El gobierno de Venezuela tuvo la oportunidad de hacer frente a los cargos que se le presentaron en las recientes audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- y no fue capaz de presentar argumentos válidos en su defensa.
El gobierno bolivariano fue acusado de mantener un sistema de violencia y hostigamiento contra los periodistas, y de impedir el acceso a la información pública. No fue capaz de dar respuesta a la solicitud de garantizar el derecho de los medios de reproducir información generada en otros países; tampoco respondió cuando fue solicitado a acatar la sentencia de la Corte Interamericana que le ordenó devolver la concesión de Radio Caracas TV.
Asimismo, no lo hizo frente a las acusaciones por difamación e injurias, ni supo explicar la falta de papel periódico, o la manipulación discriminatoria de las concesiones de radio y TV, ni menos por la censura a través del bloqueo de páginas web.
Organismos de la sociedad civil se enfrentaron en la CIDH al gobierno de Maduro, acusándolo del incremento de procedimientos judiciales contra periodistas y medios de comunicación. Dichas acciones judiciales fueron dirigidas para prohibir coberturas sobre criminalidad, violencia y corrupción. En resumen, fueron actuaciones encaminadas a lograr una censura de la información.
Las respuestas que se escucharon dejaron a más de alguno perplejo: que el 75% de los diarios reciben papel periódico y que nunca como hoy hubo tanto espacio para poder ejercer el derecho de la libertad de expresión en Venezuela.
Se les unió Ecuador para atacar al sistema interamericano acusándolo de ser “parcial”, por no registrar violaciones cometidas por Estados Unidos. Cuestión que es totalmente falsa, como cualquiera puede comprobar, por ejemplo, a través del informe de la Comisión sobre el caso de Guantánamo, que criticó duramente al gobierno estadounidense.
Venezuela descartó de plano la petición de recibir una inspección de la CIDH, ni menos considerar una misión observadora en las próximas elecciones de diciembre. Oscuro panorama se puede esperar entonces en estas elecciones, donde sí estarán presentes observadores de la UNASUR y CELAC, dos instituciones ideológicamente identificadas con el gobierno bolivariano.
El gobierno venezolano no pudo defenderse de las acusaciones contra la libertad de prensa, a las cuales se agrega ahora unas elecciones parlamentarias en el país, sin las debidas garantías, al estar regidas por un sistema electoral controlado por el gobierno.
Se les recordó, pero tampoco respondieron, que el Colegio Nacional Electoral, el más perfecto del mundo según ellos, se rige por rectores que no pueden probar la independencia e imparcialidad, por la falta de auditorías ciudadanas.
La suerte y el futuro de Venezuela están comprometidos, al vivir el presente sin un fiscal independiente que vigile la acción gubernamental, rol que le corresponde a una prensa libre y plural, para llegar a un decisivo proceso electoral sin garantías de ninguna especie.