Desde hace mucho el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha usado a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) como pretexto para eludir sus responsabilidades y para alargar el pago de sus obligaciones. Trabajadores accidentados, viudas y familiares afectados, y hasta despedidos sufren las consecuencias de esta negligencia.
El paso del tiempo es la peor venganza contra los derechohabientes que sufren un accidente o una enfermedad y que el IMSS se niega a reconocerles. Son estos trabajadores los más vulnerables y obligados a acudir a largos juicios ante las autoridades laborales.
El último reporte oficial de la JFCA señala que los juicios contra el IMSS representan el 31% del total de los juicios. Para 2013 alcanzaban 122 mil 513 expedientes y para 2014 la cifra es creciente.
Los trabajadores que se ven en la necesidad de ir al IMSS tienen que esperar largas filas, atenciones tediosas, malas caras y de hastío de quienes los atienden, pero lo más grave el retraso en la calificación de su grado de riesgo. Cuando finalmente lo obtienen se percatan que es el más bajo en la tabla de clasificación. La respuesta es fría por parte de los empleados. Les responden que no hay nada que hacer, que si así lo desean tienen que presentar una inconformidad ante el IMSS o bien acudir ante las autoridades laborales.
Las recientes reformas laborales tuvieron como dedicatoria dificultar aún más las demandas de los trabajadores afectados o de las viudas o huérfanos para hacer reclamos ante el IMSS con motivo de la muerte de su familiar por un riesgo de trabajo. Se creó un capitulo denominado “Conflictos individuales de Seguridad Social” aplicable a los trabajadores que reclamen prestaciones en dinero o en especie de los diversos seguros que componen el régimen obligatorio del IMSS, INFONAVIT y las Administradoras de Fondo para Retiro como las previstas en los Contratos Colectivos de trabajo para sujetarlos a un procedimiento lleno de obstáculos.
Ya no será posible que los trabajadores acudan a la ciudad de México donde existen los mayores recursos para su atención sino que tendrán que presentar su demanda donde se encuentra su clínica más cercana o su último centro de trabajo.
La demanda pide a los trabajadores requisitos incomprensibles como el señalar el nombre y domicilio de las empresas en las que ha laborado, puestos desempeñados, actividades desarrolladas, antigüedad generada de toda su vida laboral.
Trabajadores que rebasan los 15 años de antigüedad o más, en muchos casos ya no recuerdan en los diversos centros donde laboraron ni sus domicilios. En muchos lugares ni siquiera contratos ni recibos de pago les dan. Tienen contratos temporales aquí y allá, que cuando deben responder a los requerimientos solicitados simplemente no los tienen.
Las viudas ante la autoridad tienen grandes penurias que les han impuesto los legisladores y los señores ministros del poder judicial. Deben recurrir a abogados especializados en materia de seguridad social que son muy pocos. Los procuradores federales de la defensa del trabajo, que otorgan un servicio gratuito, generalmente están saturados de expedientes y muchos de ellos no cuentan con la capacitación suficiente para atender estos casos.
Atender estos conflictos no es fácil para las viudas o familiares de los trabajadores fallecidos ya que se enfrentan con un panorama adverso. Generalmente no cuentan con papeles, contratos ni recibos de pago para acreditar la relación laboral y esto hace que su reclamo se vaya al archivo como asunto concluido.
Quienes logran rebasar este obstáculo, los familiares son quienes deben demostrar que la muerte o accidente de su familiar fue con motivo de un accidente de trabajo. Cuando ocurre éste, los patrones borran toda huella de responsabilidad. Las actas que se levantan son falsas, con hechos distintos para eludir responsabilidades con el IMSS.
Los trabajadores y sus familiares al final se dan cuenta que ni el Estado ni los patrones se hacen responsables de los accidentes de trabajo; que las leyes y sus instituciones son una burla.
Lo mismo pasa con los trabajadores que buscan rescatar el pago de sus Afores. Se ven obligados a demandar, a enfrentar a juicios largos y sin resultado cierto. La JFCA reporta la existencia 87 mil 473 hasta 2013 y para el presente año el número también es creciente.
El IMSS se ha servido de la JFCA para burlarse de los trabajadores. Sabe que esta instancia legal no tiene presupuesto suficiente para que atender los casos con rapidez y ello le permite cuando los resultados le son adversos pagar en el mayor tiempo posible y si es posible nunca.
Conozco de muchos casos de trabajadores que sufrieron un accidente o padecen una enfermedad laboral y que por lo prolongado de los juicios mueren por diversas causas y ya no alcanzan a ver los resultados de su reclamo laboral.
Ni siquiera está obligado el IMSS a pagar intereses legales o daños y perjuicios a los trabajadores mutilados o enfermos cuando ganan sus demandas laborales a pesar de los años que tarde el juicio. Está en México, es decir: en el reino de la impunidad.
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