Nuestro sistema federal enfrenta nuevas tensiones sin que se vea un intento por transformarlo para hacerlo más efectivo y funcional. Si bien históricamente ha sido muy centralizado, a partir de la década de los noventa los gobiernos estatales y municipales fueron ganando mayor autonomía. Dos factores fueron clave. Primero, la mayor pluralidad democrática y el triunfo de partidos de oposición en cada vez mas municipios, estados y eventualmente la presidencia, contribuyó al debilitamiento de la hegemonía priista y el control presidencial sobre el destino político de las autoridades. En segundo lugar, se descentralizaron muchas responsabilidades y servicios públicos como la educación básica y la salud y se crearon nuevas y mayores transferencias a estados y municipios. Hoy, sin embargo, el péndulo parece regresar hacia una mayor centralización.
El contundente triunfo de AMLO en las urnas, la escasez de contrapesos en Morena y la debilidad de la oposición restan libertad a los gobernadores, alcaldes y senadores de todos los partidos. Es una situación ciertamente distinta a la del PRI hegemónico pero afecta al funcionamiento de nuestro federalismo de manera similar. Vemos también múltiples decisiones de política y gasto público que refuerzan esta tendencia recentralizadora, como son la creación del Insabi sin consultar a los estados, la figura de los superdelegados que compiten con los gobernadores o hasta la propuesta de prohibir que los gobiernos estatales tengan residencias oficiales, tema que debiera ser de incumbencia estatal.
La enorme corrupción de muchos gobernadores y alcaldes que usaron su mayor autonomía y recursos para enriquecerse más que en beneficio de la población, aunado a las deficiencias en el desempeño de autoridades, parecería que justifican la recentralización. Pero el asunto es más profundo y requiere reflexión sobre los ajustes pertinentes a nuestro federalismo. Por si sola, la recentralización no es garantía de menor corrupción o mejores políticas públicas.
La clave está en construir los pesos y contrapesos necesarios y, sobre todo, en generar una asignación de competencias y de recursos que fortalezcan la democracia y el buen gobierno. La recentralización sin proyecto aparente más allá del político-clientelar no va en esta dirección. Una falla esencial del federalismo mexicano es que no hay una correspondencia entre las competencias y funciones de cada orden de gobierno, su capacidad para llevarlas a cabo, la asignación de recursos y las funciones tributarias. La rendición de cuentas (accountability, dirían en inglés) es diferente y hay pocos incentivos para mejorar el desempeño gubernamental. Los ciudadanos no perciben claramente cuál es la autoridad responsable de cada función ni ven una relación directa entre lo sus impuestos y lo que reciben a cambio. La poco clara concurrencia de responsabilidades entre niveles de gobierno en ciertos casos y algunos vicios del federalismo fiscal como la excesiva dependencia en transferencias federales, también son problema.
Son pocos incentivos para cambiar. La capacidad de desplazar a otros la responsabilidad por los servicios conviene a las autoridades, pues donde todos son responsables, nadie lo es. También conviene ceder o no ejercer las potestades tributarias para no cargar el costo político de recaudar. Nuestro sistema genera además enormes oportunidades para el clientelismo.
Replantear nuestro federalismo es uno de los retos principales del país. Su estructura y los incentivos que genera para autoridades y ciudadanos tienen impacto en prácticamente todas las funciones públicas y vigoriza o debilita nuestra democracia. El bienestar de la población, pero también la convergencia hacia mayor desarrollo y crecimiento, dependen de ello.
* Gustavo Merino Juárez
Profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey.