madero y Huerta, en planos especulativos, pero quizá aleccionadores para audiencias que siguen las teorías de la conspiración.
De este modo, el Gobierno tendría “planes”, “estrategias”, “intereses inconfesables”, “enfoques de movilización electoral” y otras tantas iniciativas en su relación con las Fuerzas Armadas. Así las cosas, prácticamente habría un pacto para que las Fuerzas Armadas se decantaran a favor de la actual administración ante el proceso electoral de 2024, e incluso sostienen que apoyarían al partido en el poder en el caso de que no alcanzara el triunfo en las urnas, es decir, especulan que el Ejército participará con apoyos, presencia y hasta represiones ante un eventual resultado adverso al signo partidista de la presente administración federal.
También, hay una vertiente que a través de análisis robustos e informados señala el grado o la forma en que la presencia militar, principalmente en tareas de seguridad pública, contravendría Tratados que México ha suscrito en el orden internacional, o en su caso, sentencias específicas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a que las fuerzas militares no deben participar en tareas de seguridad pública. Advierte sobre posibles violaciones a los derechos humanos, subraya que el adiestramiento militar y policial son en doctrina y ejecución distintos, denuncia la presencia militar contraria a los planteamientos de la seguridad humana (PNUD-ONU), invoca principios internacionales sobre las responsabilidades de un Estado democrático e insiste en construir instituciones policiales de carácter civil, sin presencia militar y sujetas a un esquema de profesionalización.
Como se aprecia, estas narrativas abrazan con mayor o menor intensidad la tesis de una militarización real, efectiva y creciente. Sin embargo, prevalece un factor común y es que han creado su propio concepto de militarización o han tratado de aplicar al caso mexicano este concepto como si fuera eficiente. Es poco probable que este manejo interesado de los conceptos de militarización y militarismo responda al desconocimiento, falta de libros o sesiones de estudio, pues varios de los actores que construyen y esgrimen tales narrativas tienen experiencia y conocimientos sobre ciencias sociales, derecho e historia militar. Visto así, habría que decir siete cosas básicas respecto al uso de los conceptos de militarización y militarismo.
1. En México la asignación de tareas a las Fuerzas Armadas proviene del poder civil, bajo esta evidencia es inaplicable un principio de la militarización, el cual consiste en que el poder militar decide asumir por sí mismo tareas y funciones, imponiéndolas al orden civil.
2. A la fecha no se tiene registro de que la disciplina militar se haya impuesto a algún sector de la población civil, por ello, este eje propio de un proceso de militarización queda descartado.
3. El Ejército y la Fuerza Aérea tienen 223 mil 668 elementos, de los cuales 163 mil 245 son operativos y 60 mil 443 administrativos y si la base toda militarización es el crecimiento expansivo del poder militar, esto no ocurre hoy ni ha ocurrido en décadas en México.
4. Ahora bien, si se consideran todos los elementos castrenses, resulta que el personal de salud suma 15 mil 219, los ingenieros 4 mil 648, y diversos apoyos que integran personal administrativo, cartógrafos, abogados, cocineros, comunicaciones y otros suman 99 mil 878.
5. El número real de plazas y de elementos adiestrados en la disciplina militar para utilizar las armas en México no llega a los 100 mil, la pregunta necesaria es cómo 100 mil personas podrían imponer el orden y la disciplina militar a 130 millones de mexicanas y mexicanos.
6. En México no se registra en las instituciones militares algún plan de movilización, adoctrinamiento, operaciones o misiones orientadas a establecer alguna de las bases de un proceso de militarización, por el contrario, han subrayado su compromiso con el orden institucional y la democracia.
7. Un factor clave que permite apreciar una tendencia a la militarización es el presupuesto. En México los recursos fiscales destinados al Instituto Armado se han mantenido constantes durante 20 años, con márgenes menores al cinco por ciento para gasto de inversión, y con un decrecimiento relativo para 2022. El dinero para las obras públicas que dirigen los elementos militares no es para las Fuerzas Armadas, es para pagar a las empresas privadas que construyen las obras. No existe un solo elemento militar construyendo ninguna obra, se llame tren, aeropuerto, barda, hospital o banco en ninguna parte del país.
Como puede apreciarse las bases de un proceso de militarización en México son inexistentes en cada uno de sus puntos, sin embargo, esto no excluye el debate sobre su actuación en diferentes tareas, algunos argumentan que es necesario utilizar el potencial militar, sobre todo en tiempos como los que nos toca vivir, otros que deben concentrarse en sus misiones constitucionales y generales, pero esa discusión o estos debates no los resuelven en México ni los marinos ni los militares. La SEDENA y la SEMAR no deciden qué hacer, y ha de decirse que tampoco se escudan en que les ordenaron hacerlo. Si a los partidos políticos no les placen las misiones constitucionales de las Fuerzas Armadas o las atribuciones que la ley les otorga han tenido oportunidades sobradas para cambiarlas.
La responsabilidad sobre los alcances y límites del poder civil sobre las Fuerzas Armadas recae en los Poderes Públicos y en los Partidos Políticos. Desde la década de los sesenta del Siglo XX se discuten las limitaciones al poder civil sobre el estamento militar, sin realizarse mayores reformas jurídicas. Quizá sería momento de retomar ese debate de décadas.
Quienes han extendido las narrativas de la militarización, podrían retomar debates pendientes en asuntos clave del Estado mexicano que no están definidos en ninguna parte, como son: defensa nacional y seguridad interior; también podrían contribuir a esclarecer por qué la seguridad nacional no es parte de las misiones generales de las Fuerzas Armadas o por qué el perfeccionamiento de la Ley de Seguridad Nacional ha quedado pendiente.
Más allá de la mitología de la militarización, es tiempo de hablar de las relaciones entre civiles y militares, del papel de los actores institucionales del gobierno y de la sociedad civil en la seguridad nacional, de la actualización de la defensa nacional y la defensa exterior, redefinir el servicio militar, y otros tantos asuntos que son netamente de resolución civil. Señalar al Ejército de lo que partidos políticos, ciudadanos, organizaciones sociales y demás actores también civiles han dejado pendiente no pareciera un buen propósito, tampoco tiene mucho sentido.
*Dr. Jorge A. Lumbreras Castro
Académico de la FCPyS – UNAM