Aún cuando el procedimiento que se implementó para seleccionar a los consejeros electorales -mediante la creación de un comité evaluador que tuvo por objeto la conformación de once quintetas a partir de las cuales la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó una lista de once nombres- no estuvo exento de cuestionamientos, me parece que representa un avance respecto a procedimientos anteriores en que eran los propios diputados quienes establecían criterios, evaluaban y decidían generalmente con absoluta discrecionalidad.
Tampoco la integración del órgano superior de dirección dejó satisfechos a muchos sobre todo por las acusaciones de que se impusieron las cuotas partidistas, pero un hecho positivo es que se lograron los consensos necesarios para alcanzar con holgura la mayoría calificada por lo que no se tuvo que recurrir a la insaculación lo que hubiera significado el fracaso de la política.
Otro elemento a destacar es que el INE no inicia de cero, sino que además de contar con la experiencia de gente como Arturo Sánchez, Marco Baños, Benito Nacif, la solvencia de Ciro Murayama y la conducción de su presidente, Lorenzo Córdova, también puede y debe aprovechar la experiencia institucional acumulada durante los 23 años de vida del IFE en la organización de elecciones así como la capacidad probada de su personal operativo y técnico.
Por supuesto se tiene que revisar y seguir avanzando en el método de selección, sin duda perfiles muy valiosos se quedaron fuera como en el caso de María Marván cuya ausencia es de lamentar al igual que el que únicamente se hayan elegido a 3 mujeres que representan menos del 30 por ciento del Consejo General, pero por ahora son muchos los temas pendientes que tienen que ser resueltos en lo inmediato.
Para completar el proceso de gestación del INE es indispensable que el Congreso cumpla con emitir las leyes generales que establece el artículo Segundo Transitorio de la reforma constitucional en este periodo ordinario, y que en ellas se dé claridad en temas como la distribución de competencias, la coordinación con los órganos electorales locales o el diseño estructural del nuevo instituto.
Es importante advertir que al adelantarse un mes la celebración de la jornada electoral -al primer domingo de junio-, lo que supone que también se anticipe a la primera semana de septiembre el inicio del proceso electoral, el tiempo que tienen los congresos locales para reformar sus respectivas constituciones, así como su legislación electoral es muy limitado, ya que el artículo 105 constitucional señala expresamente que no pueden realizarse reformas sustantivas en materia electoral 90 días antes de que empiecen dichos procesos. Lo mismo aplica para que el INE y los órganos locales modifiquen su normatividad.
Como se puede apreciar aún hay mucho camino por andar y lo que está en juego no es menor, por lo que todos debemos contribuir a que la nueva institución electoral nazca bien pues de ello depende en buena medida la estabilidad política del país y la consolidación de nuestra democracia.
@Agus_Castilla