En fechas recientes muchas personas preguntan cómo se puede explicar lo ocurrido en Culiacán, en Bavispe, en Villa Unión, en Salamanca, y en tantos otros lugares en que en nuestro país lo que se respira es un clima exacerbado por la violencia, por el desprecio por la vida, por la ausencia de instituciones, por el vacío de autoridad, y en general por una barbarie que está devastando nuestra esencia como una nación democrática y de sana convivencia. Todo está en riesgo y nos preocupa, en particular porque no se ve que el Estado tenga un plan para resolver esta problemática atacando las causas de origen en serio.
En este clima de incertidumbre las preguntas se agolpan. El problema que estamos enfrentando es multifactorial. Sin embargo, hay un tema clarísimo y tiene que ver con los recursos económicos que hoy están en manos de la delincuencia. La principal motivación que explica la actividad delincuencial es que hay una poderosa razón monetaria en todo lo que hacen. Y por esta razón mientras no entendamos que la eliminación del tema del dinero es vital, los problemas simplemente no se van a resolver. La estrategia requiere ser seria y plural. Ni abrazos, ni balazos. Más bien un plan profundo y con alcances reales en el origen de los recursos que alimentan el funcionamiento de las bandas delincuenciales.
Entremos en materia. El problema es más complejo de lo que se advierte a primera vista. De hecho lo más triste es que aunque no nos parezca admitirlo, tenemos como sociedad en nuestro país un cuádruple pacto con la delincuencia que nuestras autoridades parecen no estar dispuestas a quebrantar, en parte porque parecen ser cómplices, y en otra porque no tienen los tamaños para romper las inercias de políticas públicas que tanto daño han hecho. Veamos los componentes de este pacto con la delincuencia que, nos guste o no, está vigente y está destruyendo gradual y perversamente nuestro entorno en prácticamente todo el país.
1. Monopolio Económico: El primer aspecto es que la política de prohibición de drogas ha propiciado que todo el negocio que presupone el abastecimiento a consumidores de drogas (mercado que presenta una demanda inflexible) ha sido entregado por completo a la delincuencia organizada. El lucro fenomenal de este mercado explica en gran medida el enorme potencial que la delincuencia ha generado, y la consecuente agresividad con la que han defendido (y lo seguirán haciendo) su dominio económico.
2. Cooptación Regulatoria: El segundo ingrediente consiste en que las herramientas con las que el Estado regula muchos mercados, como es el caso de alimentos, alcohol, tabaco, medicinas y antibióticos, han sido cedidos a la delincuencia organizada en el caso de las drogas que artificialmente se han catalogado como ilícitas. El efecto entonces es que lo que las autoridades pueden hacer para regular producción, distribución, mercadotecnia, venta, consumo, edades, sitios, usos, etc. han sido delegados a la delincuencia, perdiendo así las autoridades su hegemonía en la materia, y dejando a la ciudadanía a merced de las fuerzas del mercado y en particular los intereses perversos de la delincuencia.
3. Control del Sistema Penitenciario: El tercer componente consiste en que en los hechos todas las cárceles del país están bajo el control y yugo de la delincuencia. A los ciudadanos nos toca habilitar con nuestros impuestos el sostenimiento de las penitenciarías, y no obstante son los que las habitan, que no pagan renta, los que las controlan en un perverso sistema de auto-gobierno en el que se habilita un enorme negocio de distribución de drogas, coordinación de secuestros y extorsión, pago de protección interna, prostitución, privilegios, etc. El Estado Mexicano dice tener al menos el control perimetral, pero el Chapo demostró en 2 ocasiones que ni siquiera eso era cierto.
4. Reclutamiento de Primo Delincuentes: Finalmente este componente implica algo dramático. Como la principal coordinación de las actividades delincuenciales se realiza desde dentro de las cárceles, nuestro sistema legal ha privilegiado el que un altísimo porcentaje de las personas que son procesadas penalmente y pierden su libertad sean personas jóvenes que no han delinquido previamente y que no obstante son privadas de la libertad (muchos de los cuales por ser consumidores de drogas que no hicieron daño a terceros). Y estos primo delincuentes son la carne de cañón que la delincuencia utiliza para reclutamiento, entrenamiento, y crecimiento de sus redes criminales. La delincuencia así recibe por nuestra cuenta jóvenes a los cuales adiestra y recluta a sus perversas redes y actividades.
Nos guste o no reconocer lo que estamos viviendo, hemos creado un sistema en que la delincuencia está en la cúspide del potencial económico, operativo y de influencia en el funcionamiento nacional. El problema es tan grave que hoy resulta en que las tareas que constitucionalmente están reservadas al estado como son el uso de la fuerza pública, el cobro de contribuciones y la resolución de controversias, en muchos lugares del país una, dos o tres de dichas actividades están siendo llevadas a cabo por la delincuencia y no por las autoridades.
