De manera oficial desde 2009 el presidente de la República no acude al Congreso a rendir su informe de gobierno, aunque no lo hacía de manera oficiosa desde 2006 a consecuencia del conflicto poselectoral. Lo anterior, en medio de la ola de protestas por el supuesto fraude electoral, la presidencia “legítima” y el haber mandado al diablo a las instituciones. Con razón el presidente del Congreso, Porfirio Muñoz Ledo, resaltó que México es el único país del mundo democrático en el que el presidente no acude a rendir cuentas ante el Poder Legislativo.
Más allá de estas formalidades, el vacío democrático está en la falta de rendición de cuentas y en la ausencia de mecanismos de control democrático del poder, comenzando por el desencuentro entre el Ejecutivo y el Legislativo para conocer y revisar a fondo el estado que guarda la administración pública federal. Esta es una muestra más de la dicotomía entre el México ideal y el real.
Por un lado, se entrega el informe y los anexos que, como bien sentenció Carlos Medina en 1998 ante el presidente Zedillo, “dicen contener el estado que guarda la nación”; por el otro, los excesos de un deficiente sistema de información pública y comunicación política nos recetan la verdad oficial en miles de spots de radio y televisión, como prerrogativa del poder, sin consideración alguna de equidad en tiempos oficiales y recursos de información a quienes tienen por facultad revisar, observar y sancionar al poder y menos aún, a entidades autónomas, especializadas o de la sociedad civil afectadas por la administración en cualquier sentido.
Para completar el cuadro, se convoca al informe que no fue y se realiza en Palacio Nacional, al más viejo estilo, en un acto solemne buscando reeditar aquel famoso “día del presidente”. En la sede del Poder Ejecutivo se despliega de forma conveniente la información a modo para resaltar la gestión, para configurar el legado. Quizás algunos podrían pensar que esta es la prerrogativa del presidente y sí lo es, en un régimen autoritario. En uno democrático la evaluación del gobierno se hace en el congreso, sede de la representación popular y se debe realizar de manera transparente, veraz, sólida y austera.
Durante las siguientes semanas el Congreso va a realizar la glosa del informe presidencial, en principio con la plena disposición de los secretarios del despacho para ampliar la información que se considere necesaria, independientemente de la responsabilidad con la que el nuevo congreso desahogue esta tarea. Lo cierto es que el formato está acotado de origen por la mayoría histórica de un régimen reacio a ser auditado y por la falta de reformas subsecuentes al régimen político.
En previsión de la glosa nada o muy poco se dijo, incluso solo a manera de justificación o disculpas retóricas, sobre la crisis profunda que lastima al país, visiblemente expresadas en la corrupción galopante, la dolorosa impunidad e injusticia, la inseguridad, la indigna desigualdad y pobreza extrema y la falta de crecimiento económico. De tal manera que el informe que no fue se define más por las omisiones y silencios que por los contenidos ampliamente difundidos.
Siete ejes prioritarios
Buscando reparar el fondo del fallido informe, los grupos parlamentarios han dado a conocer y han registrado su agenda legislativa que, sin duda, servirán como marco de referencia para debatir los documentos y apreciaciones del ejecutivo.
Los legisladores del Partido Acción Nacional han definido una agenda en siete ejes prioritarios, enunciativos y no limitativos: orden económico para el crecimiento y el desarrollo, con diversas iniciativas para fortalecer las finanzas públicas y hacer crecer la economía solidaria; promoción de la paz, la seguridad, los derechos y libertades de los mexicanos; combate frontal a la corrupción e impunidad ante la falta de un sistema vertebrado y autónomo del Ejecutivo para combatir este cáncer social; elevación del bienestar y superación de la pobreza, en especial la erradicación de la pobreza extrema; modelo de desarrollo sustentable y con innovación para el campo y la ciudad, en defensa de la casa común con apoyo de la educación, la ciencia y la tecnología; consolidación del régimen democrático y el pluralismo, hasta alcanzar el cambio de régimen y del sistema político; una política exterior responsable y activa para fortalecer el papel de México en el mundo.
Muchos son los desafíos de la nueva Legislatura, en especial ser fiel al mandato ciudadano que todos sus integrantes recibieron en las urnas, es decir, a lograr tal cantidad de bienes públicos que mejoren la vida de los mexicanos y que a México le vaya mejor, entre otros: desterrar la corrupción, terminar con los privilegios del poder, fortalecer nuestra democracia, reformar el ejercicio de gobierno, brindar seguridad y justicia a las familias y comunidades y, de manera apremiante, aliviar la pobreza y la desigualdad en favor de los más necesitados.
Para que esto ocurra será indispensable la participación ciudadana, exigiendo a todos y contribuyendo al logro del bien común, solo así saldremos adelante.