La atención a los problemas prioritarios de la agenda pública requiere la participación de la ciudadanía, como un elemental principio democrático, basado en la intervención activa de los gobernados en la toma de las decisiones trascendentales para el bien del país. Dentro del diseño del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), lo anterior encuentra un asidero en la inclusión del Comité de Participación Ciudadana (CPC), cuyo presidente encabeza al mismo tiempo la máxima instancia de decisión del sistema.
Es pertinente recordar que el SNA se crea a partir de la premisa de evitar la fragmentación institucional en el combate a las conductas ilícitas en la esfera pública, esto atiende al hecho de que la falta de organicidad conduce a la dilución de los esfuerzos que se realizan en lo individual. De tal forma, una de sus atribuciones más importantes es diseñar, aprobar e implementar la Política Nacional Anticorrupción (PNA), como el principal instrumento de acción pública en la materia, que lleva implícito el enfoque integral en las labores de lucha contra la ilegalidad en el servicio público.
Para contribuir a la construcción de la PNA, el CPC, en ejercicio de su rol como actor que propicia la capacidad de involucramiento ciudadano en las tareas del SNA, generó un espacio de trabajo colaborativo con la Red por la Rendición de Cuentas (RRC), para la elaboración del documento “Hacia una Política Nacional Anticorrupción”, mismo que serviría como insumo base en la confección de la PNA. Por ello, se programó la realización de una consulta nacional sobre el contenido de la propuesta, la cual tuvo lugar a finales de 2018, principalmente a través de foros en todo el país, que involucraron a sociedad civil, academia, miembros de los sistemas locales anticorrupción, expertos y activistas.
Así, recientemente se presentó el “Libro Blanco de la consulta sobre la Política Nacional Anticorrupción”, que compendia los trabajos realizados a nivel nacional, y en el que es posible contar con elementos diagnósticos sobre el flagelo de la corrupción, además de importantes contribuciones que se ponen a disposición del gobierno para su integración en las políticas públicas de combate al fenómeno, todo esto como expresión de la participación ciudadana.
Una aportación valiosa del “Libro Blanco”, es el énfasis que se hace en cuanto a la importancia de mirar más allá de la casuística de los hechos ilícitos en el servicio público, para observar a las condiciones estructurales que hacen posible que acontezcan los hechos corruptos. Bajo este contexto, se señalan siete acciones sustantivas para la Política Nacional Anticorrupción: mandatos y procesos claros; inteligencia institucional y control interno; profesionalización de la administración pública; fortalecimiento de medios de denuncia, investigación y sanción; vinculación interinstitucional para el combate a la corrupción; vigilancia ciudadana; y rendición de cuentas para el combate a la corrupción.
Las directrices planteadas en el texto son concordantes con tres aspectos requeridos para el éxito en las tareas, a saber: crear un marco normativo legítimo a partir de ejercicios incluyentes y con una visión de derechos; reconstruir la confianza de los ciudadanos en sus gobernantes; así como sancionar de manera efectiva a quienes se desvían del cumplimiento de la ley en el servicio público. El esfuerzo que se condensa en el documento, tiene el potencial de crear sinergia entre los ciudadanos y el gobierno, para cambiar los escenarios de impunidad y corrupción diseminada, por los de orden y buena marcha de los asuntos públicos.
Es de considerarse que solamente por medio del trabajo conjunto entre instituciones y gobernados, es como será posible que se rompa la inercia del combate a la corrupción, limitada a la instauración de un conjunto de reglas que, con la inacción y la ineficacia institucional, se convierten en estructuras débiles incapaces de propiciar la transformación de la vida pública del país.
Hoy el reto estriba en lograr un equilibrio virtuoso entre la democracia, el orden legítimo, el comportamiento ético, la participación ciudadana, la prevención y la sanción a quienes actúan de manera ilícita. Contamos ya con un marco constitucional y legal que, aun siendo perfectible, es suficiente para dar los pasos iniciales para lograr un Estado eficaz y honesto. Adicionalmente, se requieren la voluntad política de quienes lideran las instituciones; una visión que se aleje de los cortoplacismos políticos, capaz de trazar un rumbo sostenido que abata la impunidad; el trabajo comprometido de una sociedad sabedora de que la corrupción implica una erosión en sus derechos y, por tanto, es un asunto prioritario de atender; así como una toma de conciencia colectiva que asuma al comportamiento ético como algo imprescindible en la esfera pública.
Es de esperarse que la Política Nacional Anticorrupción incorpore los aspectos valiosos que se encuentran en el “Libro Blanco”, y que cada uno de los integrantes del SNA articule esos contenidos con su actuación en favor del aseguramiento de la buena marcha de la administración gubernamental en nuestro país.