Opinión

El INE y el proceso de distritación nacional

El proceso de distritación nacional empezó este año y concluiría en 2023. | Carla Humphrey

  • 02/12/2021
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La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales le otorga al Instituto Nacional Electoral (INE), una serie de atribuciones para que, a través de su área técnica del Registro Federal de Electores, realice los estudios y proyectos respectivos para la división del territorio nacional en 300 distritos electorales federales uninominales, así como el ámbito territorial de las cinco circunscripciones plurinominales en que se divide el país.

Este proceso que lleva a cabo el INE es fundamental para el desarrollo de los procesos electorales tanto federales como locales, toda vez que la división territorial en distritos electorales es el elemento base para delimitar la correspondencia de las y los electores y con ello la definición, mediante elecciones, de las personas que ostentarán el poder público de acuerdo con las legislaciones electorales respectivas.

Para llevar a buen puerto este importante trabajo, de acuerdo con la Constitución, el INE debe basarse en los datos que el INEGI genera en el Censo General de Población y Vivienda, mismo que presentó a principios del año con los datos más actuales referidos a 2020. Como resultado de este Censo, la población total del país se ubica en 126,014,024 personas. En 2010 se registraron 112, 336,538 mexicanos y mexicanas lo que significa un aumento de 13,677,486 personas en nuestro país.

En virtud de este crecimiento, diversas disposiciones legales obligan al INE a conformar una nueva geografía electoral que busca un mejor equilibrio poblacional entre cada distrito electoral con lo que lograría efectividad en el principio de representatividad en las elecciones tanto federales como locales.

Para llevar a cabo estos trabajos se integró un Comité Técnico, conformado por seis especialistas ampliamente reconocidos en demografía, geografía, matemáticas y estadística que apoyan al INE en esta ardua labor.

De igual forma, el INE aprobó ocho criterios y reglas de operación para asegurar la certeza, transparencia e imparcialidad en la generación de los proyectos que, en su oportunidad, aprobará el Consejo General del INE; su máximo órgano de decisión.

Entre los criterios más importantes se encuentran el “equilibrio poblacional” que busca garantizar la distribución de la población de cada distrito de forma proporcional y equilibrada; el criterio de “distritos con población indígena” que determina que con base en la información y definiciones del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, se delimitarán distritos federales y locales con municipios que cuenten con 40% o más de población indígena o afromexicana; en el criterio de “integridad municipal” se establece que se deberán conformar distritos con municipios completos; el criterio “compacidad” permite que el perímetro de un distrito se ajuste lo más cercanamente posible a una forma geométrica parecida a un polígono regular; “tiempos de traslado” que busca facilitar el traslado al interior del distrito logrando con ello la accesibilidad y comunicación entre las y los ciudadanos, así como el criterio que establece que el INE considerará factores socioeconómicos y accidentes geográficos que propicien una mayor integración de cada distrito electoral.

Además, una de las etapas más importantes para la consolidación del proceso de distritación son las consultas a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas cuyo objetivo es recibir las opiniones, propuestas y planteamientos sobre este proceso, atendiendo con ello tanto a lo establecido en nuestra Constitución como a lo mandatado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que determinó la obligatoriedad  de consultar y hacer del conocimiento de estas comunidades de este tipo de procesos a fin de garantizar la vigencia de sus derechos indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades.

Este proceso de distritación nacional empezó este año y concluiría en 2023, con lo que la delimitación de una nueva geografía electoral quedará lista para las elecciones federales y locales de 2024, generando con ello elementos de certeza jurídica y equidad para las próximas contiendas electorales.

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