En la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), habían transcurrido siete largos meses de negociación antes de que Mucio Israel Hernández Guerrero fuera nombrado comisionado presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Era el lunes 15 de diciembre de 2014.
Un factor de peso en su designación fue el compromiso de Mucio Hernández Guerrero de ocultar al público, aquellas solicitudes de información que pudieran atraer el interés de los investigadores sobre los manejos opacos de los recursos presupuestales de la Asamblea Legislativa.
Temas como el número de demandas laborales contra la ALDF, un acuerdo de la Comisión de Gobierno, por el cual se repartieron prerrogativas extraordinarias del orden de los cien millones de pesos entre tres integrantes de dicha Comisión —Manuel Granados Covarrubias, Ariadna Montiel Reyes (ambos del PRD) y Federico Döring Casar (del PAN)—; la pregunta expresa en relación al número de empleado de Jesús Enrique Mendoza Huitrón (el guardaespaldas de Manuel Granados del que hacíamos referencia en la entrega anterior), los vehículos asignados al órgano legislativo o la solicitud de copia del contrato ALDF/VIL/AD/I-25/13 relativo a la Evaluación de la Gestión Gubernamental Permanente para la VI Legislatura, son sólo algunos de los temas que Mucio Hernández Guerrero se comprometió a ocultar y que, más de dos años después permanecen ocultos, por aquello de que el amable lector quisiera corroborarlo personalmente.
Basta acceder al sistema Informex DF, a través de la página: http://www.infomexdf.org.mx/InfomexDF/Default.aspx y en la parte que indica: “Consulta aquí las solicitudes de información, y sus respuestas” poner, en la casilla respectiva, alguno de los números de folio que se relacionan más adelante. A continuación el lector confirmará que dichos folios no arrojan ni la pregunta del solicitante, ni la respuesta del sujeto obligado, actos que constituyen una maniobra de ocultamiento, por parte del que se supone es el órgano garante de la transparencia en la Ciudad de México.
Otro método para inhibir el acceso a la información por parte de la ALDF y del Instituto de Transparencia de la CDMX es obligar al solicitante a pagar en una institución bancaria —en ocasiones por cantidades ridículas como cincuenta centavos— por la reproducción de un documento solicitado, aun cuando el artículo 6o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “toda persona (…) tendrá acceso gratuito a la información pública”.
Luego, mediante un algoritmo, el instituto generará una ficha de pago que no es aceptada por el banco, en razón de que los dígitos no corresponden a la cuenta de la ALDF, lo que obliga al solicitante a acudir a sus oficinas en Puente de la Morena a solicitar el cambio en el número de ficha de depósito, como se comprueba con el ejemplo que se anexa y del cual poseo una decena al menos.
Lo dicho hasta aquí permite arrojar dos conclusiones preocupantes: la primera, que el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México no es, ni de lejos un órgano autónomo, como mandata el artículo 37 de la Ley de Transparencia de la Ciudad de México, sino que constituye una barrera para el acceso a la información pública, particularmente la que genera, posee o administra la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; y la segunda, que el órgano legislativo tiene en el Instituto de Transparencia a un aliado protector de su opacidad y no a una institución garante de la transparencia en beneficio de los ciudadanos.