Era 2014 y Manuel Granados Covarrubias presidía la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Llamaba la atención que en todos los eventos públicos lo acompañara un guardaespaldas.
No fue difícil averiguar que dicha persona laboraba en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF). Su cargo: Agente de la policía de investigación, adscrito a la Dirección de Información Estratégica Sección 2.
Según el oficio número 702/300/1546/2014, firmado por la entonces Directora de Presupuesto y Sistemas de Servicios Personales de la procuraduría, el agente se encontraba “activo y por el momento no goza de algún tipo de licencia”.
No cuadraba entonces que esta persona custodiara todo el tiempo al asambleísta Granados.
Mediante solicitud de información número: 0113000244114 se requirió a la PGJDF que informara si el asambleísta contaba con la protección de escoltas proporcionados por esa dependencia. Primero, notificaron ampliación del término de respuesta “en virtud de la complejidad de la búsqueda de la información solicitada”; posteriormente el director de asesoría jurídica y seguimiento de procedimientos administrativos señaló que no era factible informar si Manuel Granados contaba o no con escoltas, “toda vez que tratándose de la seguridad en la vida e integridad de cualquier persona, la información se considera reservada”.
Diversas fuentes confirmaron que el guardaespaldas también cobraba en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), sin que existiera documento relativo a la compatibilidad de empleos. Mediante solicitud de información número: 5000000134814, se requirió al órgano legislativo que informara si esa persona laboraba allí.
El entonces director de Transparencia de la ALDF, Juan Orendain Munguía señaló que “no existe registro alguno de la persona señalada”, aun cuando las mismas fuentes proporcionaron documentos que comprueban que estaba registrada con el número de empleado 012366.
Ante la presión de las solicitudes, Jesús Enrique Mendoza Huitrón —tal es el nombre del guardaespaldas— fue obligado a devolver los recursos de sus tres últimas quincenas al Director General de Pagos José Antonio Iriberri Barrientos, quien mediante oficios DGP/DICOPA/VIL/793/14, DGP/DICOPA/VIL/794/14, DGP/DICOPA/VIL/795/14, quien envió a la Directora General de Presupuesto los reembolsos por concepto de “pago indebido” que el guardaespaldas había previamente depositado a la cuenta de cheques 0159018808, de BBVA Bancomer a nombre de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
A pesar de haberse generado una inconformidad en relación a la respuesta de la ALDF en relación al hecho de que el guardaespaldas Mendoza Huitrón sí laboraba en ese órgano legislativo, el Instituto de Transparencia del Distrito Federal mediante resolución número RR.SIP.1310/2014 consideró infundado el reclamo del solicitante, con lo que dejó en claro su interés por proteger al órgano legislativo por encima del derecho de acceso a la información del solicitante.