Esta semana la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático difundió el borrador para las negociaciones que en diciembre próximo deberán arrojar un nuevo tratado internacional en la materia. Este texto puede consultarse en la página de la Convención.
Este borrador consiste todavía en un documento preliminar y de muy difícil lectura. Primero, porque a diferencia del Protocolo de Kioto no se limita a regular la mitigación de Gases de Efecto Invernadero (GEI), sino que involucra simultáneamente definiciones sobre mitigación, adaptación, financiamiento, transferencia tecnológica, desarrollo de capacidades y transparencia. Segundo, porque cada apartado involucra varias opciones para su redacción derivadas de las agendas, intereses y preocupaciones nacionales.
La presentación de este texto permite pensar que a final de este año habrá un tratado climático, tal como se acordó en Durban en 2011. De cualquier forma y a pesar de que cada artículo del posible tratado puede ajustarse a cualquiera de las redacciones posibles, o generar de último momento nuevas opciones, comienza a perfilarse ya con claridad lo que se puede esperar de la COP 21.
Es cada vez más claro que las Partes impulsarán un modelo de metas nacionales voluntarias pero que involucren a todas las naciones, a diferencia del modelo de metas obligatorias dirigidas a los países industrializados, tal como se desprendía del Protocolo de Kioto. La lógica consiste en que los países sólo asumirán compromisos voluntariamente adquiridos y que establecer metas obligatorias condenó al fracaso todos los esfuerzos anteriores.
El pragmatismo y un enfoque marcadamente gradualista se impone sobre las aspiraciones de organizaciones sociales, activistas y ambientalistas que esperaban acciones más agresivas para contener cuanto antes el aumento de las emisiones globales de GEI. Algunas voces han comenzado a advertir que este tipo de gradualismo implica el riesgo de actuar con parsimonia ante un problema cuya gravedad ha aumentado exponencialmente y a pesar de la firma de la Convención en 1992.
Otros expertos como Daniel Bodansky o Robert Stavins, o líderes en las negociaciones como Christiana Figueres, Secretaria Ejecutiva de la Convención, ven en la definición de este nuevo modelo una oportunidad para enfrentar el problema de forma diferente, atacando las inercias del pasado con nuevas dinámicas institucionales. En especial, un acuerdo voluntario se entiende como el camino internacionalmente plausible y económicamente eficiente, pero también, desde esta perspectiva, la posibilidad de generar mejores incentivos para interconectar en forma multinivel las acciones locales, nacionales, regionales y globales para contener las emisiones de GEI.
A bote pronto me surgen dos preocupaciones inmediatas. En primer lugar, los defensores del nuevo enfoque climático son honestos y reconocen que esta perspectiva está enfocada a lograr beneficios en el largo plazo y que en el corto plazo no será posible contener el aumento en la temperatura a menos de 2ºC. Esta es una decisión muy grave y que puede tener profundas consecuencias en África, el Sureste Asiático y América Latina, regiones especialmente vulnerables a las variaciones climáticas. Si tomamos en serio las proyecciones del IPCC en su último reporte, hay un acuerdo científico en que un aumento de la temperatura por encima de los 2ºC, implica altos niveles de incertidumbre y mayores riesgos para los países insulares, los cercanos a la línea del Ecuador y para aquellos en desventaja desigualdad y pobreza.
Relacionado con lo anterior, ante la imposibilidad de contener en 2ºC el aumento en la temperatura del planeta, cobra una importancia creciente la definición de mecanismos para garantizar procesos de adaptación rápidos y efectivos en las naciones más vulnerables. Esto es algo muy incierto todavía en el borrador del tratado, aunque se perfila un enfoque en el que se combinaría el financiamiento de proyectos y capacidades a través del Fondo Verde con la cooperación internacional voluntaria.
Hay que considerar que la adaptación involucra creación de capacidades y cambio institucional, ambos de maduración lenta, grados de vulnerabilidad regionalmente diferenciados, así como inercias políticas y resistencias locales. En este sentido, ¿la forma en que concebimos la adaptación es compatible con un enfoque internacional de mitigación gradual? ¿Estarán realmente dispuestas las naciones industrializadas a financiar de inmediato la adaptación de los más vulnerables? ¿Cómo garantizar una cooperación internacional más oportuna y efectiva ante la emergencia de más desastres naturales?
El vaso medio lleno es la posibilidad de tener este diciembre un mejor tratado climático en el que se involucren con responsabilidades comunes, de acuerdo a sus capacidades diferenciadas, todas las naciones del planeta. El vaso medio vacío es la incertidumbre sobre el impacto de medidas de mitigación muy graduales ante un mundo en el que el consumo de hidrocarburos y las emisiones de GEI crecen.
Ante el modelo específico de tratado climático que ya se perfila, vale la pena preguntarse, parafraseando a Keynes, si medidas pensadas para el largo plazo pueden ser buena guía para la conducción del cambio climático, porque “en el largo estaremos todos muertos”.