El miércoles de la semana pasada, el Consejo General del INE resolvió diversas quejas en materia de fiscalización a los partidos políticos, entre ellas, una que sancionó al partido Morena con 197 millones de pesos por utilizar un fideicomiso que supuestamente se utilizó como instrumento de financiamiento paralelo a las actividades del partido.
Ello abrió un debate público intenso en el que han participado el propio Presidente electo, partidos políticos, las y los consejeros del INE, entre otras personalidades públicas.
El tema central del asunto tiene que ver con la íntima relación entre el fideicomiso y el partido político, de manera tal que a través del fideicomiso se hubieran llevado a cabo actividades que beneficiarían al partido y/o a sus candidatas y candidatos, como lo es el apoyar a la población que fue afectada por los sismos de septiembre del año pasado.
La figura del fideicomiso habría permitido llevar a cabo diversas actividades que la ley les prohíbe a los partidos políticos, tales como recibir aportaciones de personas morales, personas no identificadas, rebasar los límites de aportaciones que tienen los militantes o simpatizantes para aportar a un partido político, además de recibir importantes cantidades de dinero en efectivo sin que se precise su origen.
Similitudes
Hay que tener en cuenta que el asunto tiene ciertas similitudes con los famosos casos de “Pemexgate” y “Amigos de Fox” que se destaparon después de la elección presidencial del año 2000, porque parece tratarse de un sistema de financiamiento paralelo al oficialmente reportado por la autoridad electoral.
En su momento, el ex consejero electoral Jaime Cárdenas, comentaba acertadamente que la credibilidad y confianza de los sistemas democráticos contemporáneos depende en buena medida, de la eficacia y eficiencia de los instrumentos de fiscalización a los partidos y a las campañas políticas.[1]
Cárdenas advertía que el financiamiento paralelo es un mecanismo de fraude electoral por vías distintas a las tradicionales pero fraude electoral al fin, porque vulnera las características de la renovación de poder bajo condiciones democráticas con juego limpio y bajo el respeto a las reglas del sistema.[2]
Desde el destape de los casos “Pemexgate” y “Amigos de Fox” se ha venido discutiendo la importancia de mejorar los mecanismos de fiscalización de la autoridad electoral, las garantías de independencia y protección de quienes encabezan estas investigaciones, y la necesidad de llevar a cabo esas tareas de manera eficiente y confiable para el Estado mexicano.
Ciertamente, esos asuntos detonaron una importante reforma legal para que al entonces IFE, no le pudiera ser oponible el secreto bancario, fiduciario y fiscal cuando ejerce sus facultades de investigación en un procedimiento de fiscalización.
Sin embargo, desde entonces se advertía de la necesidad de que la autoridad electoral contara con mayores facultades legales y mecanismos de fiscalización que le permitieran detectar aquellas transacciones que no ingresan al sistema financiero.
Ojalá este caso sirva como detonador de una discusión de fondo que se ha postergado en la materia, y pueda madurar en una actualización de las normas y estructuras en materia de fiscalización que permitan mejorar y profundizar los trabajos que ya lleva a cabo la autoridad electoral.
[1] Cárdenas Gracia, Jaime, Lecciones de los asuntos Pemex y Amigos de Fox, UNAM, 2004, p. 14.
[2] Idem, p. 184.
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