Opinión

El INAI: perfectible pero indispensable

Desde el gobierno se cuestiona la pertinencia del INAI, de su existencia y de sus atribuciones. | Areli Cano

  • 21/01/2021
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La garantía más amplia de los derechos humanos, especialmente de aquellos que permiten a las personas ejercer el control sobre el gobierno, es crucial para la democracia. El entramado institucional y normativo establecido en la norma fundamental y en las leyes respecto del derecho de acceso a la información y la transparencia, ha funcionado como muro de contención ante inercias burocráticas que aún hoy, pretenden ver en la función pública un espacio donde los datos y documentos que se generan son propiedad de los funcionarios y del aparato gubernamental.

Bajo este contexto, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos personales (INAI), es resultado de esfuerzos realizados por la sociedad civil en una lucha de décadas por abrir las instituciones a la sociedad. El organismo garante y el marco jurídico en materia de acceso a la información y transparencia han contribuido a que periodistas, académicos, analistas, activistas y ciudadanos se conviertan en protagonistas activos del acompañamiento, debate y crítica al poder.

La tutela del derecho a saber es toral para la participación amplia y constante de las personas en los asuntos públicos e, incluso, se le puede considerar como una vía que ha servido para redefinir las relaciones entre las instituciones y los gobernados, poniendo en el centro las preocupaciones y necesidades de los últimos, por encima de la razón de Estado. Hoy en México, con el trabajo del INAI, se ha tomado distancia del modelo añejo que mantenía a las instituciones aisladas del escrutinio social.

Otra arista importante de la labor del organismo garante tiene que ver con la concatenación que existe entre la posibilidad de conocer la información en posesión del Estado y los derechos a la verdad, a la memoria histórica y a la libertad de expresión y de prensa. Esto constituye una expresión de la interdependencia e indivisibilidad que caracteriza a los derechos humanos y que no admite regresiones en su salvaguarda.

La actuación del INAI y de los organismos garantes locales también ha impactado en los estamentos administrativos del gobierno, logrando avances en el cambio cultural del funcionariado, cuyos integrantes conciben ya a la apertura informativa como uno de sus deberes, susceptible de ser revisado en caso de incumplimiento.

Con sustento en los parámetros de objetividad, imparcialidad y autonomía, es que el organismo garante nacional ha hecho posible la exhibición de temas relevantes en la agenda pública, al tiempo que se ha fomentado el diálogo, la discusión y el disenso, que son elementos importantes para la construcción de una ciudadanía crítica e informada en torno de los asuntos de una comunidad. La pluralidad ideológica resultante es un pilar que se debe preservar como parte del esquema democrático de nuestro país.

No obstante, desde el gobierno se cuestiona la pertinencia del INAI, de su existencia y de sus atribuciones, lo que, en alguna medida, ha dado pie a opiniones que lo descalifican de plano y llaman a su desaparición, al mismo tiempo que se alzan voces destacando la imperiosa necesidad de preservarlo. En medio de la polémica, sería positivo encauzar el análisis a un plano más mesurado, que permita reconocer los aciertos en su trayectoria, los avances logrados, su contribución a la rendición de cuentas y al combate a la corrupción, pero incluyendo también las oportunidades de mejora y los pendientes. El INAI, como todas las instituciones del Estado mexicano, es perfectible, sin duda, pero no por ello se puede demeritar su papel, a veces incómodo, de instancia que vigila y acompaña al gobierno en el cumplimiento de su obligación de informar a la ciudadanía.

Las instituciones no pueden concebirse como patrimonio de los gobiernos en turno, sino que deben trascender los límites sexenales, en función de sus resultados. En los últimos años se ha hecho evidente un interés creciente por requerir información al gobierno, lo que conlleva que cada vez más personas encuentran en el INAI una instancia que les garantiza conocer sobre asuntos relacionados con su vida cotidiana, como la educación, la salud, el trabajo y la justicia. Además, ha fungido como un árbitro que ha contribuido a airear en el ágora nacional temas relevantes relacionados con corrupción y violaciones graves a los derechos humanos.

Corresponde a los legisladores, pero también a los profesionales de la información, miembros de la sociedad civil, investigadores y docentes, además de ciudadanos interesados, conducir un diálogo dirigido a mejorar el diseño, operación y costos del INAI, con especial énfasis en el fortalecimiento de su autonomía e independencia, pues no es conveniente retornar a un modelo de discrecionalidad de "juez y parte" para garantizar derechos.

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