Desde el inicio de la administración del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, el mensaje institucional enviado fue el de la guerra. Mal llamado así, dado la información inexacta en el que se sumaron el uso inapropiado del lenguaje, la semántica, su interpretación literal, así como el mensaje para difundir la idea de un estado de guerra, que parecería que hoy, con poco más de 22 mil muertos, el Estado mexicano no puede con ella.
Así transcurrió el sábado pasado, cuando la población de Guadalajara vio sorprendida cómo circulaban mensajes por teléfono celular que advertían de la posibilidad de enfrentamientos entre delincuentes y las fuerzas del orden, pidiendo que se resguardaran en casa.
Mientras tanto, la Fiscalía del estado, el vocero del Gobierno de la entidad, la Secretaría General de Gobierno y el titular del Poder Ejecutivo en Jalisco, guardaban un silencio que se convertía en angustiante.
Así por la noche, en el infortunio, el gobierno de Jalisco envió a un mando segundo de vialidad, para informar un recado de parte de la Fiscalía, que ante cualquier riesgo se daría aviso inmediato a la ciudadanía.
Ni el gobernador, ni el vocero del gobierno, ni el secretario general de gobierno y ni el fiscal de Jalisco o algún subalterno de primer nivel de estas dependencias, salió a medios a calmar los nerviosos ánimos ciudadanos y por el contrario, hubo voces que reclamábamos la implementación del código rojo.
Días anteriores los medios dieron cuenta de por lo menos 15 policías muertos en una emboscada en el municipio jalisciense de San Sebastián del Oeste, cercano a Puerto Vallarta, y por tanto, se podía presumir una revancha de la delincuencia organizada en la capital del estado.
No sólo eso. El titular de la Fiscalía de Jalisco trae sus propias crisis, producto de años de enquistamiento en el cargo anterior, como titular de la entonces Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco y después convertida en Fiscalía General de ese estado.
Una Fiscalía cuyos mandos han permanecido durante 9 años en el cargo, en donde se pudieron haber generado corruptelas o intereses ajenos a los de la seguridad pública.
Una Fiscalía con cuadros formados en la improvisación o amistad, carentes en muchos casos de preparación, con equipo de una excesivamente costosa tecnología militar para uso eminentemente civil, como un helicóptero Blackhawk para transportar despensas.
Una Fiscalía que no produce de doctrina de seguridad y que tiene que pedir manuales y protocolos prestados a otras instituciones análogas del país, para implementarlos en eventos deportivos.
Además una día antes el Fiscal Luis Carlos Nájera afirmó que la ayuda federal era insuficiente. No sólo eso, sino que dijo que en la Fiscalía que lleva años dirigiendo, había infiltrados de la delincuencia.
Fueron unas afirmaciones desafortunadas, porque la Federación ha destinado a Jalisco para 2015 en la función seguridad pública, 1,216 mdp, y además porque parece que el Fiscal desconoce quién trabaja con él, luego de años en el cargo. Fiel a sus formas en descalificar a sus críticos para mantenerse en una zona de confort, el Fiscal de Jalisco ha sido superado y ya no tiene más que ofrecerle a Jalisco.
El día siguiente vino el secretario de gobierno a desmentir los rumores, pero la vulnerabilidad que experimentó Jalisco y su gobierno en los campos social y político de la seguridad nacional, que pudieron haber escalado y obligar a la activación del menospreciado código rojo, como un status previo de entidad fallida, en cuyo filo estuvo oscilando por la incapacidad operativa en sus mandos y de comunicación de sus servidores públicos.
A unas semanas del proceso electoral federal y local, se dieron a conocer los dichos del magistrado Leonel Sandoval, padre del gobernador Aristóteles, que tienen al gobierno de su hijo en un serio escenario. La crisis política de Jalisco escaló y fue removido el delegado de SEGOB en ese estado y en su lugar, fue designado un operador político vinculado con el grupo del Estado de México. Parece que el marcaje es personal y político al gobernador Sandoval y podría estarse operando algún mensaje con código rojo, de impacto local para el priísmo y nacional para el panismo.
Lo grave de los dichos del magistrado Sandoval es que señaló que el árbitro y el juez, como lo es el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral, respectivamente, están del lado de su partido político. “Es ilegal, pero lo vamos a andar haciendo”, dijo el también Magistrado. Como colofón, afirmó también que están construyendo una red de observadores electorales para la movilización del voto.
Ojalá estas graves prácticas, las de seguridad y las señalas por Sandoval no sean un reflejo de la situación que prevalece en las entidades y partidos políticos en el país.
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