La media noche del viernes comenzó a operar en la ciudad de México, el nuevo modelo de sistema acusatorio, primeramente para delitos no graves, culposos o por querella.
En un evento en el monumento a los Niños Héroes, el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, en compañía del presidente del Tribunal Superior de Justicia, Edgar Elías Azar, y del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dieron el martillazo que impone los trabajos de este nuevo modelo de justicia.
Poco a poco este nuevo diseño substituirá en las entidades federativas al sistema inquisitorio o inquisitivo, vigente desde hace unos 150 años en nuestro país, en el que su principal característica es ser eminentemente escrito.
Lo importante de este viejo esquema es que dejará de funcionar para delitos no graves, culposos o por querella de por medio, y que en múltiples ocasiones este sistema inquisitivo fue el modelo ideal para la venganza política, la revancha de grupos de interés, o bien, meter a la cárcel a alguien totalmente inocente.
Por ejemplo, el régimen político en turno pudo controlar a la disidencia política con las manifestaciones de fraude en los procesos electorales de mediados del siglo XX. Imposible pensar en la alternancia política, menos en la crítica política. Asimismo el régimen político con un sistema de justicia inquisitorio controló las manifestaciones de protesta de 1968 y 1971.
Más reciente el mismo sistema inquisitorio, -cómplice del régimen en turno-, evadió llevar ante la justicia a los responsables de la quiebra en que se encontraba el país en diciembre de 1988 y que implementó el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, logrando rescatar empresas que algunas todavía subsisten y llevando a la quiebra a ciudadanos honestos quienes con lágrimas en los ojos vieron cómo se deshacía su capital o sus bienes.
En estos hechos, se supone que el gobierno también adquiriría la cartera vencida de los ciudadanos insolventes de pagar sus deudas, no obstante eso, se supo que con posterioridad la cartera vencida fue vendida a la banca privada y por tanto, cuando se presumía que las deudas habían sido pagadas por el Fondo, la realidad es que la banca siguió cobrando lo que ya había sido liquidado. Este podría ser, junto con los fraudes en las cajas populares en todo el país, el motivo por el cual la ciudadanía desconfía de sus autoridades en el más reciente fraude de ahorradores de Ficrea.
Es muy posible que exista responsabilidad de servidores públicos, porque no era la primera vez, -como dijimos líneas arriba-, de un fraude con recursos de ahorradores y por ende, la autoridad conoce los entre telones y vicios de las operadoras de fondos, como Ficrea, en donde se pone en tela de juicio la imparcialidad de la autoridad al conocer de tiempo atrás las irregularidades de Ficrea y no advertir a los ahorradores, o en el mejor de los casos, intervenir la operadora.
Adivinó si pensó que detrás de este posible fraude se encuentra, claro está, el sistema inquisitorio de justicia, sumado a una deficiente dirección en la Unidad de Inteligencia Financiera de la Comisión Nacional Bancaria de Valores o de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios Financieros, una de ellas dirigida por el exprocurador de justicia del Estado de México, Alberto Bazbaz, quien como titular de la justicia mexiquense no pudo encontrar a la niña Paulette debajo de su cama, seguramente debe conocer mucho de inteligencia financiera como para seguir la pista a cuantiosos depósitos y movimiento de dinero, incluyendo, las cuantiosas sumas producto de corrupción.
Mientras tanto, la ciudadanía esperamos que el asunto de los ahorradores defraudados por Ficrea, los moches en el Congreso, la corrupción en Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos, la Casa Blanca, el señalamiento que hace la regidora Lissette López Gordillo al senador con licencia Ernesto Gándara Camou de tener un estrecho vínculo con Rafael Humberto Celaya, operador de Joaquín “El Chapo” Guzmán, el señalamiento de personajes del PRD con pertenencia a la delincuencia, las acusaciones en contra de la maestra Elba Esther Gordillo, los señalamientos en contra del senador y líder petrolero Carlos Romero Deschamps, los automóviles de lujo, los relojes, departamentos en el extranjero y la vida de primer mundo que sólo puede ser posible, en algunos casos, producto de la corrupción e impunidad que laceran a la economía, subestiman la inteligencia y hieren la moral ciudadana, puedan al fin ser resueltos con este nuevo sistema.
Por eso, la prueba de fuego del nuevo modelo de justicia junto con el sistema anticorrupción por ser aprobado por el Congreso, podría ser el encarcelamiento de los servidores públicos que tengan responsabilidad en el fraude a Ficrea así como sus directivos.
Hemos visto imágenes en redes sociales que ofenden la inteligencia, en la que aparecen hijos o los mismos políticos gozando de viajes a lugares exóticos, a manera de turismo político, es decir, con cargo al erario público.