Casi al mismo tiempo que la administración de Donald Trump comenzó a implementar la política de “tolerancia cero”, que se usaba para separar a los niños de sus padres en la frontera con México, las autoridades migratorias estadounidenses comenzaron a aplicar otra táctica disuasiva de inmigración conocida como “gestión de colas” o de “medición” que consiste en que los migrantes esperen días, incluso semanas dependiendo del puerto de entrada, para que sus solicitudes de asilo a Estados Unidos sean procesadas.
Como si esto fuera poco, debido a los largos tiempos de espera, las autoridades migratorias de México comenzaron a obligar a los migrantes a retirarse de los puertos de entrada del lado mexicano. Los afortunados son alojados en refugios o deportados a sus países de origen, los no tanto son amenazados y/o abandonados a su suerte en la región fronteriza mexicana a la que el propio Departamento de Estado ha emitido una alerta de viaje.
Ante el inminente arribo de la caravana de migrantes hondureños que comenzó su travesía por territorio mexicano en octubre pasado, el 9 de noviembre Trump emitió una proclamación cuya ejecución se llevaría a cabo conforme a la normativa interina emitida conjuntamente por los Departamentos de Seguridad Nacional y de Justicia, supuestamente con la intención de ordenar y hacer eficiente la tramitación de las solicitudes de asilo que pedirán por docenas los hondureños siempre y cuando sean presentadas por los puertos de entrada a lo largo de la frontera con México.
Si bien la proclamación de Trump y la normativa de Seguridad Nacional y de Justicia señalan claramente que todas las solicitudes de asilo serán gestionadas en los puertos de entrada fronterizos con México, la intención real es prohibir el ingreso de los integrantes de la caravana de hondureños, anticipando que la mayoría no son elegibles para recibir el estatus de asilo en Estados Unidos.
Además de la predisposición de rechazar las solicitudes de asilo, las prácticas actuales del Departamento de Seguridad Nacional, atribuibles a la medida deliberada de la administración Trump de “gestión de colas”, están induciendo a que muchos migrantes en su desesperación crucen la frontera ilegalmente para ser capturados en su mayoría por la patrulla fronteriza y posteriormente regresados a la frontera mexicana, pero en esta ocasión con antecedentes delictivos por entrar de manera ilegal a Estados Unidos lo que imposibilita que su solicitud de asilo sea aceptada.
De conformidad con el estatuto de asilo, cualquier extranjero que llegue a Estados Unidos, ya sea que llegue o no a un puerto de entrada designado, tiene el derecho de solicitar asilo, pero lo que Donald Trump pretende con su proclamación del 9 de noviembre es utilizar los preceptos de la ley de inmigración, relacionados con antecedentes delictivos para anular las ordenanzas del estatuto de asilo de Estados Unidos. Ante esta situación, el 19 de noviembre, un Juez del Tribunal del Distrito Norte de California emitió una orden de restricción temporal a nivel nacional prohibiendo la aplicación de la proclamación de Trump y la normativa de Seguridad Nacional y de Justicia, dado que a todas luces violan las leyes federales de asilo estadounidenses.
Pero a pesar de la prohibición para ejecutar las instrucciones del presidente, cuya vigencia es hasta el 19 de diciembre, los migrantes han caído en un círculo vicioso prácticamente sin salida, especialmente los casos de aquellos que optan por no esperar largo tiempo en los puertos de entrada y se arriesgan a entrar ilegalmente a territorio estadounidense. Por otra parte, es un hecho que los tiempos de espera y las solicitudes aumenten dado el arribo simultáneo de miles de migrantes que, en forma de caravanas, huyen de la violencia y la pobreza de sus países, lo que significa que podrían pasar más tiempo en México.
Ahora en Tijuana, los casi 5 mil migrantes de la caravana de hondureños esperan a que sus solicitudes de asilo sean procesadas en el puerto de entrada de San Ysidro. Pero si bien la mayoría, incluidos niños, está albergada en un complejo deportivo, éste no tiene la capacidad para cubrir dignamente sus necesidades por mucho tiempo, por lo que ante la ausencia de apoyo del gobierno federal mexicano las autoridades de Tijuana declararon una crisis humanitaria y solicitaron apoyo a las Naciones Unidas. Lamentablemente, mientras se espera a que la ayuda del exterior llegue, los migrantes se han visto rodeados por residentes locales que les piden a gritos irse al menos de Tijuana.
Sin duda, el efecto de las políticas y prácticas migratorias de la administración de Trump es dejar a miles de migrantes centroamericanos en una especie de limbo en la frontera norte de México. Lamentablemente, un efecto colateral han sido las muestras de intolerancia de muchos mexicanos hacia los migrantes.
Mientras el gobierno de Enrique Peña Nieto brilló por su ausencia, apatía y abandono, el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador promete apoyar a los migrantes centroamericanos. El compromiso de AMLO debe ser con los países centroamericanos por los lazos que nos unen y no como consecuencia de un acuerdo de “tercer país seguro” con Estados Unidos. El “Plan Marshall” para Centroamérica que está ideando su equipo puede ser una oportunidad que podría dar frutos después de años, pero ahora lo importante es atender a los miles de migrantes atrapados en el limbo de la frontera norte de México.