Opinión

El mal negocio de la protección civil

Sin una cultura de la prevención e instituciones responsables, los mexicanos seguiremos pagando hasta 500 veces por los costos de reconstrucción ante desastres

  • 16/10/2017
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Los sismos de septiembre pasado, sacaron a la luz diversos aspectos en los que autoridades y sociedad civil deberán comenzar a trabajar inmediatamente para enfrentar en mejores condiciones fenómenos naturales futuros.

Lo primero que se pudo observar, fue la falta de capacidad de respuesta por parte de protección civil para atender a quienes requerían orientación para obtener un dictamen de sus inmuebles o conocer a qué instancias debían acudir para solicitar apoyo para reconstrucción.

Y es que pese a la labor que pueda desempeñar protección civil, la infraestructura con que opera actualmente esta institución, es insuficiente para hacer frente a eventos como los sismos de septiembre pasado.

Anualmente se destinan recursos insuficientes tanto para el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) como para el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) y cada año, el gobierno federal, termina gastado más recursos de los que asigna a estas dependencias.

Es cierto, no tenemos manera de prever la magnitud de los desastres naturales, pero lo que sí se debería poder hacer, es destinar más recursos para trabajar en la prevención y con esto minimizar los riesgos de los impactos de los desastres naturales.

El monto de los recursos que se destinan para hacer frente a los efectos de los desastres naturales, llega a ser hasta 700 veces más bajo que los presupuestos que termina pagando el gobierno federal cada año.

En 2016 se destinaron al FONDEN recursos por 7,900 millones de pesos y se ejercieron 11 mil millones de pesos, es decir, 41% más de lo presupuestado. En tanto que al CENAPRED le asignaron 77 millones de pesos, mientras que el impacto económico por desastres naturales ese año fue de casi 13 mil millones de pesos.

Para 2017, el presupuesto para el FONDEN fue de 6 mil millones de pesos y de 80 millones de pesos para el CENAPRED y, hasta antes de los sismos, se habían ejercido ya poco más de 7 mil millones de pesos para atención de desastres. Es decir, que apenas se destina el 0.6% de recursos para prevención de desastres con respecto a lo gastado.

De acuerdo con cifras del gobierno federal, se necesitarán 37 mil millones de pesos para la reconstrucción y apoyo a los damnificados por los sismos de septiembre pasado, es decir que para resarcir los daños se requieren 5.3 veces más recursos que los asignados por el gobierno federal para este año, esto sin contar los efectos de huracanes e inundaciones.

Esta gran urbe requiere de un organismo de protección civil con muchas más facultades para responder ante los fenómenos naturales, que vaya más allá de solo la aplicación de protocolos y de la capacitación para implementarlos.

Es necesario crear un organismo o comisión que concentre toda la información y registros de construcción, pues ante la corrupción que prevalece en el otorgamiento de permisos para construir, los damnificados deben tener claridad hacia dónde dirigir sus demandas y denuncias, pues hoy día, entre el fondo de la vivienda, los colegios de ingenieros y arquitectos, directores responsables de obras, estructuralistas, Seduvi, la Secretaría de Desarrollo Urbano, la PROFECO y aseguradoras, se reparten culpas y responsabilidades.

Protección civil debería asumir la tarea y crear un protocolo de concentración de información para canalizar debidamente a los damnificados o, por lo menos, supervisar a ese organismo concentrador y generar programas de supervisión y cumplimiento de normas de construcción y seguridad.

En resumen, sin una cultura de la prevención y sin órganos o instituciones de gobierno que concentren toda la información que se requiere a la hora de responder ante un desastre natural, los mexicanos seguiremos pagando hasta 500 veces por los costos de reconstrucción ante los desastres naturales.

@ijm14 | @OpinionLSR | @lasillarota


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