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El paquete económico en medio de la crisis

El paquete económico se presenta en medio de una crisis aguda, lo que hace muy complicado cuadrar los ingresos y gastos del gobierno. | Alejandra Macías Sánchez*

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Escrito en OPINIÓN el

El pasado 8 de septiembre la Secretaría de Hacienda presentó al Legislativo el Paquete Económico 2021, el cual contiene los Criterios Generales de Política Económica (CGPE); la Iniciativa de Ley Federal de Ingresos (ILIF) y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF), documentos rectores de las finanzas públicas para 2021.

Este paquete económico se presenta en medio de una crisis aguda, lo que hace muy complicado cuadrar los ingresos y gastos del gobierno, y además que atiendan los efectos económicos y sociales derivados de la pandemia.

Los CGPE 2021 estiman una caída del PIB de 8% para este año, seguida de una recuperación de 4.6% en 2021, lo cual ha sido calificado como optimista, dado que existen estimaciones internas y externas que indican que la recuperación será más lenta.

La caída en el crecimiento económico tiene efectos en los ingresos del gobierno. Por un lado, tenemos los ingresos presupuestarios de la ILIF que se estiman en 5 billones 539 mil millones de pesos (mdp), 3% menos, en términos reales, que lo aprobado para 2020. Por otro lado, los ingresos petroleros estimados suman mil 021 miles de mdp, monto 13% mayor real con respecto a lo estimado al cierre de 2020, pero 8.3% menor con respecto a la LIF2020.

Dado que se está esperando una recuperación en 2021 mayor a la mitad de la caída del PIB de 2020, se propone que el déficit público sea 26% menor al esperado para finales de 2020, disminuyendo a 842 mil mdp. Con esto, el saldo histórico de la deuda pública disminuiría 1 punto porcentual del PIB para 2021, pasando de 54.7% a 53.7% del PIB.

En cuanto al gasto, el cual debería incorporar acciones más específicas para paliar los efectos de la crisis, se tiene que el PPEF prevé un gasto total de 6,295,736.2 mdp, 0.3% menos respecto al presupuesto aprobado para 2020. El gasto no programable disminuiría 4.6% y el gasto programable aumentaría 1.3%. 

En salud, se espera un aumento de 1.8% respecto a lo aprobado en 2020, aunque se ha anunciado el incremento de 9.1%, pero es solo al presupuesto de la Secretaría de Salud. Este presupuesto sigue siendo insuficiente para atender las necesidades de salud de la población, incluso antes del covid-19.

Se plantea un gasto educativo de 836 mil 400 mdp, que representaría un nulo crecimiento, en términos reales, respecto al PEF 2020. Dentro de los programas educativos no se vislumbran acciones que contengan los impactos de la pandemia en los niños y adolescentes.

El gasto en pensiones es uno de los que más presiona las finanzas públicas del país. Para 2021, se proyecta un aumento de 6.6% en pensiones contributivas respecto a lo aprobado en 2020. El presupuesto de las pensiones no contributivas aumenta 1.4% real respecto al PEF 2020.

Para 2021, el gasto federalizado caería 5.5% comparado con lo asignado en 2020. En este periodo las aportaciones y las participaciones disminuirían 1.1% y 6.4%, respectivamente, lo que puede tener implicaciones en la coordinación fiscal y acuerdos con las entidades federativas.

Dos rubros que parecen ganar recursos para el siguiente año son el gasto de inversión y el gasto para Pemex y CFE. El primero asciende a 829 mdp, 5.3% mayor, en términos reales, que lo aprobado para 2020, mientras que el gasto propuesto para Pemex y CFE suma 686 y 447 miles de mdp, respectivamente. Por su parte, el presupuesto de SENER es de 47 mil mdp. Dichos montos representan 18.7% del gasto total propuesto en el PPEF 2021.

*Alejandra Macías Sánchez

Directora de investigación. Realizó el Doctorado en Políticas Públicas en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Tiene experiencia en evaluación de programas, evaluación de impacto, seguimiento y monitoreo. Ha trabajado en el programa Oportunidades y en la Secretaría de la Función Pública. Asimismo, ha llevado a cabo trabajos de consultoría para el Banco Mundial y el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola de las Naciones Unidas. Trabajó como investigadora en la Oficina Regional de América Latina y el Caribe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Actualmente es directora de investigación en el CIEP y se especializa en transferencia de capitales, retiro y cambio demográfico, en conjunto con finanzas públicas.