Opinión

El “Mochomo” o la subversión de la ley

Queda la duda de si el Ministerio Público presentó ante la juez de control las pruebas idóneas. | Adolfo Gómez Vives

  • 06/07/2020
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El 24 de junio, José Ángel “N”, señalado por las autoridades ministeriales como “líder” de la organización delincuencial Guerreros Unidos, fue detenido por su probable participación en la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero.

Seis días después, la juez de control María del Socorro Castillo Sánchez decretó su libertad, con el argumento de que la orden de aprehensión tenía “errores técnicos” y que las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público federal no resultaban idóneas ni suficientes para imputarle delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada de personas.

Al día siguiente, el presidente de la República informó que “hubo corrupción en el juzgado que ordenó su libertad”, que “se tienen las pruebas” y que “hubo dinero de por medio". Más tarde, diversos medios difundieron un audio en el que supuestamente se escucha una conversación entre la madre del detenido y un abogado, en la que se refieren a los sobornos que pagarían a las autoridades del juzgado, a efecto de lograr la liberación de su hijo.

Estos hechos merecen varias reflexiones.

El 26 de junio de 2019 fue creada la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa. Esto significa que las autoridades ministeriales —a partir de la administración de López Obrador— tuvieron al menos un año para reunir evidencias sólidas y presentarlas ante un juez de control, con el objetivo de formar en éste la convicción de la responsabilidad de José Ángel “N”, en la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa.

La intervención de comunicaciones —autorizada por la juez de control— sólo tiene sentido a partir de su convencimiento respecto de la responsabilidad de José Ángel “N” en los delitos que se le imputaban, mismo que debió fortalecerse durante las ciento cuarenta y cuatro horas siguientes a que se celebró la audiencia de formulación de la imputación.

No se entiende por qué razón el fiscal general habría de informar al presidente de la República, de los hallazgos de “corrupción” al interior del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales, pues no depende jerárquicamente de éste y las actuaciones de la Unidad Especial de Investigación deben manejarse con sigilo, aun tratándose del jefe del Ejecutivo.

Tal imprudencia constituye un atentado contra el debido proceso. El propio López Obrador lo tiene claro. Tan es así que lo presume cuando afirma que, si la grabación que supuestamente demuestra el hecho de corrupción “queda nulificada, mi opinión es que no le hace, pero que se conozca, que la gente se entere”, lo que demuestra que al primer mandatario le interesa más promover el escarnio público del poder Judicial, que actuar conforme a derecho y esperar a que la autoridad ministerial denuncie la supuesta actuación ilícita de los juzgadores ante el Consejo de la Judicatura Federal, como correspondería.

La nueva orden de aprehensión y el arraigo decretados contra José Ángel “N”, hace suponer que la Fiscalía General de la República no tiene un caso sólido contra aquél y que utilizará el término constitucional de ochenta días para intentar probar su responsabilidad en la comisión de delitos diversos al caso Ayotzinapa, pero contemplados en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Queda la duda de si el Ministerio Público presentó ante la juez de control las pruebas idóneas; si ésta autorizó la intervención de comunicaciones de la madre y la defensa del acusado y si las autoridades jurisdiccionales se dejaron sobornar. Por lo pronto, es reprobable que el propio fiscal general de la República se comporte como subordinado del presidente y que López Obrador pondere el escarnio público de la autoridad jurisdiccional, por encima de la aplicación de la ley, como correspondería.

Su acción negligente también puede tener otros saldos negativos, como lo es la configuración de hechos violentos, derivados de ajustes de cuentas contra las propias autoridades jurisdiccionales. Están los precedentes el ataque al juez federal Uriel Villegas Ortiz y a su esposa, en Colima y el atentado contra el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch.

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