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El país en riesgo

Resulta necesario en este momento realizar cambios originados por la mala información, el deficiente manejo de la situación y la imposibilidad de diversos funcionarios para resolver los problemas en que se encuentra sumergido el país.

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Escrito en OPINIÓN el

Es momento de admitir responsabilidades. Los funcionarios públicos de primer nivel de este país han tomado decisiones incorrectas y han asumido posiciones públicas que no han ayudado a resolver la crisis en la que se encuentra México. En cualquier país o democracia avanzada en el mundo, lo sucedido en México hubiera ocasionado múltiples renuncias, ceses e, incluso, muchos funcionarios denunciados penalmente. El país marcha en contra de los abusos, las desigualdades y las irregularidades. Un país que despierta ante las atrocidades que se cometen todos los días.

 

En meses pasados corrían rumores que indicaban que empezarían los cambios en el gabinete ampliado. Sonaban fuertemente movimientos en la Secretaría de Hacienda, PEMEX, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Desarrollo Social y hasta en la estructura cercana al presidente en los Pinos. Los cambios en aquel momento, que tenían como objetivo ajustar estrategias y generar pesos y contrapesos, hoy suenan muy lejanos. Lo que resulta necesario en este momento es realizar cambios originados por la mala información, el deficiente manejo de la situación y la imposibilidad de diversos funcionarios de este gabinete para dirigir adecuadamente las acciones para resolver los problemas en que se encuentra sumergido el país. Varios funcionarios tienen que irse.

 

Resultan urgentes cambios en la estructura cercana al presidente en los Pinos. La toma de las decisiones trascendentales para el país se originan en esa oficina. Las modificaciones a la integración del gabinete se vuelven necesarias, además, en las áreas de procuración de justicia y comunicación social. Los sucesivos errores en las respuestas que se han dado tanto a los cuestionamientos mediáticos como a los ciudadanos que se han expresado mediante marchas, manifestaciones de diversa índole, en redes sociales e incluso por la vía legal, han sido evidentes. Error tras error, una colección de desaciertos dignos de estudio de lo que no debe hacerse, es en lo que pueden resumirse las respuestas y actuación de la autoridad en estas semanas.

 

Personalidades con tablas políticas, funcionarios reciclados y con una sólida trayectoria en el servicio público no han sabido controlar ni dirigir adecuadamente los momentos cruciales de esta crisis. La desastrosa aparición de la esposa del presidente dando una "explicación" pueril y que a nadie satisface, es muestra clara de ello. Varios de los funcionarios de alto nivel en este país no hacen públicas sus declaraciones patrimoniales. El presidente del país parece olvidar que es su obligación declarar los bienes de su esposa, sus cuentas bancarias, tarjetas de crédito o débito así como las deudas o préstamos que tenga, el número de dependientes económicos, entre otras cosas. La declaración de la primera dama señalando que, aún sin ser funcionaria pública, explicaba ante los medios de comunicación el origen del inmueble, es un error más.

 

La señora, como primera dama de México y como esposa del presidente de la República, tiene diversas obligaciones que debe cumplir en relación con la posición que ocupa y con la persona con la que se encuentra casada, nada menos que el primer mandatario del país. A nadie importa la actuación deplorable de la señora intentando explicar el origen de sus casas y no hay una sola prueba de que lo que ella afirma sea cierto. Lo que importa es que jurídicamente no es sostenible la forma en la que se hizo de esa propiedad, a nombre de quien se encuentra y la forma por demás cuestionable jurídica, política y éticamente en la que determinados empresarios y funcionarios públicos se corrompen para seguir enriqueciéndose de forma ilícita. Seamos claros, es completamente irregular la forma en la que se condujeron tanto el presidente como su esposa.

 

Tendríamos que revisar las declaraciones patrimoniales de muchos funcionarios públicos que se enriquecen en su cargo. Múltiples compras, "adquisiciones o donaciones" de casas, terrenos, propiedades en el extranjero, automóviles, viajes de lujo, relojes, joyas y el tren de vida que llevan. Seguramente no encontraremos nada de esto en sus declaraciones patrimoniales, dichos funcionarios son, además, muy hábiles para violentar la norma: constituyen asociaciones civiles para comprar bienes, empresas con amigos para asignarse asuntos, utilizan negocios de amigos para facturar dinero que no tienen otra forma de comprobar, exigen tajada de los asuntos que asignan, defienden u otorgan a sus amigos y conocidos, entre otros mecanismos. Muchos funcionarios públicos, legisladores, gobernadores deben estar preocupados y ocupados poniendo a buen resguardo los bienes de los que se han hecho de forma irregular o los que tienen a nombre de esposas, padres, madres, hijos, asociaciones y empresas fantasma.

 

La ley en México no establece instrumentos ni mecanismos eficientes que permitan detectar variaciones patrimoniales importantes, darle seguimiento a posibles irregularidades y sancionar a los servidores públicos que incurran en responsabilidad. La razón es clara, a los que hacen la norma y a los que la aplican no les interesa aprobar leyes que desincentiven que los funcionarios se corrompan ni que se sancione a los que lo hagan.

 

La ciudadanía ha recibido una lección desastrosa en estos días: los verdaderos negocios y la forma de enriquecerse de forma rápida y a costa del país es estar en Televisa o ser un funcionario público corrupto, de los que desafortunadamente pululan por nuestros país en estos días.

 

@C_Humphrey_J