Se cumplen hoy tres semanas de que presentara su renuncia Janine Otálora, quien por dos años fue presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al que arribó como el único de los siete nuevos integrantes que concitó el consenso en su favor por parte de todos los partidos políticos y otros actores ligados a su designación.
Desde aquella fecha, el panorama para la justicia electoral en México no ha hecho sino ensombrecerse con un cruce de señalamientos, cada uno más grave que el otro. El conjunto de ello tiene como resultado que la credibilidad de la institución luce en vías de extinción.
La crisis en el pleno del tribunal se agudizó con la resolución, el 9 de diciembre, a favor de la entonces candidata a la gubernatura de Puebla, Martha Érika Alonso, quien tras ejercer el cargo por un brevísimo lapso, murió en un accidente de helicóptero acompañada por su esposo Rafael Moreno Valle, antecesor en el puesto y líder del PAN en el Senado.
Con ello como telón de fondo, han existido imputaciones de que la señora Otálora aceptó dimitir, el 21 de enero, ante presiones de funcionarios del gobierno López Obrador que se habrían coludido para tal fin con el nuevo presidente de la Corte, Arturo Zaldívar.
Roberto Zamarripa, directivo y articulista del diario “Reforma”, publicó una semana después de la renuncia, que en los primero días de diciembre el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, y el ministro presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, coincidieron en las oficinas de Otálora para pedirle anular la elección poblana.
Resulta inverosímil que ambos personajes hayan protagonizado tal episodio, que por su naturaleza sería público, pues la agenda de citas de los magistrados para los llamados “alegatos de oídas” está sujeta a las leyes de transparencia. Aun más porque especialmente Zaldívar jamás podría haberse constituido como parte interesada, a días de haber asumido la presidencia del máximo tribunal del país.
Del otro lado de la escena hay voces asegurando que el grupo de abogados que defendió la causa de la señora Alonso de Moreno Valle, coordinado por el ex presidente del tribunal José Fernando Ojesto, ofreció hasta 100 millones de pesos a cada uno de los magistrados que inclinaran su voto en favor de la abanderada panista. A falta de pruebas o de indicios contundentes, por ahora debe asumirse que tal señalamiento borda igualmente en la injuria.
Este episodio, que pone en predicamento la viabilidad del actual equipo de magistrados sujetos ya a un dura crítica, podría esclarecerse simplemente con una declaración pública de la señora Otálora poniendo de manifiesto si las presiones referidas por Zamarripa fueron ciertas, o en caso contrario, si su dimisión fue obligada por la presunta subasta de votos que habría cooptado a uno o más se sus compañeros.
En su descargo hay que decir que la ex presidenta del tribunal navegó frente a los medios de comunicación y la opinión pública huérfana de los apoyos más elementales. Su jefe de prensa, Julián Andrade, le debió el cargo no a su conocimiento de los temas jurisdiccionales o sus destrezas como comunicador. Su posición estuvo sujeta a las componendas políticas y partidistas que han envenenado la vida del tribunal.
Andrade fue colocado al frente del área, con un sueldo espléndido, solo por haber sido colaborador del ex jefe del Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, actual senador. Él encabezó el área de comunicación del gobierno capitalino, pero en los hechos fue un simple asistente de Luis Serna, el secretario particular de Mancera. Se sabe que en plena crisis del tribunal, Andrade se reunió cotidianamente con Mancera para planear el lanzamiento del periódico “ContraRéplica”, cuya propiedad le es atribuida al propio Mancera, a Héctor Serrano, que fuera su principal operador político, y a otros integrantes de ese grupo político. Andrade es hoy columnista de ese diario.
El pasado viernes surgieron claves adicionales sobre la crisis en la que está envuelta el tribunal, con un artículo publicado en “El Universal” por César Astudillo, catedrático del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y una de las voces más claridosas en este campo.
Para el especialista, el actual pleno del tribunal entró en un limbo en el momento mismo de su constitución pues se formaron dos bloques que obedecieron a intereses de los partidos políticos que impulsaron a los respectivos magistrados. Así, dice Astudillo, los partidos cobraron una desmesurada capacidad de “presionar, amenazar, incidir, prometer y amagar” a sus integrantes.
A la luz de ello, sostiene el especialista, el tribunal entró en un marasmo donde las resoluciones judiciales han encarado regularmente votaciones 4-3, lo que aleja la posibilidad de consensos en temas básicos. Esto ha impuesto una regresión en temas que se consideraba parte ya de la doctrina judicial en el campo electoral.
Nada bueno augura esta atmósfera para la solidez del tribunal electoral. No debe descartarse el riesgo de una profundización de esta crisis. Y de ocurrir, difícilmente será responsabilidad de nadie más que de los propios magistrados y de los partidos que los tutelan. De ahí que resulta afortunado el llamado del citado Astudillo para que la sociedad en su conjunto delibere sobre el futuro del juez electoral, pieza clave en democracia funcional.