Uno de los primeros juicios de amparo fue el amparo interpuesto por diversos funcionarios, desde el Poder Judicial Federal hasta de organismos constitucionales autónomos, en contra de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos que pretendía establecer la “austeridad republicana” en la función pública. Sin embargo, la “4T” demostró su poca comprensión del actual sistema jurídico mexicano que ya no responde incondicionalmente a los designios del titular del Poder Ejecutivo, como antaño solía hacer, por mucho que se le diga que la “legitimidad” obtenida en las urnas así lo ordena.
Incluso, para los ciudadanos mexicanos contemporáneos no basta con las buenas intenciones del gobierno en el ejercicio del poder para dejar pisotear sus derechos humanos fundamentales. Así lo demostró un juez federal en materia administrativa en la Ciudad de México que concedió una suspensión definitiva a Javier Mijangos y González por las medidas llevadas a cabo por el gobierno federal para combatir el robo de combustible (“huachicol”), causando desabasto de gasolina y una incertidumbre generalizada en cuanto a otros productos que dependían del transporte terrestre. En este caso, el fin no justifica los medios, pues no por lograr un proyecto político debe dejarse atrás el aspecto jurídico. De acuerdo con una nota del periódico Milenio del jueves 29 de agosto de 2019, actualmente los amparos en contra de los “planes de la 4T suman ya 5 mil 450”. De estos, 1028 por la cancelación de recursos al Programa de Estancias Infantiles, 59 contra la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), 1 contra el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y 4,364 por la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
De acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador existe un “sabotaje legal” a su proyecto político, llegando incluso a señalar que el NAIM se construirá pese a los amparos de los opositores, al grado de llegar a afirmar que revelará los nombres de los jueces que han otorgado, en sus palabras, amparos de manera indebida. ¿El enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial pone en peligro a las instituciones mexicanas como se ha señalado en diversos foros? En realidad, no, de hecho, los enfrentamientos y rechazos entre uno y otro, siempre y cuando se hagan por medio de las instituciones jurídicas diseñadas para tal efecto (juicio de amparo, controversia constitucional, acción de inconstitucionalidad) son signos de la salud de un sistema jurídico que se quiere democrático.
Lo importante no es señalar a los “enemigos del progreso”, como antaño se le llegó a denominar a un sector abiertamente opositor a los designios del partido hegemónico del momento, el PRI, sino que, al igual que Federico II de Prusia, es de alegrarse el comprobar que existen jueces con el suficiente criterio jurisdiccional en México para oponerse por la vía de los tribunales a los designios del mismísimo presidente de la República que, al parecer, no se ha percatado de que el país se ha transformado y adoptado un pluralismo jurídico que conviene conservar, fomentar y aumentar. El reto de su administración es encontrar funcionarios capaces de llevar a cabo sus proyectos políticos dentro del marco jurídico correspondiente. El juicio de amparo es una institución jurídica que desde sus inicios ha estado íntimamente ligado a la democracia. El propio presidente Benito Juárez fue quien en 1861 promulgó la primera ley reglamentaria de la materia en cuestión. Si se acaba la democracia se extingue el amparo, y con él toda forma de justicia. En este tenor, no debemos olvidar una lección venida directamente de la historia del Derecho: “hubo primero leyes que Reyes”.
*Carlos de Jesús Becerril Hernández
Doctor y Maestro en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Maestro en Derecho Fiscal y Licenciado en Derecho por la Universidad de las Américas Puebla. Premio Gastón García Cantú en Investigación Histórica sobre la Reforma Liberal que otorga el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM). Premio al mejor artículo de Historia Económica que otorga el Comité Mexicano de Ciencias Históricas (CMCH). Ha sido profesor en la Facultad de Economía de la UNAM, en el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, en el Departamento de Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y en la División de Economía del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Profesor/Investigador de tiempo completo en la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac México. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel I.