Como se sabe, la PGR dio por terminada la investigación del secuestro y asesinato de los normalistas de Ayotzinapa -43 secuestrados y 3 asesinados en la primera persecución-, que se ha convertido en uno de los mayores escándalos del gobierno de Peña Nieto y de muchos gobiernos mexicanos.
Como quedó claro, la investigación minuciosa que llevó a cabo la PGR, reveló que los estudiantes fueron perseguidos, secuestrados y asesinados por distintos grupos al servicio de la banda criminal Guerreros Unidos.
Como concluyó la investigación, los estudiantes acudieron a Iguala a secuestrar camiones y a recolectar dinero para viajar a la Ciudad de México. Cuando llevaban a cabo esas actividades, el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, ordenó la persecución y detención de los estudiantes. Las policías de Iguala y de Cocula, no sólo los detuvieron, sino que los secuestraron y entregaron a una célula de la banda criminal Guerreros Unidos; banda que los asesinó, incineró sus cuerpos y tiró los restos al Río San Juan.
Queda claro que la PGR intenta cerrar el caso que costó buena parte de la credibilidad al gobierno de Enrique Peña Nieto; queda claro que el crimen es parte de la barbarie desatada por las bandas criminales, no sólo en Guerrero sino en buena parte del país.
Sin embargo, también es cierto que el crimen y la barbarie contra los normalistas se convirtió en un grosero negocio económico y político del que viven grupos que intentan desestabilizar al Estado mexicano.
¿Y por qué es un negocio?
Porque si grupos radicales como la CNTE, la CETEG y otros, han buscado durante años un mártir, el asesinato de los normalistas les dio 43 mártires que hoy son utilizados no sólo para el vandalismo, el saqueo, el robo y el chantaje político, sino para objetivos perversos como la desestabilización política del Estado mexicano.
Y es que a los ojos de todos, aparece el objetivo político electoral del partido de Andrés Manuel López Obrador, Morena, y de grupos radicales como la CNTE, la CETEG, la APPO y sus brazos armados, EPR y ERP.
Esos grupos y ese partido han usado el crimen de los 43 –un asesinato cometido por la banda criminal Guerreros Unidos- como bandera para intentar el debilitamiento de las instituciones del Estado mexicano, para ampliar sus bases sociales, para chantajear a gobierno y gobernantes y, como fin último, par alcanzar el poder en estados como Guerrero y Michoacán.
Por eso es previsible que los padres de los normalistas, que quienes manipulan el movimiento y quienes se benefician política y económicamente de esa tragedia, rechacen la conclusión de la PGR.
Y es que frente a un negocio como ese y ante su jugosa rentabilidad política y económica, nunca nadie los podrá convencer de que los jóvenes fueron asesinados e incinerados por los Guerreros Unidos.
Al Tiempo.