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El mando único cuestionado

La delincuencia se inserta también en la política y sus individuos sin que sea tocada.

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Escrito en OPINIÓN el

A finales de noviembre de 2014 el presidente de la República se dirigió en un mensaje a la nación, para proponer una serie de medidas para combatir la inseguridad en el país, en el que anunció nuevas iniciativas de leyes, la readecuación de algunas otras y la generación de políticas públicas, que vinieron a incorporarse en el campo de seguridad, económico y social y cuyo anuncio generó grandes expectativas.

 

En el campo de la seguridad resaltó el Ejecutivo Federal por ejemplo, la creación de Policías Estatales Únicas que vendrían a substituir a las más de 1,800 policías municipales en la que se dará prioridad a Guerrero, Michoacán, Tamaulipas y Jalisco, cuando en esta última entidad haya sido escogida porque la seguridad a cargo del entonces fiscal Luis Carlos Nájera Gutiérrez, es porque su desempeño en el servicio público de seguridad pública no fue el indicado y en la que el Gobernador Aristóteles Sandoval sospechosamente nunca hizo el más mínimo intento por cuestionar el desempeño de su fiscal.

 

Una muestra de la incapacidad del Gobierno de Jalisco y del ex fiscal, es que de 2013 a 2014, los secuestros aumentaron 200%, -sí doscientos por ciento-, según la organización Alto al Secuestro de Isabel Miranda de Wallace. Más recientemente de enero a octubre de 2014, Jalisco obtuvo los primeros lugares en algunos delitos, como desaparición forzada.

 

El Ejecutivo Federal dijo que presentaría una iniciativa de Ley contra la infiltración del crimen organizado en las autoridades municipales, una iniciativa para redefinir la competencia de cada autoridad en el combate al delito; sin embargo, la delincuencia se inserta también en la política y sus individuos, sin que sea tocada.

 

El ejemplo Jalisco podría servir de argumento para sustentar la debilidad institucional y quizás suprimir las policías municipales para dejar a las policías estatales con mandos federales, en el que la clase política ha contribuido a las causas de debilidad institucional y sin que haya castigo para la clase política o los malos servidores públicos.

 

Este tema está en boga, a propósito del asesinato de la presidenta municipal de Temixco en Morelos, cuyo gobernador Graco Ramírez y el presidente de la capital, el ex futbolista Cuauhtémoc Blanco, sostuvieron sendo intercambio de acusaciones mutuas, cuando el gobernador decidió aplicar el mando único en la capital gobernada por el ex deportista.

 

En el campo social la propuesta presidencial establecía acciones en derechos humanos, para facultar al Congreso a legislar en materia de desaparición de personas y tortura, se establecerían algunos protocolos de atención así como un Fondo de ayuda y el Registro Nacional de Víctimas, entre otros.

 

Para el campo político se proponía incorporar el fortalecimiento en la transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana, en los procesos de licitación y adquisición de bienes y servicios para el sector público.

 

Hubo otras propuestas, pero parece que son medidas coyunturales para problemas estructurales, que fueron gestándose por años y años de impunidad y corrupción, como por ejemplo, Ayotzinapa.

 

Es coyuntural, cuando en su origen se invocan los sucesos que generaron la crisis de Ayotzinapa y no se reconoce como problema estructural a la corrupción y la impunidad que se pretende erradicar, si es que el objetivo es aspirar a un país de primer mundo cuando se invocan procesos y medidas de esos países.

 

Parece que la solución radica sólo en el robustecimiento de las medidas policiales, pero sin que los mandos o la clase política tengan responsabilidad alguna.

 

En este sentido sería muy pertinente fusionar la figura de la Auditoría Superior de la Federación al Sistema Nacional Anticorrupción al que se refirió el presidente de la República, para que a todo aquel que apruebe o ejerza recursos públicos pueda imputársele responsabilidad por la asignación y ejercicio de recursos presupuestales a Fondos Públicos que hayan sido corrompidos.

 

A propósito de las medidas anticorrupción, un ejemplo de la frivolidad y mal uso de recursos públicos lo constituye, la adquisición de banderas para los senadores de la República con su nombre bordado, en un acto que pareciera ausente de sensibilidad.

 

No han sido suficientes las medidas anticorrupción anunciadas en diversos momentos coyunturales y algunas propuestas parece que fueron tomadas de la pasada administración, como por ejemplo el control de la seguridad en los municipios y la creación de policías estatales, en cuyo ejercicio pareciera una falta de creatividad o frivolidad, en quien asesora al presidente de la República.

 

En síntesis, era necesaria una medida de golpe al rumbo de la seguridad, pero mientras tanto, parece que la impunidad y corrupción aún no se están considerado con seriedad.