Opinión

El medio ambiente y el próximo gobierno

Tiempo de definiciones. | Gustavo Sosa Núñez

  • 29/07/2018
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Previo a las elecciones sabíamos de planteamientos de la coalición de partidos políticos que ganó los comicios, respecto a la forma de abordar distintas problemáticas de la realidad nacional, como en materia de seguridad, combate a la corrupción, ahorro gubernamental y redirección presupuestal a programas sociales, por citar algunos. El enfoque propuesto está siendo confirmado en estos días, delimitándose así el camino a seguir a partir de diciembre.

En esta misma tesitura se ha propuesto modernizar y construir refinerías, lo que infiere un incremento en la producción petrolera (como lo busca la reforma energética). Esta postura recibe aplausos por quienes añoran y recuerdan las glorias de Pemex manteniendo al país; aunado al efecto negativo que ha tenido la liberación del precio de las gasolinas, y en consecuencia de otros productos, en el bolsillo de los ciudadanos.

¿Transición energética?

De acuerdo con buscar soberanía y seguridad energéticas, necesarias en el contexto proteccionista actual y la geopolítica de nuestra región, pero el mundo ya está planteándose caminos alternos, como lo hacen ya Costa Rica e Irlanda. Es bien sabido que para mitigar el cambio climático es indispensable reducir la producción y el consumo de combustibles fósiles; transitando a energías renovables. México lo sabe y por eso, en el Art. 33, Fracc. III de la Ley General de Cambio Climático (LGCC) se establece como uno de los objetivos de las políticas públicas para la mitigación, “promover de manera gradual la sustitución del uso y consumo de los combustibles fósiles por fuentes renovables de energía, así como la generación de electricidad a través del uso de fuentes renovables de energía”.

En el plano internacional, México también ha expresado su intención de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a fin de contribuir a la mitigación del cambio climático. En la Contribución Nacional Determinada (NDC, por sus siglas en inglés) que se incluyó en el Acuerdo de París, el país se comprometió a reducir para el 2030 las emisiones por petróleo y gas (de 137 a 118 MtCO2e – millones de toneladas de bióxido de carbono equivalente).

Se entiende que tanto la LGCC como la NDC fueron realizadas por gobiernos distintos al entrante, y no sería descabellado pensar en modificaciones a estos trabajos para acomodar una nueva postura; pues la tendencia en la política mexicana es la de dar un sello propio a las políticas públicas que se desarrollan durante un determinado sexenio, además de que la coyuntura política supone que el partido del ejecutivo tendrá mayoría en el poder legislativo y, por ende, se observa la alineación de posiciones. Sin embargo, se debe considerar que el combate al cambio climático va más allá de la postura política. Es un compromiso a largo plazo, apartidista, y que tiene los ojos de la comunidad internacional observando la forma que toman los compromisos de las diversas naciones, México incluido.

Entonces, ¿cuál debe ser el camino a seguir? ¿Se busca la transición energética o sólo se promueve la incipiente participación de las energías renovables como un sector más del mercado energético? ¿Se mantiene la jerarquía del combustible fósil, como lo propone la reforma energética? ¿incrementando la producción petrolera sin considerar la procuración ambiental, al estilo Trump? Es tiempo de definiciones.

Hay mucho por hacer

Mucho se ha hablado del destino del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM). Independientemente del tipo de contratos y el costo que ocasionen, la realidad es que, desde el plano ambiental, este proyecto no es oportuno. Diversas fuentes e investigaciones así lo han indicado. Éste es un ejemplo clásico de disyuntiva entre “progreso” a la usanza tradicional vs. la procuración del entorno ambiental (aunque no se puede ver de forma tan simplista, pues hay múltiples factores a considerar). ¿Cuál preservará? Ya se propuso una consulta popular para ello, pero es tiempo de definiciones.

Otro tema responde a las distintas posiciones que personas propuestas para ocupar cargos importantes de la Administración Pública Federal pueden tener en torno a temas claves de la agenda ambiental nacional. Los organismos genéticamente modificados (OGM) son un claro ejemplo de ello. Por una parte, está un perfil que tiene por línea de investigación la identificación del peligro que los OGM tienen sobre el maíz. Por otra parte, está un perfil que ha colaborado cercanamente con una empresa que produce OGM y que ha buscado incrementar su presencia en el país. ¿Cómo hacer, entonces, para que comulguen las diferentes posturas? ¿Cuál saldrá airosa? Es tiempo de definiciones.

Otro aspecto refiere a la justicia ambiental en zonas rurales, en torno a proyectos de infraestructura y los extractivistas. Es de dominio público el daño que ocasionan, como la contaminación de ríos por mineras en el norte del país. ¿Seguirá esto? Se ha mencionado la propuesta de un corredor interoceánico, lo que indudablemente afectará el medio ambiente y las comunidades de la zona propuesta para ello. ¿Se dará prioridad al respeto de pueblos indígenas y su acceso a bienes naturales? ¿O se promoverá esa interconectividad para exprimir los recursos de la zona? Es tiempo de definiciones.

¿Cuál postura prevalecerá? La agenda ambiental gubernamental que ya se planteó es oportuna –es positivo observar propuestas de revertir el controvertido decreto de aguas recientemente publicado, así como de proteger al medio ambiente en zonas turísticas–, pero hay más prioridades. Usualmente el medio ambiente y el combate al cambio climático acaban siendo por lo general relegados a discursos sobre sostenibilidad.

Hay mucho por hacer, y la intención de voto que tuvo la coalición ganadora le da margen de maniobra para realizar propuestas alternativas de desarrollo, fomentar la procuración ambiental, e incrementar el compromiso climático. Ahí debe haber otro cambio verdadero.

Gustavo Sosa Núñez

Es profesor-investigador adscrito al Programa de Investigación en Cooperación Internacional, Desarrollo y Políticas Públicas del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, Centro Público de Investigación CONACyT. Doctor en Ciencia Política por la Universidad de East Anglia, en Norwich, Reino Unido. Sus líneas de investigación refieren al estudio de políticas ambientales, con énfasis en la calidad del aire.

La necesidad de cooperar

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