Ahora bien, lo que queremos destacar en este caso no es solamente que la situación está crítica y crecientemente mal, sino más bien que el destino no tiene porqué ser tan malo como se presenta hoy. En efecto la ruta no está definida ya sin cambio alguno. Más bien hay que reflexionar y entender que es factible aspirar a una situación distinta y que por lo mismo no tenemos por qué seguir viendo como nuestro país se despedaza. Veamos los mismos 4 componentes, pero ahora a la inversa en cuanto a lo que tiene que suceder para revertir esta terrible tendencia.
1. Rompimiento de Esquema Económico: Se requiere estimular un sistema en el que la política de drogas deje de ser un monopolio económico para la delincuencia. Mediante un esquema regulatorio se eliminará el enorme flujo monetario que hoy sostiene a las bandas criminales y que ha puesto en desventaja a las fuerzas policiales y armadas. Parte del cambio pasa también por eliminar la militarización de la seguridad pública y entrarle de lleno a fortalecer las capacidades de investigación, prevención, procesamiento y coordinación de las policías en los tres niveles de gobierno. La necesidad del cambio implica reconocer errores en decisiones como la Guardia Nacional que como está planteada hoy no sirve ni servirá.
2. Uso del Poder Regulatorio Estatal: Dejando a un lado la nociva concepción de que es un problema de seguridad pública y tratándolo como lo que es, un tema de salud pública, pasar a regular todas las drogas para que con evidencia científica, médica y terapéutica, se puedan usar todas las herramientas que tienen las autoridades para lograr el mejor balance posible. Las drogas deben regularse en forma específica en atención a sus distintos usos, beneficios y riesgos. Utilizando la mejor experiencia local e internacional se pueden implementar las mejores opciones para la problemática en nuestro país. Descriminalizar su consumo, apostar a la prevención, regular puntualmente los controles de producción y distribución, así como apostar a la ciencia médica y no a la violencia, son elementos indisolubles de una mucho mejor alternativa de solución.
3. Despenalización de Consumo de Drogas: Mediante la eliminación del tipo penal que sanciona el consumo de drogas se va eliminar una sobre presión en el sistema carcelario de tantas personas que fueron privadas de la libertad sin causa justificada, y que en dado caso se debieron haber tratado en clínicas de salud. La excarcelación de procesados o sentenciados no violentos será una medida inteligente. Con esta modificación se logrará además cortar de tajo el flujo de primo delincuentes que son la materia prima del crecimiento actual de las bandas delincuenciales.
4. Agotar Causas de Delincuencia: Además de las anteriores medidas es importante meterse de lleno al fenómeno de crecimiento delincuencial. Si se profesionalizan los cuerpos policiacos y se deja de apostar a la solución de la violencia, será más sencillo llegar a una situación en que haya opciones de verdadera seguridad y justicia. Además se tendría que reconocer que con una economía equitativa, creciente y dinámica, será mucho más sencillo generar condiciones de estímulo para el trabajo y la mejora de la población. Los subsidios directos no van a dar los resultados deseados si se sigue complicando la existencia a las inversiones. La cancelación del aeropuerto de Texcoco inició un clima de adversidad que no se ha modificado, pero aún hay tiempo de corregir el rumbo y promover un clima que permita el tan necesario crecimiento que no se va a dar, claramente no en las circunstancias actuales en que los empresarios no invierten a pesar de los anuncios demagógicos que se han dado en fechas recientes. Retomemos el proyecto de Texcoco (procesando a quienes se compruebe hayan cometido algún acto irregular) y demos una señal de corrección que es válida y vigente en un líder capaz de recapacitar y recomponer, partiendo de la base de que la infalibilidad no existe, y que el peor error es persistir en uno.
Solamente con un enfoque novedoso, con un compromiso real de cambio, con un uso profundo de datos disponibles sobre las causas, y con la convicción de realmente llegar a resultados que reviertan la actual tendencia será posible aspirar a salirnos de los rieles que hoy conducen al país a un enorme abismo sin fondo. La pregunta es si la clase política en el país, y particularmente el partido en el gobierno tiene el tamaño y la claridad para reenfocar las estrategias ante una ciudadanía que reclama y merece un mejor destino.
No tenemos tiempo que perder ante un país que se desangra cada día y con la desesperación de ver como se enrarece el panorama con cifras que siguen teniendo un impacto brutal en nuestro diario acontecer. La verdadera transformación del país pasa por el fortalecimiento de libertades, instituciones y el Estado de Derecho. El verdadero liderazgo es uno que apuesta a esas 3 columnas y no a personas que van y vienen y que no dan fortaleza para un mejor país sin importar quienes sean los gobernantes en turno.
Urge reconocer estas variables para reencaminar el país hacia la ruta del desarrollo, la seguridad y la justicia. De no hacerlo quedará claro que no se quiere romper el pacto con la delincuencia y que los ciudadanos no somos la prioridad en las tareas de gobierno. Nos toca como ciudadanos exigir un cambio que no admite demora a la luz de la tragedia que vivimos todos los días y a la cual no podemos seguirnos acostumbrando como si fuera algo normal o inevitable.
*Juan Francisco Torres Landa R.
Secretario General del Consejo de México Unido Contra la Delincuencia