“El gobierno abierto es una cuestión de poder” y no meramente una cuestión de gestión, afirma Alejandro González Arreola en el Cuaderno de Transparencia número 24, Gobierno abierto, que presentamos en el INAI el pasado 3 de julio. Este cuaderno hace una aportación relevante al clarificar la definición del gobierno abierto y presentar los retos que México enfrenta para llevarlo a la práctica y consolidarlo. Hay un aspecto fundamental de su análisis que destaca en el contexto actual: el gobierno abierto implica más que abrir la caja negra de la toma de decisiones por parte de las autoridades, es abrir espacios para que la ciudadanía intervenga activamente en los asuntos públicos. Entonces, las autoridades ya no ejercen solas el poder porque la población puede incidir en ellas y es posible que no acepte cualquier propuesta o política pública, al menos, no sin diálogo y debate. Esta situación puede generar tensiones y conflictos pues trata de poner en práctica principios de gobierno abierto, como la colaboración y la cocreación.
Alejandro González hace esta advertencia como miembro del Comité Directivo de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA). El autor del cuaderno fue testigo de cómo la plataforma de gobierno abierto estuvo en riesgo cuando las autoridades no estuvieron dispuestas a dejar que los ciudadanos participarán en el control del ejercicio del poder en países con regímenes políticos pre-democráticos o pre-republicanos, como Azerbaiyán y Hungría, entre otros. Para prevenir esto, el Comité Directivo de la AGA aprobó una política que preserva el espacio de la sociedad civil para actuar libremente. Si no existen condiciones, se les puede exigir a los países retirarse de la AGA; como sucedió en los casos arriba mencionados.
La plataforma de gobierno abierto vive un momento crítico en México. En mayo de este año, el núcleo de organizaciones de la sociedad civil (OSC) anunció su salida del Secretariado Técnico Tripartita (STT), órgano máximo de toma de decisiones de gobierno abierto en nuestro país. Las organizaciones denunciaron un presunto espionaje por parte del gobierno federal a miembros de la sociedad civil, así como la falta de compromiso para llevar a buen puerto el tercer Plan de acción. Como integrante del STT, el INAI reconoció que están en riesgo los avances logrados y se pronunció a favor de transparentar proactivamente información gubernamental sobre la compra y uso de softwares de vigilancia para seguridad nacional y se comprometió a proteger los derechos a la vida privada y a la protección de datos personales de los afectados en el marco de sus atribuciones.
En este contexto, el pasado 27 junio el Comité Directivo de la AGA tomó la decisión de enviar un grupo a evaluar la situación general del gobierno abierto en México. Este grupo podrá recabará testimonios y evidencias que potencialmente podrían sustentar la activación de la política arriba descrita. Por eso es tiempo de que la voluntad política se manifieste en propuestas y acciones que nos permitan dar respuesta a las solicitudes que nos formularon el grupo de OSC al gobierno federal y al INAI en relación al presunto espionaje y a la mejora de la ambición del PNA, las cuales fueron conocidas por el Comité Directivo Global de OGP y valoradas como "razonables y proporcionales" en virtud de la situación que enfrenta AGA en México. Podríamos exponer esas propuestas y acciones al grupo que nos visitará y que deberían servir para llevar una postura como país a la reunión ministerial del Comité Directivo que se realizará en septiembre en Nueva York. De andar esta ruta, podríamos estar en condiciones de mostrar el cumplimiento de acciones puntuales que permitan restaurar un piso mínimo de confianza entre las partes y compartirlo con la comunidad internacional en la reunión regional de la AGA a celebrarse en noviembre en Buenos Aires.
En medio de la crisis, vale la pena subrayar que hoy en México los ejercicios locales de gobierno abierto continúan en 24 estados y son espacios en los que convergemos población, organizaciones de la sociedad civil, autoridades de los tres poderes estatales y municipales, organismos garantes locales y el INAI. En este contexto, las organizaciones que formaban parte del STT acompañan con sus colegas locales estos ejercicios. El diálogo está ahí.
Hoy el gobierno abierto no es una opción, es una obligación de los gobiernos mexicanos, de acuerdo a la Ley General de Transparencia. Por esta razón y para continuar generando los mecanismos para controlar el ejercicio del poder es fundamental generar un piso mínimo de confianza entre las partes integrantes del STT. Al hacerlo tendríamos que establecer medidas para prevenir que las situaciones actuales se repitan e innovar socialmente. La tensión y el conflicto, como lo señala Alejandro González, pueden ser una oportunidad para renovar y mejorar el gobierno abierto en México.
@INAImexico