Opinión

El juez que murió abandonado

Un entorno de abandono por parte de una especie de aristocracia judicial. | Roberto Rock L.

  • 18/06/2020
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Una vez que se liberen del aburrido confinamiento provocado por la pandemia, los once ministros y ministras integrantes de la Corte regresarán a sus mullidas oficinas (varias de ellas recién remodeladas) y disfrutarán de nuevo, a la puerta de su residencia, de un equipo de guardaespaldas, camioneta blindada, chofer privado y carro escolta.

En su hogar permanecerá un segundo dispositivo similar para velar por su familia. En un caso, incluso, habrá otro despliegue idéntico que dotará de tranquilidad a la ex esposa de uno de los señores ministros, el mismo que en total dispone de al menos una veintena de agentes de seguridad, cifra que ajusta, en apego a la austeridad en boga, cuando acude a un evento público, con reporteros y fotógrafos a la vista.

Varias categorías abajo del escalafón judicial, otro personaje ostenta similar despliegue para su protección personal. Se trata de Netzaí Sandoval, director del Instituto Federal de Defensoría Pública, una entidad encargada no de llevar ante la justicia a presuntos criminales, sino de lo contrario; es decir, velar por el derecho de los inculpados a buscar evadir la cárcel. Alguien debe haber considerado que este abogado de 37 años desempeña una misión peligrosa, que amerita escoltas y demás parafernalia. O acaso la reflexión fue que se trata del hermano de Irma Eréndira Sandoval, la poderosa secretaria de la Función Pública.

Muchas cosas han cambiado en el máximo tribunal -es cierto, también en el país- desde que durante una sesión privada hubo extrañamientos para su entonces presidente, Mariano Azuela Güitrón (2003-2007), quien se obstinaba en manejar por sí mismo, sin chofer siquiera, el vehículo normal que le había sido asignado. “Imagínese -le dijeron sus colegas- que se vea implicado en un accidente de tránsito, sin hablar de algo peor…”. Todavía hace pocos, muy pocos años, los ministros se sentían seguros sólo con un chofer, acaso con un vehículo blindado.

A escasos 750 kilómetros de esa atmósfera casi palaciega, un joven juez federal, Uriel Villegas, tan servidor público como sus compañeros en la Corte, fue asesinado en Colima al lado de su esposa, ante la mirada de sus dos hijas, de tres y siete años.

“Lo mataron por hacer su trabajo”, declaró ayer, con palabras pesadas, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, cuya trayectoria como exministra la llevó a conocer el trabajo del juzgador sacrificado.

El presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, tuvo igualmente un posicionamiento firme en contra de la intimidación que supone este atentado por parte del crimen organizado. Pero en un segundo momento pareció ceder a lo que constituye ya un acto reflejo en su proceder: proteger la imagen del presidente López Obrador.

Ante versiones de que el juez Villarreal carecía de seguridad a causa de órdenes presidenciales en favor de la austeridad (específicamente suprimir la asignación de escoltas y carros blindados), el ministro Zaldívar ofreció anoche una rueda de prensa virtual para asegurar que el jurista victimado declinó por escrito las medidas de protección de que había sido dotado.

El juez Villegas lo habría hecho, dio a entender Zaldívar, porque reportaba sentirse más seguro en Colima que en su anterior adscripción, en Jalisco, donde debió atender casos espinosos ligados con narcotraficantes de renombre internacional, insertados en el Cártel Jalisco Nueva Generación.

No es ningún secreto que el mismo CJNG ha podrido circuitos judiciales como el de Guadalajara gracias a su enorme poder de cooptación basado en sumas millonarias y amenazas de muerte. Está a la vista que esta mafia, quizá una de las más poderosas del mundo, domina, también en Colima, múltiples negocios del crimen organizado, desde el ingreso de drogas y la extorsión en las operaciones del puerto de Manzanillo, hasta el secuestro, asesinato de policías y una larga lista de actividades ilícitas que han convertido en poco más de un espantapájaros al gobierno del tecnócrata priísta Ignacio Peralta.

A Zaldívar se le olvidó mencionar que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), del que dependía el juez Villegas, tiene la atribución de evaluar los riesgos a los que estaba evidentemente sometido, y determinar que el esquema de seguridad debía ser conservado.

Tampoco dijo el ministro presidente que los jueces y magistrados federales están desempeñando su trabajo bajo el más claro desdén por parte del CJF y de la misma Corte. Las muy escasas reuniones que se han tenido con ellos fueron dedicadas a marcarles directrices en tono ominoso. Hoy es imposible que un juez o un magistrado sea recibido por un consejero de la Judicatura o, menos, por un ministro.

El asesinato del juez Villegas y su esposa se produce en este entorno de abandono por parte de una especie de aristocracia judicial acendrada a niveles nunca conocidos.

Es pertinente subrayar que en toda esta historia parece haber un velo que ofende a la inteligencia más elemental. Una certeza creciente de que nos están mintiendo.

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