Opinión

El periodismo ante el nuevo gobierno

El periodismo ético no requiere ni del apoyo ni de la cercanía del poder porque compromete su línea editorial | Adolfo Gómez Vives

  • 20/08/2018
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Desde el año 2000 y hasta el día de la fecha, Artículo 19 ha documentado el asesinato de 118 periodistas en México. Veracruz presenta la cifra más vergonzosa con 26 homicidios, lo que equivale el 26 por ciento del total; le sigue Tamaulipas con 14 periodistas asesinados y Chihuahua con 13.

Solamente en 2017 ocurrieron 507 agresiones a periodistas, de las cuales 12 fueron asesinatos y una desaparición. El último caso registrado es el de Rubén Pat Cahuich, asesinado el 24 de julio, en Playa del Carmen Quintana Roo.

Tan precarios son los mecanismos de protección, que el caso de Lydia Cacho tuvo que llegar al sistema universal de derechos humanos, para que el Estado mexicano fuera sancionado por los abusos cometidos contra la periodista, luego de su ilegal detención en diciembre de 2005.

Otro caso emblemático es el del periodista veracruzano Moisés Sánchez Cerezo, privado de la vida en enero de 2015. A pesar de que han sido sentenciados dos ex policías involucrados y de que el sujeto imputado como autor material se encuentra detenido, el ex alcalde del municipio de Medellín, Veracruz, señalado como autor intelectual del homicidio, se encuentra prófugo.

A Moisés Sánchez le pagaban cincuenta pesos por nota publicada y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) no quiso atraer la investigación de su homicidio en razón de que su actividad económica preponderante no era su labor de periodista, sino su trabajo de taxista.

También se mantiene el velo de impunidad en torno del multihomicidio ocurrido el 31 de julio de 2015 en la colonia Narvarte, en que fueron asesinadas cinco personas, entre ellas la activista Nadia Dominicque Vera Pérez y el fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril. Han pasado tres años y las indagatorias siguen estancadas.

El gremio periodístico tampoco goza de seguridad jurídica en otros aspectos sensibles como el ámbito laboral. Inclusive algunos de los grandes medios de difusión prefieren engañar a los jóvenes egresados de la carrera pactando su ingreso mediante la figura del «becario», no reconocida por la ley laboral y por lo tanto “contratados” temporalmente, sin seguridad social y sin prestaciones, que formalizar un contrato laboral como correspondería.

El apoyo de AMLO a Aristegui y Gutiérrez Vivó

En este contexto, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador manifestó durante una entrevista concedida a un medio local de Tabasco, su intención de intervenir ante los “dueños” de las concesiones de radio en las que laboraban Carmen Aristegui y José Gutiérrez Vivó para que éstos vuelvan a tener sus espacios en radio. Pero su silencio, en casos como el homicidio de Rubén Pat Cahuich, es molesto e hiriente.

Y aunque sus dichos pueden interpretarse como positivos, lo cierto es que resultan contraproducentes en razón de que el ejercicio ético del periodismo no requiere ni del apoyo, ni de la cercanía del poder ya que al hacerlo compromete su línea editorial.

La recomposición del tejido social en México pasa necesariamente por el fortalecimiento del derecho a la libertad de expresión. Son los periodistas quienes con su labor crítica apuntalan el andamiaje democrático y de rendición de cuentas.  Gracias al periodismo crítico y de investigación, los ciudadanos pudimos conocer de la corrupción imperante en el gobierno de Enrique Peña Nieto y gracias a su difusión, los electores tomaron una decisión que favoreció ampliamente al candidato de Morena.

Si a López Obrador en realidad le preocupa preservar la libertad de expresión, tiene un largo camino que inicia con fortalecer el marco legal relativo a la protección de los periodistas, procurarles mejores condiciones laborales, abrogar la Ley General de Comunicación Social, conocida como “ley chayote” en razón de que legaliza la perversa relación económica entre medios y gobierno y, por supuesto, procurar la resolución justa de las indagatorias relativas a los homicidios cometidos contra periodistas durante la administración de Peña Nieto. Por lo tanto, sus dichos en relación a los casos Aristegui y Gutiérrez Vivó, no abonan a la necesaria distancia que debe existir entre gobierno y periodistas, en un contexto en el que los grandes contrapesos de la siguiente administración serán los periodistas y las organizaciones de la sociedad civil en quienes, por cierto, López Obrador dijo no confiar.

Retales

Mediante solicitud de información número 0325000130518 formulada por un particular, el Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que en los últimos seis años ha erogado por concepto de compra de agua potable a particulares, la cantidad de 101 millones 901 mil 232 pesos a las empresas Electropura S. de R.L. de C.V., Cleaning Thorougly, S.A. de C.V. y Constructora U5, S.A. de C.V. Estamos hablando de 15.9 millones de litros, tomando como referente el precio comercial de 6.40 pesos por litro. Algo huele mal y no es el agua.

La opacidad en el multihomicidio de la Narvarte

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